El Congreso debatirá la cuestión de confianza de Junts el próximo martes sabiendo su inutilidad

La opereta de la cuestión de confianza que Carles Puigdemont utilizó durante dos meses para presionar a Pedro Sánchez va camino de su fin, pero no sin antes un acto final. El grupo parlamentario de Junts ha solicitado la inclusión de su proposición no de ley en el Pleno de la próxima semana en el Congreso, el primero en el que tenía cupo para hacerlo. De manera que se debatirá el próximo martes y se votará el miércoles (será un Pleno de dos días en lugar de tres, como los dos últimos, puesto que el Gobierno no tiene actividad legislativa).

No obstante, aunque salga adelante, ni Sánchez se someterá a una cuestión de confianza ni el Congreso puede obligarle. Así que será papel mojado, sin ninguna obligación legal. De hecho, el pacto que alcanzaron el PSOE y Junts a finales de enero sobre el decreto ómnibus incluía que Junts accedía a cambiar la redacción inicial de su proposición de ley para descafeinarla y, a cambio, el PSOE accedía a tramitarla en la Mesa del Congreso, donde la tenía bloqueada desde diciembre.

La proposición no de ley reza: «El Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica». Es decir, reconoce que es una potestad de Sánchez y, además, que no va a ningún lado.

Cuando la registró, Puigdemont puso esta iniciativa como condición sine qua non para avanzar en las negociaciones abiertas entre Sánchez y Puigdemont sobre el traspaso de las competencias en materia de inmigración, la reducción de la jornada laboral, la senda de estabilidad y los Presupuestos. Desde el principio, el presidente se cerró en banda y los socialistas la bloquearon mientras negociaban una alternativa con los independentistas.

Hasta en dos ocasiones, los días 17 de diciembre y 16 de enero, la Mesa del Congreso presidida por Francina Armengol pospuso la admisión o no a trámite de la iniciativa, retorciendo el Reglamento para ganar tiempo en su negociación con Junts.

El PP no ha aclarado si votará a favor, pero sí ha adelantado que no se opondrá a su aprobación, aunque sea un brindis al sol. «No tenemos nada en contra de que el presidente del Gobierno someta su estabilidad política a la consideración de la Cámara», según fuentes populares. Vox prefiere no adelantar su postura.