
Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies, en Barcelona, Cataluña
Transportes
Rodalies sufre 70 incidencias en un día, pero el gobierno catalán socialista no reivindica ante Sánchez
Los catalanes pagan actualmente peajes para circular por autopistas de la Generalitat, mientras que pueden transitar libremente por las del Estado, pero nadie protesta
Incendios en las catenarias, robos de cable, usuarios hacinados, viajeros andando entre las vías… Durante el año pasado, Rodalies (Cercanías en Cataluña) sufrió más de 10.000 afectaciones de algún tipo. Esta semana, en algunos días, los trenes en Cataluña acumularon hasta 70 incidencias en una sola jornada.
En el pasado, cuando gobernaba el PP, la gestión de los servicios públicos era utilizada por el nacionalismo para plantear agravios y quejas ante el gobierno central. Cualquier excusa era válida para poner de manifiesto el supuesto abandono al que el gobierno «de Madrid» sometía a Cataluña. La marginación y el agravio centraban el mensaje político, con manifestaciones, asambleas, preguntas parlamentarias y manifiestos. Todo valía para generar desafección.
Sin embargo, ahora que ERC, Junts, los Comunes (Sumar) y el PSC forman parte del bloque de gobierno en Madrid, y que todos ellos —excepto Junts— también se reparten el poder en Cataluña, la movilización prácticamente ha desaparecido y el agravio se ha esfumado.
Durante años, el nacionalismo impulsó una campaña para que el Estado eliminara los peajes en las autopistas de su titularidad en Cataluña. La campaña «No volem pagar» (No queremos pagar) consistía en hacer sonar la bocina al pasar por el peaje y en saltarse las barreras. Finalmente, el gobierno central eliminó los peajes, pero las autopistas de titularidad autonómica —como los Túneles del Garraf, la autopista Terrassa-Manresa o el Túnel del Cadí— los mantienen. Nunca ha habido una sola manifestación contra la Generalitat por el mantenimiento de estos pagos, a pesar de que muchos de estos peajes han subido por encima del IPC.Tampoco ha habido protestas por el retraso en el desarrollo de la línea de metro hacia el aeropuerto ni por la escasez de autobuses interurbanos que conectan Barcelona con los municipios colindantes.
Hoy quedan pocas dudas: en el pasado, las manifestaciones y actos reivindicativos promovidos desde los círculos de poder no buscaban realmente mejorar los servicios públicos, sino desgastar a los gobiernos de España… cuando estos eran del PP. Cuando en la Moncloa gobierna el PSOE, las protestas desaparecen. Hoy, los catalanes pagan las autopistas de la Generalitat y viajan gratis por las del Estado, pero a nadie parece importarle.
El próximo 25 de marzo, el Parlamento autonómico celebrará un pleno monográfico sobre el mal funcionamiento de Rodalies en Cataluña. El pleno llega después de que se rechazara una petición de comparecencia urgente del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. ERC, la CUP y los Comunes (Sumar) acudieron al rescate de Illa (PSC), rechazando la urgencia de la comparecencia.
Sánchez lleva casi siete años en el gobierno, todos ellos gracias al apoyo imprescindible de ERC y los Comunes (Sumar), a los que ahora se ha sumado Junts, y mientras tanto, los servicios públicos no han dejado de degradarse. A pesar de esta incontestable realidad, no hay duda de que el pleno monográfico del 25 aprobará alguna resolución culpando a los gobiernos anteriores de todos los males de la red de Cercanías.
El nuevo argumento, repetido tanto por la Moncloa como por la Generalitat, es que «no se invierte más porque, si no, sería contraproducente para el servicio». El Ministerio de Transportes, dirigido por el activista tuitero Óscar Puente, asegura haber invertido 2.000 millones desde que Sánchez llegó al gobierno y plantea como solución la creación de un consorcio entre el Estado y la Generalitat que gestionará Rodalies a partir de 2026.
Para el día 22, diversas plataformas ciudadanas han convocado manifestaciones contra el mal funcionamiento de Rodalies. Mientras tanto, los usuarios deberán afrontar siete días de huelga —desde la próxima semana hasta el 3 de abril— debido a las protestas de los trabajadores de ADIF y RENFE en Cataluña, que se oponen a ser transferidos a un nuevo ente público controlado por el gobierno regional.
RENFE ha respondido activando un canal de WhatsApp para informar sobre incidencias en Cataluña. Sin embargo, el relato ha cambiado: del agravio y la falta de inversión se ha pasado a los problemas técnicos y al «exceso» de obras. Los trenes funcionan peor que nunca en Cataluña, pero ahora la culpa ya no es de España. Como dijo Carmen Calvo sobre el dinero público, «no es de nadie»... y menos de quienes gobiernan.