El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès
El laberinto catalán
La Generalitat deja de invertir 1.198 millones mientras exige al Estado una inversión de 12.383
Madrid, con una fiscalidad mucho más baja que Cataluña, dedica a obra pública cinco euros por cada euro que invierte Cataluña
El bajo nivel de ejecución presupuestaria en Cataluña por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al frente del cual está la catalana Raquel Sánchez, hizo que la Generalitat relanzara a gran velocidad y con todo estruendo su histórica campaña «España ens roba» (España nos roba). El escándalo mediático, promovido por el gobierno catalán, arrancaba de inmediato al saberse que el Gobierno central solo había ejecutado el 37,5 % de su inversión en Cataluña, el más bajo de las 17 comunidades autónomas, a pesar de que Cataluña había sido la más beneficiada en los Presupuestos Generales del Estado con una previsión de gasto de 2.088 millones de euros, de los que solo 740 se habían efectivamente llevado a cabo. A pesar del bajo nivel de ejecución presupuestaria, llevado a cabo en Cataluña por parte de la administración del Estado en 2021, la comunidad es la tercera con mayor inversión el año pasado solo por detrás de Madrid y Andalucía.
La lacrimógena campaña independentista tiene por objetivo convencer a la sociedad catalana de que España y sus administraciones marginan deliberadamente a Cataluña ejerciendo un castigo premeditado y constante por su desafección. Este argumento, utilizado ya desde tiempos de Pujol, tenía predicamento cuando el Gobierno estaba en manos del PP y calaba fácil por la tradicional animadversión de la mayoría de la sociedad catalana a los populares, pero en este caso se da la paradoja de que el Gobierno catalán monta una campaña contra un gobierno al que ellos dan un apoyo decisivo y que pone el foco en su propia incompetencia.
Cataluña la comunidad con mayor inversión pública del Estado
Además, desde la organización cívica Sociedad Civil Catalana (SCC) se ha presentado un informe que desmiente que Cataluña pueda sentirse agraviada en forma alguna, antes al contrario, dado que según datos de un estudio dirigido por el economista y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Ferran Brunet, en el quinquenio 2015-2021, Cataluña ha sido la comunidad más beneficiada por las inversiones efectivamente ejecutadas por el Estado, con un total de 3.970,3 millones de euros, un 16,06 % del total. A Cataluña le sigue Andalucía, que recibió el 13,7 %; Castilla y León, el 13,4 %, y en cuarto lugar aparece la Comunidad de Madrid, con el 12,4 %. Los 3,6 puntos de más de inversión en Cataluña, en un período en el que de 2015 a 2018 gobernó el PP, desmontan la leyenda urbana del llamado efecto capitalidad de Madrid, así como que los ejecutivos de centro-derecha marginen a Cataluña de forma premeditada.
Ayuso invierte cinco euros por cada euro que invierte Aragonés
La Generalitat ha centrado sus ataques, como es habitual en ella, hacia la Administración del Estado, de la que ella misma forma parte y a la vez es socio parlamentario, pero ha obviado que, según datos de epdata.es, las 17 comunidades autónomas dedican de media un 1,68 % de su presupuesto a infraestructuras, mientras que Cataluña solo invierte el 0,40 % frente al 1,95 % de la Comunidad de Madrid. En definitiva, Madrid, con una fiscalidad mucho más baja que Cataluña, dedica a obra pública cinco euros por cada euro que invierte Cataluña. El motivo de esa desproporción está en la baja deuda de Madrid en comparación con Cataluña y el tamaño de sendas administraciones.
En el último lustro, Cataluña ha recibido 897 millones más que Madrid en inversión pública. El desequilibrio entre Cataluña y Madrid, en favor de la primera, según el estudio de SCC, es especialmente gravoso en ADIF, que ha dedicado a infraestructuras férreas en Cataluña 744 millones por 416 en Madrid.
Desde Convivencia Cívica Catalana, una de las entidades pioneras en la lucha desde Cataluña contra el nacionalismo, se calcula que, si Cataluña realizara la inversión media del resto de comunidades autónomas, el gasto en infraestructuras que se debería de haber realizado en Cataluña hubiera sido de 1.971 millones de euros, cuando la ejecución real en el último quinquenio analizable ha sido de 773, lo que supone un déficit de inversión de 1.198 millones de euros.
La queja de falta de ejecución del Estado en Cataluña es muy llamativa, cuando han sido las propias administraciones catalanas las que han rechazado inversiones multimillonarias en Cataluña, como la propuesta de ampliación del aeropuerto de El Prat que tenía que ejecutar la empresa del Estado AENA por valor de 1.700 millones de euros.
