Cataluña  Cinco años de las leyes de desconexión: del viaje del constitucionalismo del PSC y Podemos a la rendición frente al independentismo

Septiembre y octubre de 2017 fueron los meses más convulsos que ha vivido nuestro país desde el 23-F de 1981. El independentismo gobernante en Cataluña había anunciado la celebración de un referéndum el 1 de octubre y de forma previa tenían que aprobar el corpus jurídico que les permitiera transitar en lo que el separatismo denominaba «de la ley a la ley», o sea del marco jurídico constitucional a una nueva legislación de un estado independiente.

Tras la concesión de los indultos por parte del gobierno de Pedro Sánchez, en junio de 2021 la sociedad catalana ha entrado en un proceso de amnesia colectiva en el que nadie quiere recordar el dramatismo de lo vivido en septiembre y octubre de 2017. Además, todo el mundo parece empeñado en restar importancia a lo que sucedió aquellos días, pero la realidad es que en pocos días huyeron de Cataluña más de 30.000 millones de euros de depósitos bancarios y miles de empresas catalanas cambiaron de sede social buscando seguridad jurídica y quedarse dentro de la zona euro. Nadie sabía a ciencia cierta si la independencia se iba a consumar, y todas las cotizadas catalanas excepto Grifols se refugiaron en el resto de España, la mayoría de ellas en Madrid.

En el momento de máxima tensión, el 3 de octubre, fecha de la huelga general violenta convocada desde el gobierno catalán, tuvo que intervenir el Rey: «Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo siente, les digo que no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles, y la absoluta garantía de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y sus derechos».

Previamente a todos estos momentos dramáticos el 6 de septiembre el Parlament de Cataluña aprobó la Ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña, con el fin de dar falsa apariencia de legalidad a la convocatoria del 1 de octubre. La ley establecía, entre otras cosas, una autoridad electoral formada solo por independentistas, ajena a la Junta electoral central, y determinaba la creación de un censo para el que se usó la base de datos de tarjetas sanitarias de la Generalitat de Cataluña.

Al día siguiente, la mayoría independentista procedió a aprobar la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana. Una ley que derogaba la vigencia de la Constitución y el Estatuto de autonomía de Cataluña y determinaba la creación de un tribunal supremo catalán donde todos sus magistrados, al igual que sucede en las dictaduras, serían nombrados por el Presidente de la Generalitat. Los derechos y libertades de todos los catalanes quedan anulados.

Esas leyes se aprobaron, pero jamás se debatieron ni enmendaron. Los puntos del orden del día habían sido introducidos en el orden del día por procedimiento de urgencia; lo que implicaba la votación de esas leyes sin periodo de enmiendas ni el informe preceptivo del Consejo Consultivo de la Generalitat.

En septiembre de 2017, PSC y PP actuaron conjuntamente y en medio de una tensión inédita abandonaron la Cámara no sin antes denunciar públicamente el atropello de derechos que el independentismo estaba llevando a cabo al intentar aprobar un legislación para lo que el parlamento catalán no tenía competencia alguna y hacerlo, además, sin debate.

Los representantes de Catalunya Sí que es pot, hoy en Comú Podem –la marca catalana de Podemos–, permanecieron en el hemiciclo pero votaron en contra, su portavoz, el que fuera líder de CC.OO. en Cataluña, Joan Coscubiela realizó una de las intervenciones más vibrantes que se recuerdan en el parlamento catalán: «Cuando pisan los derechos de cualquier grupo –dijo refiriéndose a los diputados independentistas–, pisan los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña. No se dan cuenta de lo que están haciendo, están cogiendo el gusto al autoritarismo».

Las leyes se aprobaron a pesar de que los letrados del Parlament advirtieron de que la cámara autonómica no tenía competencias para llevar a cabo dicha aprobación. Para más inri, en la votación no se alcanzo el número de votos suficientes, no ya para declarar la imposible separación de Cataluña del resto de España, sino que ni para aprobar la reformar un sola coma de un artículo del estatuto de autonomía vigente.

A la postre, cinco días más tarde, el 12 de septiembre de 2017, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión de las leyes aprobadas en el Parlament junto al código tributario de Cataluña que había sido aprobado en agosto de ese mismo año 2017 y que tenía por objetivo apropiarse de la recaudación de IRPF, IVA y otros impuestos que hasta ese momento se liquidaban por parte de las empresas y personas físicas de Cataluña. Oriol Junqueras, vicepresidente de Carles Puigdemont y consejero de economía había declarado que «el último trimestre del año el IVA de las empresas y el IRPF se pagarán a la agencia tributaria catalana».

De la defensa de la constitución a ser socios del independentismo

Dentro del drama que supuso el otoño de 2017, lo único positivo fue la colaboración entre los grandes partidos nacionales: el PSOE y el PP junto al partido constitucionalista mayoritario en aquel momento en Cataluña, Ciudadanos. Pero la moción de censura triunfante del 1 de junio de 2018 contra Mariano Rajoy hizo que el PSC y Podemos abandonaran a su suerte a millones de catalanes y pasaran de denunciar las prácticas antidemocráticas del independentismo a avalarlas y darles a apoyo a cambio de que estos mantengan a Pedro Sánchez y su gobierno en la Moncloa.

Si lo sucedido hace cinco años acaeciera hoy, los letrados del parlament que fueron substituidos por las sucesivas mesas independentistas de la cámara catalana no informarían de la ilegalidad del procedimiento parlamentario. Si las leyes de desconexión de 2017 se llevarán hoy a debate el consejo de garantías estatutarias -una especie de mini TC catalán-, renovado recientemente con el apoyo del PSC, las avalarían.

Si el Parlamento catalán hoy declarara la derogación de la constitución en Cataluña es posible que el TC no actuara. Si el Presidente de la Generalitat saliera hoy al balcón y declarara de nuevo la republica catalana, como hizo Puigdemont dos veces en menos de un mes, Pedro Sánchez no aplicaría el artículo 155 de la constitución porque quienes lo harían son sus socios imprescindibles.

Paradójicamente el drama de otoño de 2017 fue también la oportunidad de cambiar el rumbo de Cataluña. pero el PSOE prefirió el poder, Cs se autoliquido y el PP, desde su inmolación en 1996 a los pies de Pujol, siempre fue irrelevante en Cataluña. Hoy, cinco años más tarde, los catalanes leales a España saben que quizás la independencia no será mañana pero no saben quien les representa.