El Rubicón de Feijóo y la autoamnistía de Sáncheztein

Cuando alguien proclama que «es una vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes», se está ante un claro retroceso de un principio fundamental consagrado por la Constitución, por el Tratado de la Unión Europea y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, si quien hace tal aseveración es una vicepresidenta y ministra de Hacienda, amén de vicesecretaria del PSOE, como María Jesús Montero el sábado en el congreso de los socialistas de Jaén, se está ante un auténtico peligro público contra el Estado de derecho que ejemplifica la deriva despótica del sanchismo.

Como lo que la natura no da, Salamanca no lo presta, la doctora Montero olvida que, para condenar a alguien, el juzgador debe tener plena certeza de su culpabilidad a través de la valoración de las correspondientes pruebas obtenidas con las debidas garantías, salvo se trate de políticos investigados que carecerían de esa presunción, como subraya alguna directiva europea, al tratarse de servidores públicos que tienen un deber añadido de ejemplaridad. Por ello, sus responsabilidades políticas han de anteponerse a las estrictamente jurídicas sin que quepa, eso sí, presentarlos como culpables hasta que no recaiga sobre ellos una condena judicial.

Sin embargo, la andanada de Montero contra el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a propósito de la revocación de la pena de cuatro años y medio de cárcel al exfutbolista brasileño Dani Alves por la supuesta agresión sexual a una joven en una discoteca barcelonesa en 2022 por entender que no existen pruebas suficientes, va más allá de los recurrentes ataques del Gobierno contra la Justicia. Porque, al demoler el pilar fundamental de la presunción de la inocencia, todo le estaría permitido al Gobierno en general y, particularmente, a una vicepresidenta no tan joven como la denunciante de Alves, si bien lo compensa ampliamente con el poder que atesora en sus manos.

En realidad, más que de reclamar la dignidad de la denunciante con un mitinero ardor populista, Montero podría, sin la cortapisa de la presunción de inocencia, malversar la ley como vicepresidenta y ministra del Tesoro contra sus adversarios, si es que no ha caído ya en la tentación, como parece sugerir algún exceso suyo sobre las parejas de Feijóo y de Ayuso. Al modo de aquel jefe cruzado que ordenó a los suyos pasar a cuchillo a todos aquellos que estimaran por enemigo y que luego Dios, en su sapiencia infinita, resolvería qué almas le acompañaban al paraíso y cuáles, por contra, mandaba al averno.

Cuando se subvierte el Estado de derecho y éste deviene en capricho del gobernante, dejando de ser garantía de seguridad jurídica, adviene sin remedio una tiranía democrática —valga el oxímoron— en la que la degeneración del mandatario corrompe tanto lo público como lo privado desembocando en lo que Maquiavelo definió como «Lo Stato licenzioso». No en vano, nada impide que la democracia más segura devenga en autocracia.

Por eso, al cabo de un trienio justo de su proclamación como presidente del PP en la Sevilla en la que lo refundó Aznar hasta alcanzar la Moncloa, a Alberto Núñez Feijóo, quien se ha reunido este fin de semana en la capital hispalense con 750 parlamentarios, no le cabe otra que hacer del Guadalquivir, hoy cauce del narcotráfico desde Sanlúcar a la Isla de la Cartuja, su peculiar Rubicón para, tras algunas vacilaciones, cruzarlo como Julio César a fin de coronar la empresa que le trasladó a Madrid. Recuperado de la lógica depresión de no poder gobernar con los mismos 137 escaños que lo hizo Rajoy y frente a los 85 (moción de censura de 2018) con los que se aupó Sánchez a la Presidencia del Gobierno, donde se mantiene con 121, y desvanecerse su ilusión quimérica de que PNV y Junts pudieran dejar caer a quien vendería a su madre por seguir en el machito, Feijóo ya no puede albergar dudas sobre quien, tras vulnerar la Constitución en provecho de sus aliados, también la trasgredirá en su beneficio para no desalojar la Moncloa ni con agua caliente.

Sánchez ha asumido compromisos irreversibles contra sus socios

A este respecto, Feijóo ha cometido dos errores de bulto: la idealización de aquel PSOE que él mismo votó en octubre de 1982 y su deseo de rescatar como partido de Estado a un PSOE que primero Zapatero y luego con Sánchez elevó sendos muros contra el PP uniendo su sino a quienes buscan abiertamente la destrucción del Estado. Como el PSOE hasta que no se marche Sánchez no va a regresar al constitucionalismo, si es que alguna vez lo hace, Feijóo no puede andarse con ambages para no romper amarras en «esta España tan noble como desgraciada» como la de Amadeo de Saboya en 1873, quien renunció a «gobernar un país tan hondamente perturbado» en la que los enemigos no eran extranjeros sino españoles.

Para su alivio, frente a la duda planteada por muchos de que Feijóo no va a quedarle otra que verse obligado a apoyar a Sánchez para que saque adelante en las Cortes el plan de rearme europeo, el inquilino de la Moncloa, quien pronto pondrá rumbo a Pekín, ha asumido ya compromisos irreversibles con sus socios parlamentarios. Ello le aleja del plan de defensa europeo, aunque lo disimule haciendo como si, pero sin el sí. Sólo irá a rastras si la UE le financia el incremento del presupuesto de Defensa y lo escamotea como plan industrial, como el de la digitalización de los Next Generation, que le sirva de paraguas no tanto de la Defensa continental como del gasto político y clientelar de cara a las elecciones de 2027. Dándole la vuelta al conocido aserto de Sófocles, Sánchez piensa que más vale triunfar fraudulentamente que fracasar de forma honrada.

Si hace ahora tres años, en su discurso de clausura del congreso de su elección como presidente del PP del primer fin de semana de abril de 2022, Feijóo aseguró que «no vamos a esperar a que caiga el Gobierno», consciente entonces de que a Sánchez no se le hereda, sino que le reemplaza presentando una verdadera alternativa, parece meridianamente claro que no cabe la mera alternancia con quien ha comprado su Presidencia mediante un pago simoniaco al prófugo Puigdemont y prevé abonar el resto mediante la ratificación de su amnistía con la avenencia de su dispensario de bulas, Cándido Conde-Pumpido, como presidente del Tribunal (In)Constitucional. En este sentido, si ya el Tribunal Supremo hablo de «autoindulto» de Sánchez para oponerse a la medida de gracia de éste a los golpistas del 1-O de 2017 en Cataluña, el refrendo de la antaño Corte de garantías Constitucionales a la amnistía del fugado de Waterloo supondría otro «autoamnistía» para un Sáncheztein al que, desde esa hora, todo le estaría consentido. Ante tal evidencia, no debiera hacer falta un valleinclanesco Max Estrella para hacer ver a algunos, como en Luces de bohemia, que «son más ciegos que los que andamos a oscuras».