Fundado en 1910
Ana Martín
Ana Martín

El Gobierno fracasa en su intento de blanquear el supremacismo de Junts

Cada vez que el PSOE soluciona un problema con uno de sus socios, se crea otro. En el pecado de engrilletarse a una mayoría antinatura de izquierdas y derechas independentistas lleva esa penitencia

Madrid Actualizada 04:30

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en la segunda jornada de la 26 edición del Debate sobre el Estado de la Nación, en el Congreso de los Diputados, a 13 de julio de 2022, en Madrid (España). Tras siete años sin celebrarse ninguno, la Cámara baja acoge durante los días 12, 13 y 14 de julio la vigésima sexta edición del debate sobre el estado de la Nación desde 1983 y el primero que se lleva a cabo con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Esta edición del debate, también es la primera para Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos, ya que en 2015 ninguna formación tenía representación parlamentaria para participar. Durante el debate, el Gobierno expone y hace balance de los resultados de la política que ha llevado a cabo, la oposición comparece para fijar sus posturas y se votan las propuestas de resolución formuladas por las demás formaciones. Entre los temas que se discutirán está la reforma laboral, el plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, los últimos presupuestos generales del Estado aprobados, las políticas de recuperación tras la erupción del volcán en la isla de La Palma, los fondos europeos Next Generation, la excepción ibérica al gas, España como anfitriona en la cumbre de la OTAN y la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023.
13 JULIO 2022;26 EDICION;DEBATE;NACION;ESTADO
Eduardo Parra / Europa Press
(Foto de ARCHIVO)
13/7/2022

Pedro Sánchez y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en una imagen de archivoEuropa Press

La portavoz del Gobierno se quedó muda. Sentada a su lado en la sala de prensa de la Moncloa, fue la ministra Elma Saiz la que, el martes, se enfrentó a las preguntas de los periodistas sobre la delegación de competencias en materia migratoria a Cataluña; plasmada en una proposición de ley orgánica que registraron conjuntamente en el Congreso esa mañana el PSOE y Junts.

Normal que Pilar Alegría no quisiese llevar la voz cantante esta vez. Un año atrás, en esa misma sala de prensa, ella había proclamado con solemnidad: «Las competencias en materia de fronteras y de inmigración irregular están referidas en el artículo 149 de la Constitución, y por tanto son competencias únicas y exclusivas de la Administración General del Estado».

Solo cuando una periodista le preguntó expresamente por aquellas declaraciones, Alegría bajó la cabeza y leyó la chuleta: «Me decía que cómo explicaba la afirmación que hice en su momento. Pues yendo a la Constitución». Acto seguido leyó el artículo 149, que enumera las competencias exclusivas del Estado, pero también el 150, que contempla la posibilidad de que delegue o transfiera a las comunidades aquellas competencias «que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación». Y añadió, como quien ríe el último y ríe mejor: «Por eso les decía desde el primer momento la propia ministra que de lo que estamos hablando es de una de-le-ga-ción».

Las ministras Elma Saiz y Pilar Alegría el pasado martes en la Moncloa

Las ministras Elma Saiz y Pilar Alegría el pasado martes en la MoncloaEFE

Creía el Gobierno que, invocando el artículo 150.2 y enmascarando el acuerdo con Junts bajo la fórmula de una delegación de competencias y no un traspaso ni una cesión, iba a tener el argumentario resuelto. De hecho, en las horas siguientes ministros y dirigentes socialistas salieron a proclamar lo «cómodos» que se sentían con el acuerdo. Óscar López: «Yo me siento cómodo en la España autonómica que lleva 40 años avanzando. Se han ido transfiriendo y delegando competencias». Patxi López: «Me siento cómodo con algo que dice la Constitución, que es la delegación de competencias en un momento determinado, que es el acuerdo que hemos alcanzado». Ángel Víctor Torres: «Estoy cómodo en un Gobierno que apuesta claramente por un Estado de las autonomías». Elma Saiz: «Ése es el marco en el que sí, me siento cómoda».

Pero no funcionó. Los tintes xenófobos del pacto y el supremacismo indisimulable de Junts se les han hecho bola en la garganta a los socialistas. Por muy acostumbrados que estén al contorsionismo al que llevan los constantes «cambios de opinión» de Pedro Sánchez. Como cuando, en enero, tuvieron que defender con ardor guerrero y lealtad inquebrantable que dividir el decreto ómnibus no era trocearlo. Porque, hasta que Carles Puigdemont llamó a capítulo al presidente, éste había asegurado que no trocearía el decreto que el PP, Vox y Junts derogaron en el Pleno del Congreso días antes. Con sus idas y venidas, Sánchez no solo ha calcinado su credibilidad, sino también la de sus ministros. Ya no suenan creíbles.

De problema en problema

El pacto migratorio es el fiel ejemplo de cómo cada vez que el PSOE soluciona un problema con alguno de sus socios -generalmente Junts, aunque no solo-, se crea otro. El gravamen temporal a las energéticas, la prórroga de un año más de la suspensión de los desahucios por alquiler -pasto para los inquiokupas, según la derecha-, la quita de la deuda… En el pecado de haberse engrilletado a una mayoría antinatura de izquierdas y derechas independentistas lleva esa penitencia.

Junts frustró una moción de censura contra Sílvia Orriols hace semanas

Hace apenas tres semanas, los socialistas, Esquerra y la CUP intentaron descabalgar a la alcaldesa de Ripoll, la extremista Sílvia Orriols, con una moción de censura que frustró Junts en el último momento. Los de Puigdemont se echaron atrás y pretextaron que solo habría servido para «aumentar el victimismo» de la líder de Aliança Catalana, cuando en realidad les temblaron las piernas: lejos de hacer un cordón sanitario a Orriols, Junts ha entrado de lleno en el marco de Aliança Catalana y está compitiendo con ella en el terreno migratorio. Con Sánchez como paganini.

Silvia Orriols, presidenta y candidata de Aliança Catalana.

Silvia Orriols, presidenta de Aliança Catalana.

El presidente que empezó su era acogiendo a los más de 600 inmigrantes del Aquarius, ahora no ve con malos ojos que el partido de Puigdemont quiera imponer el catalán como requisito para la concesión de permisos de residencias. «A mí, personalmente, el haber salvado la vida a 630 personas hace que piense que vale la pena dedicarse a la política (…). Podíamos haber mirado para otro lado, como ocurre con demasiada frecuencia respecto al tema de las migraciones», escribió Sánchez en su primer libro. Claro que ya el título, Manual de resistencia, podía hacer imaginar que antepondría su supervivencia a cualquier principio o escrúpulo.

En la disposición adicional tercera de la proposición adicional puede estar el salvoconducto del PSOE

Una duda y una certeza. La duda: cómo saldrá Sánchez de este nuevo entuerto, teniendo en cuenta que Podemos y parte de Sumar son contrarios a los términos de la proposición de ley del PSOE y Junts. La certeza: saldrá, aunque tape una gotera y le aparezca otra. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones deslizan una pista: apuntan a la disposición adicional tercera de la iniciativa que ahora empieza su tramitación parlamentaria, titulada Inclusión de la población extranjera. «La Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de Catalunya cooperarán y colaborarán en el ejercicio de sus respectivas competencias, para asegurar la plena inclusión e integración de la población extranjera en Catalunya», se lee en ésta. Ahí, en el compromiso de Junts de asegurar la «plena inclusión e integración» de los extranjeros, puede estar el salvoconducto del PSOE.

Un apunte final. El pasado enero empezó a hacerse efectivo el traspaso de Rodalies a la Generalitat, pero los problemas en el servicio ferroviario de cercanías catalán no se han resuelto. Al contrario. Enésima jornada de caos en Rodalies: obligados a saltar a la vía tras una hora parados en Bellvitge, titulaba el viernes el periódico La Vanguardia. A ver si resulta que el traspaso, delegación, transferencia o cesión -o como quiera llamarlo en cada caso el Gobierno- de competencias a Cataluña no es la purga de Benito.

comentarios
tracking