La Generalitat endurece su cruzada por el catalán: más controles, más multas y una investigación europea

El periódico El Mundo revela un incremento significativo de las inspecciones lingüísticas realizadas por la Generalitat catalana durante 2024, evidenciando un endurecimiento en el control del uso del catalán en establecimientos comerciales.

Con la llegada del PSC al gobierno de la mano de Salvador Illa, tras relevar al ejecutivo de ERC en agosto, las actuaciones de la Agencia Catalana de Consumo se han multiplicado. Las verificaciones sobre el cumplimiento de derechos lingüísticos han pasado de 1.022 en 2023 a 2.269 en el presente año, casi duplicando las intervenciones.

El Mundo informa que el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, quien se incorporó al gobierno como independiente tras abandonar Junts por discrepancias con Carles Puigdemont, ha precisado que de estas inspecciones se derivaron 207 sanciones. En 30 casos, los comerciantes multados presentaron recursos contra las sanciones económicas, que pueden alcanzar los 10.000 euros, siendo ya doce de estos recursos desestimados.

Paralelamente, el Parlamento Europeo ha iniciado una investigación sobre estas políticas lingüísticas. La Comisión de Peticiones ha dado luz verde a una iniciativa del PP para examinar las restricciones idiomáticas, atendiendo una reclamación presentada originalmente en 2017 por un particular afectado.

La normativa que sustenta estas sanciones, la Ley 22/2010, fue aprobada durante el tripartito liderado por José Montilla. Establece multas por «vulnerar los derechos lingüísticos» en rotulación, facturas, información al cliente y publicidad. Desde 2022, estas multas pueden canjearse por cursos de conocimiento del catalán.

El medio destaca una declaración contundente recogida en la resolución europea: «Cataluña es el único territorio del mundo donde los ciudadanos no pueden elegir libremente en qué lengua oficial rotulan su comercio». La investigación europea analizará en abril si estas prácticas contravienen los artículos 3 del Tratado de la UE y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales, que prohíben discriminaciones lingüísticas.

En la actualidad, Salvador Illa continúa negociando el Pacte Nacional per la Llengua con formaciones independentistas y los comunes, un instrumento destinado a consolidar la presencia del catalán en todos los ámbitos sociales. Con ello, mantiene una política lingüística iniciada por gobiernos anteriores como los de Artur Mas, Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès.