El Gobierno creará una ‘comisión de la verdad’ sobre torturas en el franquismo y la transición como pago a Bildu

El Gobierno va a crear una suerte de 'comisión de la verdad' que establezca un relato único sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil, el franquismo y hasta la transición democrática, y que haga recomendaciones sobre cómo reparar a las víctimas. Este órgano es una exigencia que Bildu impuso a Pedro Sánchez a cambio de apoyar la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre de 2022, la pasada legislatura.

Los de Arnaldo Otegi obligaron al PSOE a constituir esta comisión a cambio de sus votos y, también, a aumentar el paraguas de la norma hasta el 31 de diciembre de 1983. Porque, según Bildu, las torturas no acabaron con la muerte de Francisco Franco, sino que el Estado siguió torturando a quienes luchaban por «la consolidación de la democracia».

Según el Ejecutivo, la finalidad de esta comisión será «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la Dictadura, como forma de favorecer la convivencia democrática», y desde la «objetividad e imparcialidad». Ello mediante «la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos y de otros antecedentes». En el encabezado, el Ministerio circunscribe su ámbito a «la Guerra Civil y la Dictadura». Sin embargo, al abarcar hasta 1983 por imperativo de Bildu, en su punto de mira también estarán la transición y el inicio del felipismo.

La comisión estará integrada por 10 personas que, según el Gobierno, han de ser «independientes y de reconocido prestigio en el mundo académico o profesional y en el ámbito de los derechos humanos». Se encargarán de elaborar un informe de conclusiones y recomendaciones en el plazo de 18 meses, «para la reparación de las víctimas y para evitar que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro».

Bildu reclamó extender la ley desde la aprobación de la Constitución de 1978 -como estaba concebida en un principio- hasta 1983 para incluir, entre otras, a víctimas de los GAL bajo el Gobierno de Felipe González. Cuando el expresidente criticó la norma, Otegi se burló en X: «A Felipe González no le suena bien la Ley de Memoria Democrática por X razones».

Esta comisión figura en un real decreto que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tiene listo para elevar al Consejo de Ministros próximamente, y que no requerirá ser convalidado después por el Congreso al tener rango de reglamento. En él, según ha podido constatar El Debate, el Gobierno crea el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática y da forma al Consejo de la Memoria Democrática, ambos contemplados en la Ley de Memoria Democrática.

Este último será una especie de sanedrín, un «órgano colegiado consultivo esencial para abordar instrumentos vitales para la implementación de las políticas públicas de memoria democrática», en palabras del Ejecutivo. Estará presidido por el ministro de la materia, Ángel Víctor Torres, y de él formarán parte: representantes de nueve ministerios, 10 vocales de otras tantas entidades memorialísticas, dos profesionales «en el campo de la recuperación de la memoria democrática», un vocal de UGT, un vocal de Comisiones Obreras y dos representantes de la patronal. No tendrán sueldo, sino dietas por asistencia a las reuniones.

El Consejo, a su vez, elegirá por mayoría de tres quintos a los miembros de la 'comisión de la verdad'. El Gobierno pretende dotar a este órgano de apariencia técnica, al pedir «perfiles de acreditada solvencia profesional en ámbitos académicos, jurídicos y científicos», pero la carga política e ideológica de esta comisión es evidente. Ya de entrada, porque su creación responde a un compromiso adquirido con Otegi. A quien, cuando se aprobó la ley, Alberto Núñez Feijóo llamó «notario» de la memoria en España.

El informe que deberán redactar los miembros de la comisión también lleva como objetivo «sistematizar la información existente sobre las violaciones de derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, con el objeto de superar la fragmentación y dispersión de información y esfuerzos». Como también «proponer un plan ordenado de investigaciones».

El reglamento que elevará el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática al Consejo de Ministros también articula la creación de un Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática para tener una base de datos única y para «posibilitar una correcta política de fomento del movimiento memorialista». A partir de su entrada en vigor, para recibir subvenciones del Gobierno será imprescindible figurar en este registro o en otro similar de ámbito autonómico.