Comunidad Valenciana  Los recortes de Compromís en atención temprana afectan a 3.000 niños en lista de espera

Yeni Figueres tiene 41 años y es madre soltera de un niño de cuatro con déficit de atención e hiperactividad (TDAH) al que solo puede pagarle las sesiones de atención temprana por la vía privada gracias a la ayuda económica de su hermana.

La razón no es otra que los «recortes» por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas en materia de Atención Temprana. Según explica Figueres, en el departamento que gestiona la vicepresidenta valenciana, Aitana Mas, se le indicó que su hijo «ya no necesitaba más sesiones», aunque ella asegura que es todo lo contrario. De hecho, explica que ha sido la propia profesora del menor la que le ha confirmado «que sí requiere esa atención».

El problema parte de una instrucción de la Consejería mediante la que se reduce solo a una el número de sesiones que estos niños han de recibir cada semana. Por ello, no son pocas las familias que, como Yani, han de recurrir a centros privados porque en el colegio no los pueden tratar y en la sanidad pública «te tienes que esperar hasta que cumplan seis años y eso para ellos es mucho tiempo».

En cuanto al día a día del menor, Figueres indica que aún «no tiene deberes», pero sabe que cuando empiece a tenerlos, «le va a costar más», por lo que sabe que se tiene que buscar «la vida».

Esta situación no es la primera vez que la vive, ya que poco tiempo atrás el niño también padecía de hipotonía, es decir, bajo tono muscular, por lo que la madre solicitó a la Consejería los servicios de un fisioterapeuta. «Nunca me lo dieron, tuve que pagarlo yo de mi bolsillo», lamenta.

«Lo justo para comer»

Aunque lo que le mueve es el amor por su hijo y que este «tenga atención temprana», Figueres reconoce que la reducción de sesiones al menor y la obligación de buscarse por su «cuenta» un centro privado no lo sienta «económicamente bien». «Somos familia monoparental, vivimos los dos solos y todo sale de mi bolsillo. Si no me llega a estar ayudando mi hermana, tendría lo justo para comer», afirma.

Estos recortes que padece y denuncia la madre del pequeño de cuatro años la corrobora la presidenta de la Asociación Valenciana de Atención Temprana (AVAP), Isabel Blanes, que apunta que la política que está llevando a cabo el departamento de Mas en este ámbito «pone en riesgo la calidad de la atención temprana».

Según Blanes, la «problemática» radica en que cuando se aprueba «una instrucción rígida», esta «no puede o no acaba de contemplar muchas cosas que suceden en la realidad y que no tienen nada que ver con lo escrito en un papel». Ello provoca, en opinión de la profesional, en que la recuperación de esas sesiones «no se acabe cumpliendo» y los «más perjudicados sean los niños que son atendidos en los centros».

Respecto al total de sesiones semanales de tratamiento, Blanes critica que esté estipulado en una, puesto que la atención «tiene que ser la que toque porque cada una es específica». Para la presidenta de AVAP, esta decisión meramente política es «inviable» porque el calendario de sesiones «es algo que está muy calibrado», por lo que rechaza de plano que, en el caso de que un niño requiera tratamientos de fisioterapeuta y logopeda, «tenga una semana de uno y a la semana siguiente, el otro». Hasta el momento, indica, «estaban recibiendo dos o tres sesiones cada semana».

Otro motivo a la hora de justificar estos recortes, según Blanes, es la «reducción de las listas de espera», que actualmente está en el entorno de los tres mil niños. «Buscan que entren más menores, pero con una menor atención», señala.

Con tal de remediar esta situación, la máxima responsable de AVAP insta a la Consejería a «escuchar más a los sectores que están trabajando a nivel de campo para llegar a un acuerdo» para no seguir perjudicando a los menores.

Consecuencias «irreversibles»

En cuanto a las valoraciones políticas de la gestión en atención temprana, la portavoz adjunta del Partido Popular en las Cortes Valencianas, Elena Bastidas, asegura que la vicepresidenta Mas «sigue con las políticas fallidas de Mónica Oltra» y pone «en peligro la atención de los más pequeños».

Así, la parlamentaria advierte de que no «actuar o actuar mal tiene consecuencias dramáticas para las familias», por lo que exige al tripartito de izquierdas –PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem– que dejen de estar pendientes del «reloj electoral» y sean conscientes de que cada diagnóstico con retraso «supone condicionar las vidas de esos niños y niñas».

En este sentido, Bastidas critica el doble discurso del Gobierno valenciano, ya que, por un lado, «se les llena la boca hablando de aprobar derechos», mientras, a la vez, «sacuden a los más vulnerables, que son los pequeños con capacidades especiales», algo provoca «efectos negativos y, en algunos casos, irreversibles en el desarrollo del menor, su estabilidad y la mejora de su situación».

Respecto a las cifras, la popular indica que el «46 % de los niños» con estas necesidades «no acude a ningún centro público de atención temprana», por lo que la Comunidad Valenciana se ha convertida en la «penúltima de toda España» en ofrecer este tipo de tratamientos, «no llegando ni al 20 % de las personas que lo requieren».

Sobre la reducción en el número de sesiones, Bastidas critica que Mas llame «eufemísticamente planificar y reordenar» a lo que en realidad significa «recortar» y lamenta que las familias tengan que elegir qué tratamiento reciben cada semana: «Les están obligando a elegir entre que su hijo hable o ande», zanja la portavoz adjunta del PP.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos María Quiles ahonda en estas afirmaciones y califica de «desastre» el día a día en la Consejería competente. «No es de justicia que aquéllos que venían a ayudar a las personas hagan que los tratamientos solo los tengan los que pueden pagarse uno privado porque lo público no los ofrece», apunta.

La parlamentaria 'naranja' se muestra «tremendamente enfadada» porque considera que el Ejecutivo autonómico «está dejando a los niños desprotegidos» y no advierte visos «de cambio o rectificación» por parte de Mas, puesto que tanto la vicepresidenta como sus compañeros de Gabinete «están a otra cosa», razón por la que, según Quiles, «no hay ningún colectivo que hable bien de la política social que se está llevando en esta Comunidad».

Por último, para la diputada autonómica de Ciudadanos, todo lo descrito se vuelve aún más grave cuando se miran las partidas presupuestarias que tiene la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas para este año 2022, que ascienden hasta los «2.045 millones de euros». «No puede ser que con tanto dinero se estén haciendo las cosas tan mal», concluye Quiles.