El separatismo busca nuevas gangas en la España en venta del PSOE: Justicia propia y referéndum

En enero de 2023, todavía en la anterior legislatura, Pedro Sánchez se rio de Cuca Gamarra en el Congreso porque ella le acusó de tener un «plan oculto» para acabar permitiendo una consulta pactada en Cataluña. «Hay un plan oculto, señorías, es lo que dicen la derecha y la ultraderecha, tan oculto que solamente lo conocen ellos. Y yo le digo, señora Gamarra, con todo el respeto que sabe que le tengo, que eso no se lo cree ni usted (…). Ni usted se cree este cuento del plan oculto», replicó el presidente del Gobierno.

Han pasado 25 meses desde aquellas burlas del presidente en sede parlamentaria y el independentismo pasa pantallas cada vez más rápido. Solo en los últimos diez días ha avanzado tres: la condonación de 17.000 millones de euros de deuda; el inicio de la cesión a Cataluña del 100 % de los tributos que recauda (la prueba piloto será el impuesto de matriculación, después el IRPF y más adelante el resto); y la «delegación de competencias» en materia migratoria, que el Gobierno ha llamado así y no cesión para sortear el artículo 149 de la Constitución, que la enumera entre las competencias exclusivas del Estado.

Antes fue la amnistía. Y todavía antes, en la anterior legislatura, la mesa de negociación con ERC, los indultos a nueve cabecillas del procés encarcelados, la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación en el Código Penal y la vuelta de tres fugados: los exconsejeros catalanes Meritxell Serret y Clara Ponsatí y la ex secretaria general de ERC, Marta Rovira. Todo ello sin recurrir a la «confrontación política con el Estado», como la llamaba en tiempos Carles Puigdemont, sino por la vía del canje político: votos a cambio de cesiones.

En Junts bromean con que llegará un día en el que ya no sepan qué pedir a Sánchez de tanto como les está dando. Pero de momento sí lo saben. En la hoja de ruta independentista quedan dos estaciones marcadas en rojo: una Justicia propia y una consulta pactada sobre el futuro de Cataluña. Aunque ahí hay claras diferencias con ERC, porque a Puigdemont no le vale la fórmula de un nuevo Estatut que se someta al refrendo de los catalanes. El fugado se jactó este martes de que, con la inmigración, Cataluña asumirá una competencia «que normalmente ejercen los estados». «Al final estaremos mucho más preparados para el futuro como nación», añadió sin ocultar nada a nadie.

La Justicia propia

El independentismo siempre ha perseguido un «Poder Judicial de la República catalana» -en palabras de Puigdemont- para no tener que responder ante la española. Ello pasaría por convertir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una especie de Tribunal Supremo catalán que actuaría como máxima instancia judicial en todos los órdenes: civil, penal, social y contencioso-administrativo. El proceso de selección de sus magistrados sería político. Y los elegidos, afines a las tesis independentistas. Los políticos catalanes pasarían a estar aforados (protegidos, más bien) ante esa pseudojusticia.

No es política ficción, sino que los separatistas ya han intentado crear una Justicia a su medida dos veces. La última, a través de la Ley 20/2017 de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, una de las 'leyes de desconexión' que aprobó el Parlament de Cataluña en septiembre de 2017: «El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convierte en el Tribunal Supremo de Cataluña, órgano judicial superior en todos los órdenes, en el que culmina la organización judicial de Cataluña», señalaba su texto.

Aquella ley hacía saltar por los aires la separación de poderes, al condenar al Poder Judicial a actuar de forma «coordinada con el Poder Ejecutivo». Su órgano de gobierno, el equivalente al CGPJ en España, debían formarlo «el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, los presidentes de las audiencias provinciales y cinco magistrados o jueces elegidos por el Parlamento por mayoría absoluta». Es decir, que el poder político elegiría a estos últimos sin siquiera una mayoría reforzada de tres quintos o dos tercios del Parlament de Cataluña, sino mediante la mitad más uno.

La primera intentona había sido 11 años antes. En el artículo 97 del Estatut de 2006, uno de los que después fueron declarados inconstitucionales por el TC, el legislador contemplaba la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña. Sería el órgano de gobierno del Poder Judicial en Cataluña, al margen del CGPJ español.

La consulta pactada

Por lo que respecta al referéndum separatista, ERC y Junts tienen caminos distintos, como quedó reflejado en los acuerdos que ambos firmaron con el PSOE a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez. No obstante, los dos persiguen el mismo fin. Esquerra habló la pasada legislatura de una consulta inspirada en la Ley de Claridad (Clarity Act) que aprobó Canadá para Quebec en el año 2020: que las Cortes aprueben unas reglas del juego para un referéndum pactado en Cataluña (qué pregunta, qué participación mínima para darlo por bueno y qué porcentaje a favor) y que el Gobierno acatara el resultado, sin importar cuál fuera. No obstante, daría por bueno un nuevo Estatut que se someta al refrendo de los catalanes. En su acuerdo de noviembre de 2023, los socialistas se comprometían a «abordar el debate sobre el modo en que los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán».

Junts prefiere el camino más recto. Pero esta vez teniendo al Gobierno de España de su parte y no enfrente, como en 2011 y 2017. En el pacto de investidura entre Sánchez y los de Puigdemont, estos dejaban claro que su fórmula es la de «un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución». Es decir, convocado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno.

En la Moncloa nunca quieren adelantar pantallas. Incluso les incomoda que los periodistas lo hagan. Pero ya lo hace el independentismo por ellos.