Imagen de archivo de una manifestación en Barcelona para defender el castellano, en 2022
Polémica lingüística
Solo uno de cada cuatro profesores tiene el nivel de catalán que la Generalitat exigirá a los nuevos docentes
El gobierno catalán pretende que el nivel C2 sea requisito indispensable a partir del curso 2025-26 para acceder a la docencia
Una de las medidas que prevé el decreto de régimen lingüístico de la Generalitat de Cataluña –que actualmente está suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)– es establecer el nivel C2 de catalán como requisito obligatorio para los nuevos profesores, a partir del curso 2025-26.
Sin embargo, según datos recogidos por la Agencia Catalana de Noticias, solamente el 25% de la actual plantilla docente –más de 90.000 trabajadores– tienen acreditado el C2, entre funcionarios, interinos, sustitutos y personal laboral. En concreto, tienen esta certificación el 29,2% de los profesores de secundaria y el 21% de los de primaria.
El decreto que la Generalitat quiere aprobar, no obstante, no les afectaría a ellos, sino a los nuevos docentes a partir de septiembre de 2025. Cabe recordar que esta norma también busca hacer del catalán la lengua vehicular y esquivar la obligatoriedad de que el 25% de las clases sean en castellano, una resolución establecida por el TSJC en defensa de los padres que han recurrido el modelo de inmersión lingüística en Cataluña.
La Generalitat responde
En estos momentos, el decreto que busca blindar el catalán en las aulas se encuentra suspendido cautelarmente por el TSJC, que considera que el texto tiene «visos de lesión en los derechos fundamentales».
Pese a ello, el ejecutivo de Pere Aragonès no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad sin luchar, y este martes la Generalitat interpuso un recurso de reposición contra la decisión del tribunal. La Generalitat considera que «suspender la norma no evita ningún perjuicio ni daño irreparable a los interesados, uno de los supuestos que prevé la ley para dictar unas cautelares».
Por su parte, también el miércoles, la «ONG del catalán» Plataforma per la Llengua presentó un escrito para recusar los magistrados del TSJC por «participación irregular». Acusan al juez Javier Aguayo de haber «perdido la imparcialidad objetiva» para valorar el caso, ya que consideran que el togado realizó declaraciones partidistas ante la visita de unos eurodiputados a Cataluña para observar el modelo de inmersión lingüística.
