García Ortiz retrasa el Consejo para elegir al fiscal con el que controlará los casos sensibles de corrupción

el fiscal general del Estado respondía al anuncio por el que el Ministerio de Justicia ofertaba formalmente, el pasado mes de marzo, la creación de varias nuevas plazas de fiscales coordinadores de Sala, convocando un Pleno del Consejo Fiscal (CF) el próximo 10 de abril. Sin embargo, el problema familiar de uno de los dos representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que perteneció el propio Álvaro García Ortiz, ha llevado al titular del Ministerio Público a retrasarlo hasta el día 22.

García Ortiz no quiere perder ni un solo voto de sus afines en una cita trascendente para la elección de los candidatos a dos vacantes de nueva creación que han llegado envueltas en polémica.

No en vano, en el orden del día de la reunión está previsto que se nombre a los candidatos que ocuparán las especialidades diseñadas para permitir a García Ortiz el control de las causas judiciales de corrupción más sensibles: el coordinador de Sala de Delitos Económicos y el de Delitos contra la Administración Pública.

Este último, además, con la agravante de que tendrá la potestad de decidir los criterios técnicos de la Fiscalía en el caso que mantiene imputado a su máximo superior jerárquico ante el Supremo, por revelación de secretos. Un escenario que, nada más conocer sus intenciones, desde la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) calificaban como «burla».

El fiscal general del Estado es consciente de que la ausencia de cuatro vocales invalidaría la conformación del Pleno y, por lo tanto, busca legitimar su decisión, al menos formalmente, en una reunión en la que todos los miembros estén presentes. Pues, si bien no tiene mayoría en el seno de su máximo órgano consultivo, también sabe que la potestad para desmarcarse de las recomendaciones de éste le corresponde en exclusiva, como ya sucedió antes en otros nombramientos como, por ejemplo, el de su predecesora y amiga Dolores Delgado. Una elección que más tarde sería anulada por «desviación de poder», en lo relativo al primer ascenso a la máxima categoría del escalafón, ante la Sala Tercera del Supremo.

Así las cosas, y para evitar sorpresas de última hora, la Inspectora Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, vocal nato del Consejo Fiscal –junto con García Ortiz y su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde– lleva meses advirtiendo a los vocales que «la asistencia» a las convocatorias del CF es «obligatoria», según confirman varias fuentes consultadas por El Debate.

De lo contrario, los consejeros podrían verse afectados por «medidas disciplinarias» a nivel interno de las que, precisamente, ella sería la máxima responsable pero, también, de posibles «consecuencias penales», apuntan las mismas fuentes.