PP y Vox fuerzan al PSOE andaluz a retratarse sobre las cesiones a Puigdemont en inmigración

En la vida parlamentaria, las proposiciones no de ley no son vinculantes; es decir, sus votaciones no sirven para nada a efectos legales. Pero sí son útiles para retratar al adversario político sobre un tema determinado. Siendo así, el PP y Vox forzarán este jueves al PSOE andaluz a retratarse en el Parlamento de Andalucía acerca del pacto firmado entre los socialistas y Junts en materia de inmigración.

El Grupo Popular ha presentado una proposición no de ley relativa al rechazo a la cesión de competencias en materia de inmigración a la Comunidad Autónoma de Cataluña por atentar contra el marco constitucional.

El texto sostiene que el acuerdo es ilegal «por mucho que el Gobierno de España recurra al trilerismo lingüístico de la delegación de competencias para justificar este ataque a la Constitución», ya que «el propio Tribunal Constitucional dictaminó en su sentencia sobre el Estatuto catalán (STC 31/2010) que la inmigración es una materia que ha sido reservada con carácter exclusivo al Estado y que sería claramente inconstitucional pretender atribuir a la Comunidad Autónoma competencias en dicha materia».

El pacto consiste en una delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, que incluye la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada.

Los populares afirman que «está impregnado de un claro espíritu xenófobo, racista y supremacista, que, además, se ve reflejado en las declaraciones públicas que se han ido sucediendo por parte de dirigentes de la formación independentista referidas al grado de catalanidad y a los requisitos que la Generalitat tendría la potestad de exigir en el caso de aprobarse la ley orgánica para obtener un permiso de residencia en Cataluña».

Un mando único

Por su parte, el grupo de Vox ha presentado una proposición de ley relativa a la garantía de la unidad de la actuación policial en el territorio del Estado. El texto, que también rechaza el pacto entre el PSOE y el partido del prófugo Carlos Puigdemont, lamenta que «Pedro Sánchez y el Partido Socialista consuman la última traición al conjunto de los españoles, que sufren un Gobierno preso del separatismo y entregado a lo que diga una minoría parlamentaria que trabaja para destruir España».

Además, los de Santiago Abascal ponen el acento en que «el mercadeo de competencias vitales para mantener la igualdad, la unidad, la seguridad y la solidaridad de los españoles ha sido una práctica habitual de gobiernos de uno y otro color, que han ido traspasando competencias a las comunidades autónomas no pensando en los intereses generales ni en el bien común de los españoles, sino en satisfacer los chantajes del separatismo para mantener el poder a toda costa».

Vox considera que «seguir atomizando nuestros cuerpos de seguridad puede traer graves consecuencias para España, teniendo en cuenta las graves amenazas que suponen el terrorismo yihadista, el narcotráfico y la invasión inmigratoria», y que, por tanto, «la seguridad de nuestra nación debe responder a un mando único».

De esta forma, los de Abascal piden al Parlamento que rechace la posibilidad de crear una Policía autonómica, una idea que planteó a principios de marzo la número dos del PSOE andaluz, María Márquez. «La Policía Nacional, la Guardia Civil y los distintos cuerpos de Policía Local deben mantener sus competencias intactas y con los mejores medios y condiciones materiales y laborales para hacer frente a las graves amenazas que pesan sobre nuestro país en materia de inmigración y seguridad», según Vox.