Marlaska quiere que sea la Unión Europea quien pague la prevención migratoria que él niega a las autonomías

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto con sus homólogos de Grecia, Italia, Chipre y Malta, el llamado MED5, ha instado a la Unión Europea a incrementar la financiación de la prevención migratoria, como si la Unión Europea no estuviera financiada por los países miembros, entre ellos la propia España.

Después de que la mayoría de las comunidades autónomas protestasen de la falta de financiación para la recepción de los menores inmigrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere repartir entre todas, ahora el ministro del Interior quiere que sea la Unión Europea quien se encargue.

Grande-Marlaska ha reivindicado en su intervención ante los medios la necesidad de que el MED5, integrado por los cinco países que conforman la frontera sur de la UE, acudan «como un solo grupo» a Europa para reclamar la mejora de la financiación en la prevención migratoria.

«Esta posición común será beneficiosa para el resto de Estados miembros y para la UE en su conjunto. Si las llegadas a la UE empiezan por nosotros, también la financiación europea debe comenzar por nosotros», ha subrayado.

También ha apostado por la «colaboración eficaz» con las naciones de origen y tránsito, algo que considera «clave para luchar contra el tráfico de personas».

«Esta colaboración es compleja y requiere de muchos esfuerzos diarios, pero es esencial para mejorar el retorno, desde la confianza y el respeto mutuos», ha remarcado el titular de Interior, que también ha abogado por mantener el trabajo en el marco del MED5 para que los cinco países mediterráneos lleven a Europa una propuesta común y «aceptable para todos» sobre el futuro reglamento de retorno.

«Aunque partamos de posiciones diversas debemos trabajar en aquello que nos une y no en lo que nos separa», ha añadido Grande-Marlaska, que también ha insistido en la necesidad de «mantener la unidad» del MED5 para garantizar que la aplicación del Pacto de Migración y Asilo respete el equilibro entre la responsabilidad de los países de primera entrada de la migración y las obligaciones de solidaridad para todos los Estados miembros de la UE.