Problemática vecinal en La Mina, en Barcelona

Los vecinos del edificio Venus del barrio de la Mina han celebrado este jueves una asamblea informativa para valorar el plan de expropiaciones aprobado por el Consorcio de la Mina el pasado 18 de abril.

Los vecinos denuncian que, para acogerse, se les ha exigido que retiren las demandas por responsabilidad patrimonial que presentaron contra el Consorcio por el retraso en la aplicación del proyecto de expropiación, lo que consideran «un chantaje». «Reclamamos que todo el mundo se pueda acoger por igual al plan de expropiaciones y que un juez decida la indemnización por tantos años de sufrimiento», apunta Paqui Jiménez, portavoz de los vecinos. Desde el Colectivo Ronda lamentan que los vecinos están «igual» que en 2009 y que reclamarán el cumplimiento del decreto HAUS.

Un decreto que introducía un nuevo tipo de pisos sociales para vecinos afectados por planes urbanísticos. HAUS corresponde a las siglas en catalán de Vivienda para Afectados Urbanísticos. El objetivo es compensar a los propietarios o inquilinos que se vean obligados a irse de casa porque viven en una urbanización declarada ilegal, están afectados por un plan urbanístico o residen donde pasará una nueva infraestructura. La principal diferencia entre estos pisos y el resto de modalidades de vivienda social es que se podrán descalificar antes para venderlos al mercado libre. El decreto establece que los pisos estarán sujetos al régimen de protección pública entre 20 y 30 años. Excepcionalmente, se podrá rebajar a 15 años. Si el piso donde vivía la familia ya era de protección, dependerá de la calificación del suelo.

Los antecedentes

En abril de este año se anunció que, finalmente, el derribo del edificio Venus del barrio de la Mina, en Sant Adrià del Besòs, será una realidad en el año 2028. Previsto desde el año 2001, la demolición de este gigantesco bloque de pisos será la expropiación más importante que se ha hecho nunca en Cataluña.

Después de dos décadas de toma y daca, el Consorcio de la Mina –formado por la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona– ha aprobado el plan que prevé el derribo definitivo. En total quedarán en escombros 244 viviendas de protección oficial y 15 locales, lo que provocará el realojamiento de 105 vecinos que cumplen los requisitos del plan y una indemnización o la posibilidad de alquiler social de todos los demás residentes. En su espacio se levantarán, entre otros edificios, un nuevo complejo administrativo de la Generalitat y una guardería.

El presidente y la vicepresidenta del Consorcio del barrio de La Mina, el conseller Carles Campuzano y la en ese momento alcaldesa Filomena Cañete, se mostraron «contentos» y «satisfechos» por esta aprobación. El Plan Especial de Reordenación y Mejora (PERM) del barrio de la Mina se aprobó en 2009, aunque el primer proyecto que preveía el derribo del edificio Venus es de 2001. Ahora bien, el Consorcio nunca ejecutó nunca el plan por las desavenencias con los vecinos sobre la tasación de los pisos y por la imposibilidad de las familias de pagar los 40.000 euros que les pedían para acceder a las nuevas viviendas. Mientras, las condiciones de insalubridad se iban agravando.

En los últimos años, y viendo que continuaban en el olvido, algunas familias han impulsado procedimientos judiciales para reclamar una indemnización por el retraso del derribo. De hecho, en 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se pronunció sobre la primera demanda vecinal y condenó al Consorci a ejecutar el plan. De momento, hay 31 vecinos que han notificado la voluntad de acogerse a la indemnización prevista en el plan y el Consorcio está en disposición de empezar a pagar las demandas de forma inmediata y también de realizar los primeros 30 realojos.

El importe total de valoración de los bienes y derechos del proyecto de expropiación es de 19 millones de euros, una cifra que se acordó a inicios del pasado año. Desde Derechos Sociales destacan que el nuevo plan mejora el aprobado en 2009, puesto que se ha aumentado la valoración de las viviendas para calcular las indemnizaciones, que han pasado de 79.340 euros (tres habitaciones) y 98.851 (cuatro) a 97.450 y 121.514 respectivamente. También aumenta la indemnización por gastos de traslado hasta los 1.500 euros y se establece una indemnización por pérdida de posesión para los vecinos que no son propietarios, de 6.846 y 8.529 euros según habitaciones, y que se descontará de la indemnización del propietario.