La Justicia europea ya declaró ilegal el veto que trata de aplicar Conde Pumpido a los jueces en los ERE y la amnistía

Hay que remontarse a 2023 para encontrar la respuesta de la Justicia europea a la maniobra con la que ahora, el presidente del Constitucional español, Cándido Conde-Pumpido trata de neutralizar las cuestiones prejudiciales de nuestros tribunales sobre las sentencias dictadas por la Corte en asuntos sensibles para el Gobierno, como la amnistía del procés o el 'enjuague' que eliminó las condenas de la pieza política de los ERE.

El seis de junio de hace dos años, el ex comisario Didier Reynders se encargaba de divulgar el fallo con el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) advirtió, en una resolución dictada contra la Ley polaca del Poder Judicial, de la imposibilidad de «violar [unilateralmente] los principios fundamentales del ordenamiento jurídico» comunitario que contienen obligaciones «jurídicamente vinculantes» para los Estados miembros y, por extensión, para todas sus instituciones.

En aquella ocasión se trataba de dar respuesta al Ejecutivo europeo sobre el régimen disciplinario impuesto por el Gobierno de extrema derecha de Polonia a sus jueces, a partir de una reforma que limitaba sus posibilidades de dirigirse a la Justicia de la UE en aquellos casos en los que entendiesen que una norma o una modificación legislativa provocase discrepancias con normas vigentes en el ordenamiento comunitario.

Un precedente que algunos juristas han recordado tras conocerse que Cándido Conde-Pumpido busca el modo de bloquear las cuestiones prejudiciales de los tribunales españoles, cuando se refieran a decisiones tomadas por la Corte de Garantías que preside.

Y es que, según confirmaban hoy a El Debate fuentes próximas al órgano constitucional, el titular de la Corte habría pulsado a varios magistrados de confianza, entre ellos Ramón Sáez –activando en paralelo a los servicios jurídicos propios– para conocer las posibilidades de «defender su jurisdicción» frente a los desafíos planteados por otros órganos de instancia, en base a los previsto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Así las cosas, Conde-Pumpido ha puesto el foco en el desafío jurídico planteado tanto por la Audiencia Provincial de Sevilla, en la rebaja o anulación de las condenas firmes impuestas por el Supremo –a los políticos responsables de la malversación de más de 680 millones de euros de los parados andaluces– en la macrocausa de los ERE; como en los recursos presentados ante la Corte tras la decisión de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo que se negó a aplicar la amnistía a los líderes separatistas del procés de Cataluña que desviaron fondos públicos para la celebración del referendum institucional del 1-O.