Gerona enviará inspectores para coaccionar a los comercios que se obstinen en no usar el catalán

El Ayuntamiento de Gerona –la única capital de provincia en Cataluña gobernada por la izquierda radical independentista– ha anunciado que «intensificará» su acción para asegurar que el catalán esté presente «en todos los ámbitos». Así lo destaca un comunicado enviado por el consistorio este lunes, en el que defendían las «medidas activas» en un contexto de disminución del uso social del catalán, tal y como constataba la última Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población.

En este sentido, el Ayuntamiento hace meses que tiene en el punto de mira a los comerciantes que no usen el catalán en la rotulación o para atender a los clientes. En 2024, el consistorio identificó 225 establecimientos en esta situación y remitió a 32 de ellos a la Agencia Catalana del Consumo (ACC), el organismo responsable de multar a los negocios que no respetan los «derechos lingüísticos».

En 2023 –último año del que la Generalitat ha publicado las cifras, a la espera de las de 2024–, la ACC ingresó casi 500.000 euros en sanciones por «vulneración de los derechos lingüísticos». Es la segunda tipología de sanciones que más ha crecido en los últimos años: cuadriplicó los resultados de 2022 y multiplicó por 28 los de 2021, cuando sólo se recaudaron 17.350 euros por este motivo.

Un «refuerzo» en 2025

El Ayuntamiento de Gerona no está dispuesto a aflojar, y en 2025 han «reforzado», dicen, los recursos destinados a «detectar y contactar» con los comercios. En los dos primeros meses del año han identificado ya a 11 comercios que no cumplen la normativa, que ya han sido contactados.

La teniente de alcalde y regidora del área de Servicio a las Personas y Lengua Catalana, Núria Riquelme, usa un lenguaje amable, pero no esconde que tras la zanahoria asoma el palo. «Buscamos que el catalán refuerce su presencia en el tejido comercial de la ciudad, y lo hacemos con la mano extendida, mejorando la comunicación con los establecimientos, recordándoles la normativa y acompañándoles en las dudas que puedan surgir», dice.

Pero –añade Riquelme– tienen «claro» que el «límite» está en el «cumplimiento de la normativa y el respeto a los derechos lingüísticos» de los ciudadanos. En este sentido, desde el Ayuntamiento insisten que, en caso de que los 11 comercios identificados se obstinen en no usar el catalán, se notificará a la ACC para que se les imponga la correspondiente multa.

Además, desde el Ayuntamiento anuncian que este 2025 se prevé que miembros del personal técnico municipal «hagan visitas presenciales a los comercios incumplidores», para «sensibilizarles» y recordarles su «obligación» con la normativa. Dicho de otra manera, enviarán inspectores para coaccionar a estos comercios amenazándoles con sanciones si no pasan a usar el catalán.