Telefónica e Indra: dos empresas controladas por Sánchez, clave en las causas contra Begoña Gómez y García Ortiz

De entre todo el rosario de causas judiciales que salpican al Gobierno, hay dos que, de manera especial, comprometen y preocupan a Pedro Sánchez: la que afecta a su mujer, Begoña Gómez, investigada por cuatro delitos, entre ellas apropiación indebida de un software; y, la que implica al fiscal general del Estado como presunto máximo responsable de una revelación de secretos urdida por una trama de Estado para desacreditar a una rival política.

Y, en ambas, coincide que la tecnología se ha convertido en una pieza clave de las pesquisas de los magistrados que han decidido poner la lupa sobre las empresas que, de uno u otro modo, han tenido conocimiento de los hechos o están en posición de proporcionar información relevante para los procedimientos. Por ello, el juez que rastrea las supuestas irregularidades cometidas por Begoña Gómez, en el ejercicio de su actividad profesional, interrogará este miércoles a partir de las 10.00 horas, como testigos, a los representantes de Google Spain, Indra y Telefónica sobre sus inversiones en el software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Al menos 238.442 € invertidos

Cabe recordar que Indra ya informó por escrito al juez, a principios de diciembre, de que invirtió 128.442 euros en el programa informático del máster de Transformación Social Competitiva de la Complutense del que se sospecha, más tarde, Gómez pudo hacer uso para otro tipo de gestiones que no fueron las inicialmente proyectadas.

Sin embargo, la esposa de Sánchez negó ya en su momento, a preguntas de su abogado, que se hubiese adueñado de las marcas al inscribir TSC Transformación Social Competitiva o del software de la cátedra que, aseguró, había sido financiado por las propias empresas involucradas, por lo que negó que tuviese ánimo de lucro alguno, según varias fuentes jurídicas próximas a la causa. Es más, tras ampliarse la investigación judicial a dos nuevos delitos de usurpación de funciones o intrusismo profesional y apropiación indebida, su letrado, el ex ministro socialista Antonio Camacho defendió, en un escrito, que todas las actuaciones de su patrocinada en relación con el pliego de prescripciones técnicas fueron resultado de las «indicaciones expresas» de la UCM.

La compañía controlada por el Ejecutivo apuntó, además, que «los gastos derivados del proyecto tuvieron tratamiento fiscal de gastos ordinarios». «Por lo tanto, no supusieron ningún beneficio o incentivo fiscal», concluyó el dictamen corporativo.

Por su parte, la empresa Google –que en la causa del fiscal general del Estado ha sido requerida por el magistrado instructor para que aporte toda la información disponible sobre las cuentas de correo personal (gmail) de Álvaro García Ortiz, en el período investigado– ya ha informado al juez Peinado que invirtió 110.000 euros en el software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) del que sospecha que se habría apropiado la mujer del presidente del Gobierno.

Así se desprende de un documento judicial fechado el pasado 22 de noviembre, en el que Google Spain respondía al primero de los requerimientos del juez, que solicitó que le informasen de las cantidades invertidas en la ideación, diseño y puesta en funcionamiento de la herramienta digital por la que se investiga a Gómez.

En el mismo, la compañía explica que en diciembre de 2022 Google Ireland Limited firmó un acuerdo de patrocinio con la Universidad Complutense en el que «se comprometía a patrocinar el Proyecto Transforma TSC mediante la aportación de 40.000 euros».

«El proyecto consistió en el desarrollo de una plataforma gratuita que permite a las pequeñas y medianas empresas planificar la mejora de sus objetivos de desarrollo sostenible y medir el impacto de las medidas llevadas a cabo», apunta Google en su respuesta al magistrado.

No obstante, la entidad también apunta cómo a medida que el proyecto avanzaba «su complejidad técnica fue aumentando progresivamente y resultó ser superior a la inicialmente prevista». «En este sentido, para garantizar la correcta finalización y ejecución del proyecto de acuerdo con los estándares de calidad de Google, se invirtieron otros 70.000 euros. La cantidad total que Google invirtió en el proyecto fue de 110.000 euros».

La lista de llamadas, antes que el juez

La tercera compañía requerida es Telefónica. En esta ocasión, doblemente concernida tanto en el 'caso Begoña' como en lo relativo a las llamadas emitidas y recibidas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, durante el grueso de los hechos por los que está imputado por revelación de secretos. Y es que, ante la imposibilidad de que los agentes de la UCO obtuviesen dicha información, así como los mensajes de texto contenidos en el mismo, directamente, del terminal incautado a García Ortiz durante la entrada y registro de su despacho, el magistrado Ángel Hurtado se dirigía a la operadora para que proporcionase los datos correspondientes.

Una petición que, como reveló El Debate en exclusiva, provocó movimientos internos en la Fiscalía para hacerse con dicho listado telefónico, antes de que la empresa española lo proporcionase al juez, a través de un afín al PSOE dentro de la compañía. Una empresa que, apenas una semana después, ha pasado de forma implícita a manos del Gobierno, tanto por la participación socialista dentro del Consejo de Administración como por el relevo forzoso de su hasta ahora presidente, José María Álvarez-Pallete, a favor de Marc Murtra, un hombre fuerte del Partido Socialista Catalán (PSC).