El PSOE llevará también al BOE su ofensiva contra la financiación de Vox

«Los ingresos por actividades promocionales por actividades están autorizados por el artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Lo que no está bajo ningún concepto autorizado es regalarle un palacete al PNV, eso sí que es financiación irregular», ironizó el portavoz de Vox, José Antonio Fúster.

La noticia —adelantada por El Independiente— de que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación contra el partido por presuntas irregularidades en su financiación, a propósito de una denuncia presentada por el PSOE en diciembre, ha soliviantado a los de Santiago Abascal. «El PSOE de los ERE, de Filesa, del Tito Berni, de Ábalos, de Koldo, de Aldama, de Begoña y del número uno de la trama de corrupción, de Pedro Sánchez», continuó Fúster.

Vox negó ayer cualquier irregularidad en las dos vías de financiación que los socialistas llevaron a Anticorrupción: el crédito de 6,59 millones de euros que la formación recibió de un banco húngaro para la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2023 y que devolvió en septiembre de 2024; y el merchandising con el que Vox recauda dinero en las casetas móviles que suele colocar por toda España. Los socialistas les acusan de haber recibido cinco millones de euros por esa vía desde 2020.

Al margen de lo que suceda con la investigación de la Fiscalía, el PSOE está decidido a cortar las vías de financiación que Vox utiliza a mayores de las subvenciones públicas que recibe y de las cuotas de sus afiliados. También a través del BOE. El Debate desveló en exclusiva el pasado 25 de febrero que el Gobierno prepara una reforma de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos ad hominem. Porque entre los cambios que quiere introducir el Ejecutivo, hay dos que claramente van dirigidos a Vox: créditos de bancos extranjeros, lo que comprometería gravemente las cuentas del partido, y venta de merchandising.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ya tiene listo un anteproyecto de ley que elevará al Consejo de Ministros próximamente, como parte del llamado Plan de Acción por la Democracia que el Ejecutivo presentó en septiembre. Como contó este periódico, el departamento de Félix Bolaños ha introducido un nuevo punto en el artículo 4, el referido a Aportaciones, donaciones, operaciones asimiladas y acuerdos sobre condiciones de deuda, que reza: «Los partidos políticos que concierten un préstamo o crédito con entidades de crédito que no estén radicadas en España deberán remitir al Tribunal de Cuentas, en el plazo de un mes desde la operación, el contrato o documento del préstamo o crédito y una memoria justificativa en la que se identifique la entidad concedente, su país de procedencia, el importe otorgado, el tipo de interés, el plazo de amortización del crédito o préstamo y la deuda pendiente al cierre del ejercicio». Estas operaciones estarán sometidas a un segundo filtro: «Los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación directa o indirecta por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos».

Vox es el único partido que reconoció al Tribunal de Cuentas haber suscrito un crédito con una entidad extranjera. En concreto, con el banco húngaro MBH por valor de 6.592.152,78 euros en junio de 2023, y a un tipo de interés del 11 %. Según el partido, lo devolvieron en septiembre de 2024. El PSOE y sus socios siempre han creído que detrás está el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. En aquel año electoral, Vox recibió otros dos préstamos: uno del BBVA por importe de 1.831.770 euros y otro del Banco Santander de 795.109 euros, ambos liquidados el pasado verano.

Además, la propuesta del ministerio de Bolaños pasa por un mayor control sobre el merchandising. No por casualidad, ésta era la segunda presunta irregularidad que el PSOE incluyó en diciembre en su denuncia contra Vox. Según los socialistas, las «huchas» o «cajas de caudales» que los de Abascal sitúa en sus mesas informativas, junto con objetos como pulseras con la bandera de España, tienen como objetivo «captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco», según el texto de aquella. «¡El PSOE acaba de encontrar la 'batcueva' donde guardamos nuestras armas de financiación masiva!», ironizó en X el diputado Carlos Flores Juberías.

En la exposición de motivos del anteproyecto de ley sobre financiación de partidos, el departamento de Bolaños lo justifica en la necesidad de «asegurar la calidad de la democracia española en un contexto global cada vez más complejo». Se trata, según Justicia, de «contrarrestar las injerencias que, a través de la financiación de partidos políticos, se pretenden realizar en nuestro sistema, menoscabando la democracia. En un escenario de creciente desinformación, es clave que la normativa de financiación no solo cumpla una función administrativa, sino que también actúe como un mecanismo de protección de la integridad democrática. Un compromiso con la defensa de los valores democráticos y la transparencia».