Agentes de los Mossos d' Esquadra, en Barcelona este jueves
Cataluña
La fuga de Puigdemont no es el primer fracaso de los Mossos d'Esquadra: de las urnas del 1-O al top manta
El referéndum ilegal de 2017 o casos de tortura policial, manchas en el historial del cuerpo autonómico
La huida y posterior desaparición de Carles Puigdemont el pasado jueves después de dar un discurso en el Arco del Triunfo de Barcelona ha hecho saltar todas las alarmas. A pesar de que el comisario jefe lo niega, son muchos los que consideran que los Mossos d’Esquadra han hecho el ridículo. «No hubo una mala dirección del cuerpo, hubo un desacierto en uno de los objetivos», declaró Eduard Sallent ante la prensa, echando las culpas al «muro humano» que hizo que los agentes no pudieran detener a Puigdemont.
«Menudo ridículo hemos hecho», confirman fuentes de los Mossos a El Debate, aunque se defienden afirmando que nunca se sabrá si algunas actuaciones han sido fracasos, pactos o estrategias a corto plazo. Y que, si bien de cara al público es muy decepcionante, de cara a los intereses de la seguridad pública a lo mejor ha sido un éxito. «Hay gente en inteligencia que decide el tablero de juego», dicen.
Estas fuentes citan el ejemplo del caso Brito y Picatoste: «Al final fue un éxito sonado, porque en contra de lo que creía la gente, al final los detuvimos», insisten. Este fue un caso del año 2001 protagonizado por dos presos, Manuel Brito y Francisco Javier Picatoste, que huyeron a raíz de un traslado hospitalario mientras estaban bajo custodia de los Mossos.
Los fugados dispararon a los policías, hiriéndoles de gravedad; asesinaron a un chico y violaron a su pareja, entre otros delitos. Una vez capturados, la pena sumatoria impuesta a ambos condenados ascendió a los 158 años de cárcel, mientras que la Generalitat fue condenada como responsable civil subsidiaria a pagar 2,7 millones de euros a las víctimas y a sus familias.
El caso Benítez
Con todo, la fuga de Puigdemont no es la única vez que un fracaso sonado de la policía autonómica catalana trasciende a la esfera pública. El 5 de octubre de 2013, una desproporcionada actuación de los Mossos provocó la muerte de Juan Andrés Benítez en el barrio del Raval. Además, los agentes peinaron el barrio para requisar ilegalmente vídeos filmados por los vecinos para eliminar pruebas inculpatorias.
Benítez era un empresario del llamado Gaixample, miembro fundador de la Asociación Catalana de Empresas para Gais y Lesbianas. El caso se saldó con un pacto de última hora mediante el cual los agentes implicados reconocieron ser autores de homicidio imprudente y torturas, pero que les permitió eludir la cárcel y reintegrarse en el cuerpo policial tras cumplir una pena de dos años.
Desalojo de plaza Cataluña
Otra mancha en el expediente de los Mossos fue el violento desalojo del 27 de mayo de 2011 de la plaza Cataluña, donde fue reiteradamente golpeado David Fernández, entonces periodista y activista social y posteriormente diputado de la CUP. Fernández emprendió acciones judiciales contra el subinspector Jordi Arasa, que comandó el operativo.
En primera instancia fue absuelto, al considerar el juez que actuó cumpliendo órdenes. Recurrida la sentencia, Arasa fue objeto de una leve condena, por una «falta de lesiones dolosas», y condenado a pagar 1.500 euros de multa, además de indemnizar con el mismo importe a cuatro manifestantes.
Derrota frente al top manta
En 2019, la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra organizaron un dispositivo conjunto para acabar en Navidad con el 'top manta' en la plaza Cataluña, una zona de venta ambulante ilegal descontrolada desde hacía meses en el centro de Barcelona.
No obstante, la operación resultó insuficiente. Los ciudadanos hicieron las compras aquel año esquivando las mantas de productos falsificados, o deteniéndose ante estas para comprarlos. Y si las aceras han estado vacías en algún momento era porque los vendedores se concentraban en la estación del subsuelo.
El fracaso de Estela
Cuando Pere Aragonès llegó a la presidencia de la Generalitat en mayo de 2021 su partido, Esquerra Republicana, quiso demostrar que estaba preparado para asumir las más altas responsabilidades de gestión, y lo focalizó en el Departamento de Interior. La consejería dirigida por Joan Ignasi Elena apostó por una nueva cúpula «coral», dirigida por Josep Maria Estela como solución al polémico relevo del mayor Josep Lluís Trapero.
Diez meses después de esa delicada decisión, el plan fracasó. El número dos de Josep María Estela, Eduard Sallent, lo sustituyó en el cargo: era el séptimo jefe al frente de la policía catalana en cinco años, y el segundo que relevaba Elena en menos de un año.
Investigaciones internas
La División de Asuntos Internos (DAI) investiga a sus compañeros y lleva ante el juez a los policías presuntamente corruptos. Los últimos años han detenido a algunos policías por su presunta relación con el tráfico de drogas, en varias escalas de este ilícito pero rentable negocio.
En 2023, la DAI estuvo persiguiendo un agente durante dos meses por la denuncia de la mujer de un narcotraficante que aseguraba que un policía le robó unos auriculares AirPods, con un valor de unos 90 euros. Tal como consta al sumario del caso, se organizaron seguimientos y vigilancias de este agente de Terrassa, hechas con una quincena de agentes de Asuntos Internos, para aclarar si había robado estos auriculares.
La magistrada, en enero de 2024, absolvió al agente de esta falsa denuncia y puso en duda la veracidad de la declaración de la mujer, pareja del narcotraficante a quien desmantelaron la nave donde vendía droga, y donde presuntamente el agente cogió los auriculares.
El escándalo del 1-O
No obstante, el gran fracaso reciente de los Mossos d’Esquadra es lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017 en torno al fallido referéndum de independencia. Antes de que se produjera la votación, el diputado de la CUP Benet Salellas declaró: «Tenemos la confianza, la esperanza, de que [los Mossos] se pondrán del lado de la defensa de los derechos democráticos. Deben desobedecer. Tienen que ponerse del lado de la gente. En este país el 80% de la población ha dicho que quiere un referendo, que quiere votar».
Una urna del referéndum catalán del 1 de octubre de 2017
Los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional tenían la orden expresa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir la utilización de edificios públicos para la preparación de la celebración del referéndum y su apertura el 1-O. Pero los Mossos se limitaron a personarse en los centros de votación designados por el Gobierno de la Generalitat para rellenar un acta, con lo que trataban de justificar su inacción asegurando que la elevada concentración de personas les impedía desalojarlos.
El entonces mayor de los mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, declaró que «no pudimos prever una desobediencia a la autoridad con un carácter tan general y una defensa de las urnas tan generalizada». «Siempre habíamos pensado que la mayor parte de la gente haría resistencia pasiva, ni yo personalmente ni el resto de mandos pudimos prever el grado y el ver cómo la gente defendió esas urnas», añadió.
Los contenedores de plástico en los que se depositaron los votos, fabricadas por la empresa china Smart Dragon Ballot Expert, estuvieron almacenados en el sur de Francia y fueron trasladados a Cataluña en vehículos particulares para no despertar sospechas. La duda es si los Mossos conocían la ubicación de las urnas y eludieron compartir la información, a los otros cuerpos policiales, para evitar que fueran decomisadas.
