El Catalexit fronterizo, una herramienta para la ingeniería social nacionalista

Para los que siguen la política parlamentaria con el acuerdo entre Junts y el PSOE, para la cesión a Cataluña de las políticas de inmigración, Sánchez allana el camino a la aprobación de los presupuestos y se acerca a su objetivo de llegar hasta el fin de la legislatura en 2027, pero lo pactado entre Sánchez y Puigdemont va mucho más allá.

Con esta nueva, y siempre penúltima, concesión el independentismo logra una herramienta para hacer ingeniería social. En la rueda de prensa para ufanarse del acuerdo, el líder de Junts lo ha dejado claro: «Este acuerdo ha de ayudar a asegurar el progreso de toda la sociedad catalana en su conjunto y el futuro de nuestra identidad nacional basada en la lengua, la cultura y los valores de la catalanidad».

No es casual que la emigración llegada a Cataluña sea mayoritariamente magrebí. El 27,3 % de los musulmanes residentes en España lo hacen en Cataluña a pesar de que esta es una de las comunidades más al norte de España y más alejada de Marruecos. Desde tiempos de Pujol en Cataluña se priorizó la llegada de gente procedente del norte de África por delante de los venidos de América Latina. El motivo es muy simple: los latinos podían «españolizar» Cataluña al ser castellanohablantes y eso era un drama para el nacionalismo. La cesión a Cataluña de las políticas de emigración es una herramienta para el independentismo porque obtienen el control de los flujos de llegada de gente y pueden acelerar su plan de desconexión de España. Es una especie de Catalexit sin salir ni de España ni de la UE.

El PSOE podrá alegar que actualmente son ellos los que gobiernan en Cataluña y que Junts ha negociado una competencia para la Generalitat que no van a gestionar los de Puigdemont, pero la realidad es que la estrategia independentista ha sido muy bien explicada por Oriol Junqueras y consiste en rearmarse, ampliar sus bases, conseguir nuevas competencias y volver a intentar la separación cuando estén preparados. No hay duda de que la concesión a la Generalitat de competencias en materia fiscal o sobre fronteras significa que en caso de repetirse un intento unilateral de separación, como el de 2017, tendría más posibilidades de éxito.

3.000 miembros de la Policía Nacional y 3.143 de la Guardia Civil prestan servicio en Cataluña. Los principales sindicatos Jupol, CEP y SUP rechazan la cesión de competencias a la Generalitat; este último sindicato es el que ha convocado más actos de protesta frente a la Delegación del Gobierno, el último de ellos hace quince días. Por su parte, el Sindicato de Justicia Policial no cree que el artículo 150.2 de la Constitución permita esta transferencia por la vía de la delegación competencial y pide la dimisión del ministro. Ambos han anunciado que recurrirán a los tribunales, pero el Tribunal Constitucional ha quedado reducido por el sanchismo a un tribunal de apelación que siempre da la razón al gobierno.

Las protestas de la Policía se suman a las de otros trabajadores de empresas públicas del Estado en Cataluña, como los de Adif y Renfe, preocupados por su futuro laboral tras la cesión a la Generalitat de Cercanías de Renfe y sus infraestructuras.

Policías y ferroviarios tienen motivos de preocupación; el objetivo del independentismo no es otro que la aniquilación de cualquier cosa que vincule Cataluña a España. El nacionalismo, hoy independentista, en el pasado no quiso el concierto económico que le ofreció el gobierno en los años '80 del siglo XX, porque la teoría pujolista era que la gente debía percibir que la Generalitat hacía «lo bueno», como carreteras u hospitales, mientras el Estado cobraba los impuestos.

Ahora estamos ante un nuevo estadio. Tras las cesiones de todo lo que han solicitado desde tiempos de González, luego Aznar, Zapatero, Rajoy y ahora Sánchez, el independentismo está a punto de culminar el pre estado de separación, siempre con la colaboración del PSC y en otras tantas ocasiones con la ayuda del PP.

Tras las elecciones del 2027, los dos escenarios posibles le resultan favorables. Si gana el PP pueden volver a la calle y reclamar la independencia unilateral como en 2017; si gana el PSOE pueden pactar un referéndum a cambio de mantener a Sánchez en La Moncloa.

Solo hay un problema en el plan independentista. Si el PSOE concede un referéndum y Cataluña se separa, cae el gobierno de Sánchez dado que se sostiene en los diputados del PSC, de ERC y Junts.

Es de esperar que en esta ocasión, finalmente, la dirección nacional del PP abra los ojos y deje de hablar de Junts como un partido de centro-derecha fiable con el que se puede negociar una moción de censura. Puigdemont solo se acerca al PP, de tanto en tanto, para conseguir mejores cartas en su partida de póquer con el PSOE. Lo que está en juego, encima del tapete, es España.