Declarada firme la sentencia para los 36 acusados del caso Astapa tras no ser recurrida por Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción ha tomado la decisión de no recurrir la sentencia del macrojuicio del caso Astapa contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña de Estepona, por lo que la resolución dictada hace apenas un par de meses ha sido declarada firme para los 36 individuos procesados, entre los que se encuentran, además del exalcalde, Antonio Barrientos, empresarios y concejales tanto del PSOE como del Partido de Estepona (PES).

El auto, cuyo contenido ha adelantado EFE, ordena el alzamiento de todas las medidas cautelares que pudieran permanecer aún vigentes con relación a los acusados que fueron absueltos y para los que, tras esta decisión, se declara firme la sentencia.

El exalcalde de Estepona, que siempre ha defendido su versión de que fue «un alcalde decente y honesto» y que su actuación fue «impecable», sólo ha sido condenado a cinco meses de inhabilitación para cargo público y a una multa de 40.000 euros de los diez años de cárcel que pedía para él la Fiscalía, por lo que ha anunciado, junto a otros diez condenados, que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Fuentes de la Fiscalía han explicado que, tras analizar la sentencia, se ha decidido no recurrir no porque estén conformes con la resolución, sino porque se trata de un recurso extraordinario donde el fiscal no puede discutir la valoración probatoria.

Asimismo, han hecho hincapié en que no están de acuerdo con la citada sentencia, pero que, dadas las «peculiarísimas» circunstancias que concurren, entienden que «no hay un interés social que justifique la repetición de este juicio».

El conocido caso Astapa, el último gran juicio a la corrupción de la Costa del Sol, viene de muy lejos, concretamente de hace 15 años, cuando se produjeron las primeras detenciones que salpicaron a políticos y empresarios de Estepona por supuestas operaciones ilegales dentro de una trama urbanística con idéntico patrón a lo ocurrido en su vecina Marbella. En este caso, se cree que el perjuicio para la localidad se tradujo en 28 millones de euros.

El juicio comenzó en 2023 y, de los 56 acusados que se sentaban en el banquillo en un primer momento, sólo han sido condenados 15 a penas menores, mientras que 31 han sido absueltos en un proceso que se ha dilatado, al parecer, «por falta de medios» hasta diluirse por completo, tanto en su repercusión mediática como en la severidad de la sentencia.

En sus conclusiones definitivas, el fiscal rebajó considerablemente todas las penas solicitadas inicialmente, las cuales sumaban más de 200 años, al considerar que concurrían dilaciones indebidas y extraordinarias y tras lograr acuerdos de conformidad con dos de los procesados.