El 'eterno' alcalde socialista de Benaocaz, condenado por regalar una finca municipal a un constructor

El exalcalde socialista de Benaocaz, José Rafael Reyes, que lo fue durante 16 años, entre 1991 y 2007, ha sido condenado por la Audiencia de Cádiz, a la pena de un año y dos meses de prisión por regalar una finca de propiedad municipal a un constructor.

A su vez, el tribunal provincial ha ordenado su inhabilitación durante seis meses para ocupar un cargo electo. Los hechos se remontan al año 2001, tal y como recoge Diario de Cádiz, fecha en la que el Consistorio de esta localidad decidió ceder de manera gratuita la parcela, de 1.400 metros cuadrados, a un constructor con el que supuestamente mantenía algunas deudas. La decisión causó un perjuicio a las arcas públicas de 72.730 euros.

La sentencia recoge que el procedimiento con el que se hizo fue «oscuro y viciado», y donde la transparencia «brilló por su ausencia». Tanto el ex primer edil como el empresario han evitado la celebración del juicio tras admitir la autoría de los hechos. Una confesión que ha valido una rebaja en la pena.

Pena de cárcel suspendida

Ambos han sido condenados en firme como responsables de un delito de prevaricación en concurso con un delito de fraude a la Administración y un delito de estafa. En todo caso, la pena privativa de libertad queda suspendida bajo la condición de no volver a delinquir y de abonar al Ayuntamiento la cantidad defraudada que fue la que dejó de percibir por esta cesión ilegal y que ya ha sido abonada.

Rafael Reyes gobernó Benaocaz entre 1991 y 2007, hasta que ese año tuvo que dejar la alcaldía por inhabilitación al condenarle la Justicia en otro caso: el de contratar como empleado municipal de forma continuada a un concejal, también del PSOE.

La sentencia señala también como cómplice a la secretaria interventora del Ayuntamiento serrano en esos momentos, pues no puso objeción alguna a la operación de la cesión ilegal de la finca a un particular por la que no se había pagado nada.

Finalmente, Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz contra el regidor, ya que en esa finca, el constructor agraciado levantó un enorme bloque de 24 viviendas con altura y edificabilidad superior a la permitida, lo que contravenía las normas urbanísticas, con el agravante de ser sobre suelo municipal.