El fiscal general tendrá que explicar la «espiral frenética de mensajes», el «borrado» del móvil y las filtraciones a Moncloa y a la prensa

El magistrado Ángel Hurtado daba el paso de llamar a Álvaro García Ortiz, conservando su condición procesal como imputado, al considerar que las diligencias practicadas, hasta la fecha, en especial los informes aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, «aportan una información de peso» que viene a «apuntalar» la supuesta intervención del fiscal general del Estado, de su mano derecha el teniente fiscal de la Secretaría Técnica Diego Villafañe y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sobre García Ortiz, el instructor destacaba el dictamen en el que los agentes policiales asignados a la causa le atribuyeron una «participación preeminente» en los hechos denunciados. Y, además, convenían en que «con un elevado grado de verosimilitud» se daba «una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición».

Así las cosas, Hurtado puso la lupa sobre la secuencia temporal, clave, del correo enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador, el fiscalista Carlos Neira, al fiscal Julián Salto, encargado del asunto tributario que afecta al empresario, planteando la posibilidad de reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo. Un mail que, según consta en el sumario, fue recibido, junto con el resto de comunicaciones intercambiadas en el marco de las negociaciones de un pacto de conformidad, el día 13 de marzo a las 21:59 horas en una cuenta personal del fiscal general, con extensión de gmail.

El expediente sobre el novio de Díaz Ayuso fue requerido horas antes al fiscal Salto quien, tras abandonar un partido de fútbol del Atlético de Madrid contra el Inter de Milán al que asistía en el estadio Metropolitano, lo escaló a la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez quien, a su vez, lo facilitó a su máximo superior jerárquico. Ella misma fue la encargada de consensuar con el fiscal general el contenido de la nota de prensa en la que se reflejaron datos secretos contenidos en el mismo y asumir, horas más tarde, en la mañana del 14 de marzo, la difusión de la nota de prensa institucional que fue circulada entre los medios.

De hecho, el propio instructor Hurtado ha ido resaltando en varias de sus resoluciones, cómo en las horas previas a dicho comunicado se entró «en una dinámica de frenético intercambio de comunicaciones, dirigida por García Ortiz, entre quienes la propia Rodríguez acabaría denominando 'el equipo de Fortuny'», según se desprende de los mensajes de WhatsApp enviados y recibidos por la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid esa noche del 13 de marzo; y, que fueron obtenidos por los agentes de la UCO en su móvil, incautado previa autorización del Supremo.

El hecho de que los investigadores no obtuviesen ningún resultado del terminal del propio fiscal general, que cambió de móvil cinco días después de conocer que estaba en el punto de mira de la Justicia y «borró totalmente» el contenido del mismo –sin que exista protocolo semejante en la Fiscalía que aconseje hacerlo– no ha impedido acreditar, de manera indiciaria, su preocupación por hacer desaparecer una comprometida cadena de mensajes a nivel interno de la que, presuntamente, fue origen.

El interrogatorio de este miércoles tratará de averiguar si existieron, también, en la misma noche de autos, otras comunicaciones, con el mismo contenido protegido, dirigidas a medios de comunicación afines y a la mismísima Presidencia del Gobierno que, pocas horas más tarde, pediría al entonces líder de los socialistas de Madrid, Juan Lobato, a través de la jefa de gabinete del ministro Oscar López, la funcionaria Pilar Sánchez-Acera, que utilizase el mail del novio de Ayuso, contra ella, en la Asamblea de Madrid.

El polémico «equipo de Fortuny»

«El solo trasiego del intercambio de mensajes que se producen el día 13 de marzo entre las 21:59 horas, en que García Ortiz recibe en su 'gmail' particular» el correo electrónico del 2 de febrero, y las 23:51, cuando el 'email' se publica por primera vez en la emisión de una cadena de radio, son el nudo gordiano de las pesquisas. Es decir, como ya aclaró la Sala Segunda del TS en su auto de admisión de la causa penal contra García Ortiz, por su condición de aforado, el delito no radica en la nota de prensa como tal, sino en la «quiebra de la confidencialidad» que protegía las comunicaciones intercambiadas entre un letrado y el investigado novio de Díaz Ayuso.

Por todo ello, el primer fiscal general del Estado imputado de la historia de nuestra democracia tendrá que dar cuenta de «los pasos que da antes para lograr hacerse» con la información, los detalles «reveladores de momentos de urgencia y gran tensión que tienen lugar bajo su batuta»; y, su papel en la redacción de la nota de prensa con datos privados que, de forma previa y «subrepticia» se facilitaron a algunos miembros de la prensa.

De hecho, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra que, junto con su jefe de prensa Íñigo Corral, se negó a participar en la presunta trama orquestada como operación de Estado para «ganar un relato» político, preguntó directamente a García Ortiz por lo ocurrido: «Álvaro, ¿lo has filtrado tú?». A lo que éste respondió: «Eso ahora no importa».

Lo que sí importa, y mucho, para el futuro procesal del todavía titular del Ministerio Público fue cómo salió dicho contenido «desde la Fiscalía» que él dirige hasta el gabinete de Presidencia del Gobierno, en la Moncloa. Una certeza, con varias incógnitas que, sin embargo, en conjunto son «lo suficientemente indicativas de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió» conocerse, públicamente, nunca.

«La secuencia y premura» de los pasos dados, y de los tiempos en los que se siguieron los mismos, «ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero, que no había sido remitido a Fiscalía General entre la documentación enviada el día 8 a través del teniente fiscal Diego Villafañe Díez», exponía el juez Hurtado en un reciente auto.

Con todo, el magistrado afirmaba que «los elementos objetivos que aportan las diligencias practicadas apuntan a que solo tras la recepción por parte de García Ortiz del correo de 2 de febrero a las 21:59 horas es cuando tiene lugar su difusión».

Una difusión que, por otra parte, significó una pena de telediario para el particular afectado por la misma, el novio de Díaz Ayuso; y, que conllevó un «daño reputacional» para éste fruto de las afirmaciones de quienes le señalaron como «un defraudador confeso, sin serlo».