Joan Soteras, sentado junto al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta
Tribunales
Escándalo en la Federación Catalana de Fútbol: se elevan a 400 las firmas falsificadas por Soteras
El sumario de la investigación abierta en los juzgados de Sabadell eleva el número de firmas irregulares
Las elecciones de mayo de 2022 a la presidencia de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) quedaron anuladas al descubrirse que –presuntamente– el equipo del candidato Joan Soteras, con la complicidad de un notario de Sabadell, habría presentado 170 firmas irregulares de varios clubs de fútbol catalanes. Dichos clubs vieron falsificada su firma a favor de Soteras
Estas irregularidades han sido investigadas por el Juzgado número 2 de Sabadell, a cargo de la juez Isabel Calahorra García, como un presunto delito de falsificación en el que están implicados Soteras, algunos directivos y varios empleados de la Federación Catalana de Fútbol. Se les acusa de un presunto delito continuado de falsedad en documento público y privado y en administración desleal.
Ahora el sumario de la investigación aporta novedades; entre ellas, eleva la cifra de firmas falsificadas a 400. Además, recoge declaraciones de Inés Companys, presidenta del Club Esportiu Elisabeth Salou, según las cuales «el notario [Simón-Navarro] firmó aquellos días más de 400 documentos de la misma naturaleza». Es decir, avales y votos delegados a favor de la candidatura de Joan Soteras.
Por el Juzgado número 2 de Sabadell han pasado a declarar 22 personas perjudicadas por esta presunta falsedad documental, además de Salou. El motivo de la presunta implicación de esta notaría de Sabadell es porque «era de confianza de Soteras». Así se recoge en el sumario:
Texto del sumario
Explicó que la señora María Barbancho, abogada de la FCF, realizó varias gestiones con diferentes notarios, pero no aceptaban hacer una escritura pública sin la presencia de comparecientes; y por eso, se habría recurrido al Notario Simón de Sabadell, que sería de la confianza de Soteras y ya habría trabajado anteriormente con Guerrero para la reelección de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol».
El Club de Fútbol Arbeca de Lérida denunció en la Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Mollerusa la falsificación de la firma. Según consta, José María Espasa, delegado de la Territorial de la Federación Catalana de Fútbol, le comentó al afectado que para votar «tenía que coger el acta que le entregaba porque, si no, tendría problemas».
Este no fue el único club de la provincia de Lérida implicado en esta falsedad documental. Los 26 clubes leridanos a los que les repartieron las actas desde la FCF son: el Escola de Futbol Base Guissona, Club Futbol Sala Maials, Futbol Sala Tàrrega, AD Térmens, Linyola Club Esportiu, CF Bellcairenc, CE La Fuliola, CE FiF Lleida, CFS Llardecans, Club Futbol Sala Agramunt, SEC Cavauto, CF Sala Anglesola, El Poal UE, Futbol Sala Corbins, Ciclista Aitonenc CECA, Vilanova Segrià Caragolines, CF Arbeca, OC La Sentiu, Futbol Sala Fondarella, CF Sala Bellaguarda, CF Juneda, CF Soses Femení, Cervera Segarra Femení, CF Puigvertenc, CE Escola Futbol Tremp y Escola Futbol Pont-Ribagorça.
En el sumario se explica que Soteras y Víctor Güell, vocal de la FCF, elaboraron a público unos 213 certificados de acuerdos sociales. José Miguel Calle, director general de la FCF, ordenó y coordinó el control de las votaciones al margen de la Junta electoral, así como elaborar las actas y acuerdos presuntamente falsificados. Álvaro Montoliu, asesor de la FCF, pagó 35.000 euros a la notaría por la gestión.
Alberto Prieto, jefe de gabinete de presidencia de la FCF y presidente del Santfeliuenc, envió correos electrónicos dando instrucciones a los clubs para que facultaran a Soteras. El abogado Sergi Garrido; Alejandro Guerrero, secretario del Comité de Fútbol Sala; y Jesús Manchado Lozano, adjunto a la dirección general y responsable de recursos humanos, habrían participado en la falsificación de las firmas.
Elecciones de 2023
Todos ellos volvieron a dirigir el nuevo proceso electoral de febrero de 2023. En un restaurante de Sant Andreu de la Barca se citaron Joan Soteras, José Miguel Calle, Alejandro Guerrero, Alberto Prieto y Sergi Garrido. Allí se repartieron las tareas a realizar, vinculadas a manipular la junta electoral.
A estas personas se las compensó, por los servicios prestados, con incrementos salariales que ascendieron a 42.500 euros, que se repartieron Alejandro Guerrero; Alberto Prieto; Sergi Garrido; Jesús Manchado Lozano; Carlos Núñez, hijo del directivo Juan Núñez; Isabel Montilla, ex secretaria personal de Soteras cuando éste era presidente del Sabadell; y el director general José Miguel Calle. A este último se le adjudicó un coche de empresa.
La investigación sigue abierta en el Juzgado de Sabadell.
