«Circulan listas negras de profesores «enemigos de Cataluña», a los que les encantaría expulsar»

Francisco Oya fue profesor de Historia en el instituto Joan Boscà de Barcelona. En 2018 fue suspendido de empleo y sueldo durante diez meses. La Generalitat basaba esta sanción en tres faltas graves: «desatender el ejercicio de sus funciones docentes»; «desobedecer una orden de un superior» y «desacato a la autoridad, haciéndolo de forma ostentosa». En el expediente, la Generalitat también le atribuía el «haber alterado la buena convivencia del instituto comunicando su posicionamiento político». Oya, que siempre ha sido muy crítico con el proceso independentista, con el adoctrinamiento en las aulas o la inmersión lingüística, negó la mayor, y aseguró que se trataba de una «sanción política».

En cualquier caso, esa sanción le llevó a la prejubilación. Él acudió entonces a la justicia, que le acabó dando la razón por «irregularidades» en la tramitación del expediente sancionador, aunque no entró a valorar las cuestiones de fondo. De ahí que Oya sienta que fue una victoria «agridulce». Pero ahora, y aunque esa sentencia no es firme, ha decidido pasar al ataque y ha presentado una denuncia por la vía penal contra aquellas personas que estuvieron detrás de ese expediente.

Ha decidido pasar a la acción. ¿Por qué?

Me vi obligado a poner un contencioso-administrativo para defenderme de un expediente disciplinario que me abrieron, por motivos espurios, el director del centro, Ignacio Gª Barrera, y dos inspectores: Nieves Lorenzo Galés y Antoni Domènech Bonet. La Justicia me dio la razón, aunque la Sentencia no es definitiva al haber sido recurrida por la Generalidad, pero por cuestiones puramente formales: caducidad del expediente sancionador.

En definitiva, el juez no entró en el fondo del asunto porque no resultaba necesario a efectos de economía procesal. Pero eso me deja una sensación agridulce porque, por un lado, el tribunal te da la razón; pero, por otro, se corre un velo de impunidad sobre unas actitudes claramente delictivas, que incluyen acoso laboral; coacciones para impedir el ejercicio de derechos fundamentales, singularmente la libertad de cátedra, un derecho constitucional básico en el trabajo docente; delitos contra el honor; prevaricación y falsedad en documento público. También hay violación flagrante de la obligación de neutralidad ideológica por parte de la administración pública; espionaje con revelación de datos personales utilizando, para ello, a alumnos menores de edad; así como vulneración de: derechos sindicales, derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador, derecho a ser informado de la acusación, derecho a no autoincriminarse, derecho a la prueba… La única forma de que la Justicia entrara en el fondo de este turbio asunto era poner una denuncia penal.

Sufrió una auténtica campaña de acoso y recibo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué contra usted?

Desde la época de la Estrategia de la Recatalanización, documento filtrado en 1990, los separatistas catalanes han tenido muy claro que la enseñanza es el pilar fundamental para cambiar la conciencia de las nuevas generaciones y posibilitar la secesión a medio o largo plazo. Por este motivo, era indispensable establecer filtros, por ejemplo, en los tribunales de oposición, para evitar que puedan 'colarse' en el sistema educativo profesores que no tengan una ideología separatista.

Pero ningún sistema de control es perfecto, y es un hecho que en la enseñanza pública hay un porcentaje apreciable de profesores constitucionalistas, obligados a ser discretos en sus manifestaciones. Esto crea una frustración muy grande en los sectores más fanatizados de la enseñanza, y es un hecho que circulan listas negras de profesores «enemigos de Cataluña», a los que les encantaría expulsar del sistema educativo.

Por mi condición de presidente de una pequeña asociación de profesores, opuestos a la inmersión y el adoctrinamiento en los colegios (Profesores por el Bilingüismo), con cierta presencia en las redes y medios de comunicación, he de decir que yo estaba bastante bien posicionado en esas listas negras. Por otra parte, yo no era un interino, sino un funcionario con más de 30 años de experiencia docente, por lo que se vieron obligados a cargar mucho las tintas conmigo.

«Comisarios políticos de manual»

En su caso, además, concurren otras circunstancias, como mínimo, especiales

Efectivamente. Yo acababa de incorporarme al centro y el resto de compañeros no me conocía, por lo que era más difícil encontrar apoyos para desactivar la campaña de acoso y calumnias. Tanto el director del centro, como los inspectores, eran comisarios políticos de manual y me consideraron una pieza a abatir desde el primer momento. De modo sorprendente, me abrieron el expediente en plena aplicación del artículo 155, lo cual fue una demostración de fuerza ante el Gobierno de la Nación por parte de los sectores que habían intentado el golpe de Estado, una señal de que nada iba a cambiar en el fondo, al menos en la enseñanza.

En cualquier caso, David venció a Goliat

Ha sido una victoria parcial, sí. En la que tengo mucho que agradecer a las personas que siempre me han apoyado. Y a mi abogado, Manuel Miró, que ha hecho un grandísimo trabajo. Para una victoria completa, sería imprescindible que los responsables de estos delitos pagaran por lo que han hecho. Y en ello estamos. Las circunstancias políticas, con un Gobierno sostenido por separatistas y antiguos terroristas, no contribuyen a insuflar optimismo precisamente. Pero hay que confiar en la independencia de la Justicia, precisamente en unos momentos en que el Gobierno actual pretende destruirla. En esta denuncia que hemos presentado, hay una magnífica oportunidad para que la Justicia reafirme su independencia frente a una administración catalana que siempre se ha distinguido por su desprecio a los derechos ciudadanos y su incumplimiento de las sentencias que no le gustan. Esperemos que al final del proceso podamos emular al rey Federico II de Prusia y exclamar: «¡Aún hay jueces en Barcelona!».

Prohibir el español

Se puede considerar que usted es un represaliado por no ser nacionalista, pero ¿cómo es la situación en los centros educativos? ¿Hay presión a los profesores?

Desde que se cedieron las competencias educativas a la comunidad autónoma de Cataluña en 1979 ha existido presión a los profesores que no profesaban el nacionalismo fraccionario. Hay que recordar que ya en el año 1981 se produce el secuestro, con posterior tiro en la pierna, del profesor Jiménez Losantos por el mero hecho de haber firmado el 'Manifiesto de los 2.300', en el que se criticaba la situación de los derechos culturales y lingüísticos en Cataluña. A partir de ese momento, los profesores entendieron que solo había dos opciones: asumir la situación, de mejor o peor grado, o pedir el traslado fuera de la región catalana.

Desde entonces, la presión se ha ido incrementando con pequeñas y constantes vueltas de tuerca. Ya no se trata solo de promover el catalán, sino de prohibir el español. No solo en las actividades lectivas, sino en los pasillos e, incluso, en la vida privada fuera de los centros. Para los alumnos también, por supuesto.

Lo cierto es que hay muy pocos, se pueden contar con los dedos de una mano, de docentes que se atrevan a dar la cara ¿Por qué?

Es comprensible. Oponerse abiertamente a la imposición del catalán o al adoctrinamiento en las escuelas tiene un precio inasumible para una persona que dependa de su trabajo, salvo que se tenga cierta vocación de kamikaze. Es habitual que los inspectores y directores de centros sean auténticos comisarios políticos, para eso precisamente los han situado en sus puestos la Generalidad. A la hora de cargar contra un profesor disidente, no se tiene el más mínimo escrúpulo para aplicar sanciones draconianas basadas en falsedades, sin la más mínima prueba real.

¿Y los sindicatos?

Los sindicatos de enseñanza jamás intervienen eficazmente para defender a un profesor en esa situación, pues los más representativos en Cataluña están copados por los separatistas. Es el caso de los llamados sindicatos de clase CC. OO. y UGT. Los sindicatos que podríamos denominar «constitucionalistas», básicamente ANPE y CSIF, no tienen prácticamente presencia, a pesar de ser los más representativos del sector educativo a nivel de toda España. Entre otras cosas, porque prefieren confundirse con el paisaje en Cataluña.

El Gobierno de la Nación, sea del PP o del PSOE, siempre se ha negado a intervenir, ni siquiera durante la aplicación del artículo 155, para defender a sus funcionarios de estos ataques. Pues los profesores de la enseñanza pública somos funcionarios del Estado, si bien cedidos a las Comunidades Autónomas. Tampoco ha querido nunca legislar sobre cuestiones que afecten a la lengua.