Las claves del plan de vivienda del Gobierno andaluz: 20.000 VPO, una bolsa de suelo y licencias exprés

El Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado este lunes un decreto ley de medidas urgente en materia de vivienda. Se trata del plan de choque con el que pretende facilitar el acceso a la vivienda en Andalucía con mecanismos que permitan la construcción de 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años.

El paquete de medidas contempla ampliar la oferta de solares para uso residencial protegido, autorizar mayor densidad de viviendas en parcelas que se destinen a VPO, crear una bolsa de suelo con los ayuntamientos e incluir promociones residenciales en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP).

El Gobierno andaluz había iniciado la tramitación de la Ley autonómica de Vivienda. No obstante, ha decidido anticipar algunas medidas dentro de este plan de choque para su aplicación con carácter urgente. El decreto ley se marca como primer paso la ampliación de la oferta de suelo para vivienda protegida, mediante cambios de uso, densidad y edificabilidad en parcelas aptas para la edificación y que no requieren de obras urbanización.

Para empezar, se permitirá que los solares o edificios con uso como alojamiento turístico u oficinas se destinen a viviendas protegidas. Además, se podrá aumentar la densidad de viviendas y edificabilidad en las parcelas residenciales si hay compromiso de que sean protegidas.

En las parcelas para vivienda libre se podrá incrementar un 20 % la densidad de viviendas y su edificabilidad de manera proporcional; mientras que en las parcelas para vivienda protegida, el aumento también podrá ser del 20 %, y la edificabilidad, del 10 %.

Además, la Junta de Andalucía permitirá edificar viviendas protegidas en las parcelas sin necesidad de modificar los instrumentos de ordenación urbanística, siempre que se respeten una serie de límites que garantizan el equilibrio entre los usos residenciales y los equipamientos y la adecuada integración de las actuaciones en el entorno urbano.

Las licencias para los proyectos de vivienda deberán solicitarse en un plazo máximo de dos años, y las viviendas deberán construirse en un plazo de tres años. Será necesario un acuerdo municipal en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del decreto para aplicar las medidas en función del desequilibrio entre demanda de suelo para vivienda protegida y la oferta disponible.

Por otro lado, el decreto promueve la construcción de viviendas públicas en alquiler en parcelas de equipamientos, aspecto que ya establece la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista). La novedad es que esta compatibilidad se podrá aplicar, sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento, cuando las parcelas de equipamiento no tengan uso específico o estén calificadas con el uso genérico de interés público y social.

El plan de choque del Gobierno de Juanma Moreno también pone en marcha medidas como la posibilidad de incorporar promociones con un número significativo de viviendas protegidas a la Unidad Aceleradora de Proyectos, que supondrá una mayor agilización en su tramitación, con la condición de que los proyectos residenciales sean de, al menos, 250 viviendas protegidas.

También podrá asignarse el desarrollo de suelo residencial que contemple más de 500 viviendas, con la correspondiente reserva de suelo para vivienda protegida, y que implemente medidas adicionales de desarrollo urbano sostenible. Esta incorporación a la Unidad Aceleradora de Proyectos debe ir aparejado al compromiso del ayuntamiento de tramitar de urgencia todos los procedimientos de su competencia.

Bolsa de suelo

Las medidas impulsadas por la Junta de Andalucía buscan también la implicación de los promotores para que se involucren en la construcción de viviendas protegidas. Entre estas medidas está la creación de una bolsa de suelo, que se hará en colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes, para mostrar la disponibilidad existente para construir viviendas a precio asequible.

Los ayuntamientos tendrán tres meses para informar de los suelos que tienen de reserva de vivienda protegida, así como las parcelas que son susceptibles de acoger este tipo de viviendas. En paralelo, el promotor dispondrá un sistema ágil de convocatoria para selección de adjudicatarios de vivienda protegida, que se suma al registro de demandantes. Los ayuntamientos tendrán las competencias para desarrollar y simplificar más este procedimiento.

Además, los promotores podrán acceder a incentivos para la construcción como los fondos europeos Next Generation. La Junta de Andalucía, por su parte, abrirá nuevas convocatorias, la próxima este mismo año, de su línea de subvenciones para que los promotores construyan viviendas en alquiler asequible, con precios limitados, sobre suelos públicos o privados y que al menos se mantengan durante 20 años. Las subvenciones pueden alcanzar hasta 30.000 euros por vivienda que se construya.

Precios máximos por territorio

Por último, se actualizan los coeficientes territoriales que determinan los precios máximos de la vivienda protegida en cada municipio para facilitar su construcción. Hay un primer grupo con las capitales de provincia, municipios de más de 25.000 habitantes, para que la diferencia con el precio de la vivienda libre sea, al menos, de un 25 %; municipios con una demanda excepcional de vivienda, municipios que dan continuidad a los tejidos urbanos de las capitales o aquellos que tienen condiciones excepcionales por su actividad económica.

También se amplían los destinatarios de viviendas protegidas, permitiendo que familias que no tenían ingresos suficientes para adquirir una vivienda libre puedan beneficiarse de estas políticas, y los límites de ingresos hasta 5,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para las viviendas de régimen general y hasta siete veces el IPREM en régimen de precio limitado.

Las medidas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) y a la espera de que el decreto ley se convalide en el Parlamento de Andalucía en el plazo de un mes. La convalidación está garantizada por la mayoría absoluta del Grupo Popular.