Entrada de la Audiencia Nacional
DyJ sospecha de maniobras del Fiscal de la Audiencia Nacional para absolver a la etarra Sorzabal
No aportó en el juicio una prueba que consideró fundamental para la condena de la etarra durante la fase de instrucción
La asociación de víctimas del terrorismo, Dignidad y Justicia (DyJ), ha criticado la actuación del fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos García Berro, durante el juicio contra la etarra Iratxe Sorzábal en el que ha resultado absuelta de la colocación de una bomba en el aeropuerto de Alicante en julio de 1995.
En concreto, recuerda que «la Sección Tercera de la Sala Penal ha afeado al fiscal no haber aportado la ‘kantada’ que hizo Sorzábal, que consta en un informe policial y habría supuesto la condena de la terrorista». La 'kantada' es un documento que escribían los etarras cuando eran detenidos y en los que analizaban los errores que habían cometido.
En dicho documento, la terrorista reconocía ser la autora de la colocación de la bomba pero, a pesar de haber quedado acreditada durante la fase de instrucción del caso, el fiscal apostó por no presentarla como prueba en el juicio, por lo la Audiencia Nacional optó por la absolución de la terrorismo.
No es el único caso sospechoso
Para Dignidad y Justicia, «esta pasividad del fiscal contrasta con el esfuerzo ímprobo que este mismo representante del ministerio público hizo para defender el desprocesamiento de los también exjefes de ETA 'Iñaki de Rentería' y 'Mikel Antza' en la causa que les investiga por ordenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, comportamiento reprochado por la mayoría de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo (13 de los 16 miembros), que defendió que la causa no estaba prescrita y reprendió a García Berro por no leerse siquiera el sumario, pues ni siquiera se percató o quiso percatarse de las interrupciones de la prescripción que había en la causa».
La asociación de víctimas recuerda que «García Berro es el fiscal de confianza de Álvaro García Ortiz en la Audiencia Nacional para las causas más delicadas y espinosas que afectan directamente al pacto encapuchado entre Bildu-ETA y el Gobierno sanchista».
