La reforma del sistema de financiación propuesto por los independentistas costaría 384 euros a cada español

El think tank Fundación Civismo ha presentado un estudio sobre una de las propuestas estrella de la campaña electoral catalana que mañana toca a su fin y que no es otro que la modificación del sistema de financiación autonómica.

Tanto ERC como Junts incluyen en su programa electoral la cesión integral de la recaudación de todos los tributos a la Generalitat de Catalunya para luego, siguiendo el modelo del cupo vasco, negociar con el Estado la cantidad a devolver por la prestación de los servicios que el estado presta en Cataluña. Esta medida, parecida a una subcontrata, viene acompañada de la petición de cesión de las principales infraestructuras titularidad del Estado como los aeropuertos, puertos, cuencas hidrográficas y la red eléctrica. En la práctica, la aplicación de la propuesta de los independentistas supondría la desaparición definitiva del Estado en Cataluña.

Por su parte, el PSC ha puesto encima de la mesa la creación de un consorcio tributario, figura prevista en el estatuto de autonomía catalán. Con este consorcio la Generalitat y el Estado serían socios al 50 % del ente recaudador de tributos que se haría cargo de la gestión integral, acercándose así a la propuesta independentista y condenando a la agencia tributaria a su cierre en Cataluña. La propuesta socialista es una puerta lateral al desmantelamiento progresivo del Estado en Cataluña, ya actualmente muy debilitado al no tener competencias en materia educativa, ni de seguridad y con muchas infraestructuras transferidas a la Generalitat catalana. La creación del Consorcio mixto entre el Gobierno regional y el central permitiría ir cediendo progresivamente el control de la administración tributaria al Gobierno catalán en el marco de las constantes negociaciones que los partidos independentistas mantienen con el partido del Gobierno en España a cambio de apoyo parlamentario.

Fundación Civismo ha realizado un estudio bajo el título 'Un análisis de la propuesta de financiación singular para Cataluña' en el que cuantifica en 13.161 millones el descenso de ingresos del Estado en caso de aplicarse la propuesta independentista. Hay que tener en cuenta que el PIB vasco supone el 5,9 % del PIB nacional y el 4,6 % de la población frente al 19 % que aporta Cataluña a la riqueza nacional y el 16 % de la población, con lo que desgajar la recaudación y administración tributaria de una comunidad autónoma que es la segunda en población, por detrás de Andalucía, y en PIB por detrás de Madrid tendría un efecto devastador para las arcas del Estado que no tiene el cupo vasco por la menor dimensión y poco peso demográfico de la comunidad autónoma vasca.

Desde Fundación Civismo calculan que la cantidad que dejaría de aportar Cataluña a la hacienda nacional supone el 15 % del presupuesto de Sanidad o el 23 % de Educación y el total del Fondo de garantía que perciben Galicia, Asturias, Aragón y Extremadura juntas. En definitiva, la caída de recaudación supondría 384 euros menos por habitante.

La propuesta independentista, recuerda Civismo, está fuera del marco constitucional, ya que contraviene el artículo 4 de la Carta Magna, y tampoco se ajusta al estatuto de autonomía catalán, que sí recoge la propuesta, hasta ahora no desarrollada, del Partido Socialista.