Habrá más incentivos económicos para jueces, funcionarios y abogados, también privados, que utilicen el catalán

La Generalitat quiere aumentar el uso del catalán en el ámbito de la justicia que, asegura, está por debajo del 6%, y quiere que un 20% de las sentencias se redacten en este idioma. Por este motivo, ha preparado un programa de incentivos económicos, por el que se pagará a jueces, fiscales, y funcionarios judiciales, adema´s de abogados, para que utilicen el catalán en los documentos judiciales. Para ello, destinará 500.000 euros este año.

Y a eso hay que añadir que se va a impulsar una bonificación para los abogados privados, algo que ya se hace con los del turno de oficio, que reciben 25 euros por cada actuación hecha en catalán. Estamos hablando de una demanda, de una contestación o de un recurso.

Así lo ha anunciado el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, después de la reunión de esta mañana de la Mesa por el Pacto Nacional de Justicia. Otra de las medidas acordadas, pasa por impulsar que el conocimiento del catalán sea un «mérito» en el proceso de selección de los miembros de la carrera judicial.

Ahora se considera así en casi de elección del destino, pero lo que se pretende el Govern es que se tenga en cuenta en el acceso a la judicatura, que actualmente selecciona a sus miembros en una única fase de exámenes de conocimiento jurídico.

También se han hecho propuestas en el ámbito de las nuevas tecnologías. Se ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial una propuesta para que el Centro de Documentación Judicial pueda traducirse automáticamente al catalán o al castellano, si es que están escritas las sentencias originariamente en catalán. Una traducción que sería posible gracias al traductor jurídico que está desarrollando el Departamento de Justicia.

Según los últimos datos que ha facilitado el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, el número de sentencias redactas en catalán se situaban, el año pasado, en el 5,3% y los documentos de inicio de los procedimientos, en un 5,6%. Según Vila, el hecho de que «en el 80% de los casos en que se pide explícitamente la tramitación en catalán de un procedimiento judicial, esta opción se incumple, es una muestra de profunda irregularidad lingüística del sistema judicial en Cataluña».

Además, dice el consejero, que el 80% de los catalanes sabe hablar el catalán, incluido el 50% de personas nacidas en el extranjero demuestra que «es urgente que la administración de justicia asuma la realidad de la sociedad para la que trabaja y que los operadores judiciales garanticen los derechos lingüísticos de la población».