Catalanismo, sanidad y servicios sociales, los desaguisados de Puig a resolver por Mazón en los Presupuestos

Los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2024 siguen su tramitación parlamentaria camino a su aprobación definitiva por las Cortes Valencianas en un pleno que, previsiblemente, se celebrará en la segunda quincena del mes de diciembre. La consejera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, presentó las cuentas públicas, las primeras de la coalición del Partido Popular y Vox, destacando que el montante aumenta un 4,55 % hasta los 29.732 millones de euros pese a haber tenido que hacer frente a «la peor herencia».

La semana pasada ha sido el turno de los diferentes consejeros, que han ido compareciendo en las Cortes autonómicas para desgranar las partidas de sus departamentos. En general, todas las intervenciones han seguido la línea de revertir la gestión que hicieron el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos, pero tres de ellas han destacado por ser los ejes sobre los que desmantelar la ejecutoria del tripartito: lucha contra las injerencias catalanistas en la Comunidad, reforzar la sanidad y mejorar la calidad de los servicios sociales.

Respecto al primero, el presidente autonómico, Carlos Mazón, se ha propuesto desde que tomó posesión dar carpetazo a la política procatalanista que la izquierda llevó durante ocho años, con más de 13 millones de euros públicos concedidos al entorno independentista para favorecer la idea de los «Países Catalanes», así como con un fuerte adoctrinamiento en las aulas siguiendo el ideario separatista. De este modo, el consejero de Educación, José Antonio Rovira, destaca que el presupuesto de su departamento se destinará a lograr los objetivos «marcados», es decir, «una educación de calidad, libre de ideologías y centrada en el alumnado, donde los padres y las madres tengan libertad de elección de centros y donde se perciban las aulas como un espacio seguro».

Cultura «sin ideología política»

Asimismo, en los colegios e institutos de la región se fomentará el uso del valenciano y no del catalán como se encargó concienzudamente de hacer Compromís con la connivencia de Puig. Prueba de ese giro de guion es que el consejero entregó hace semanas a la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) los nuevos criterios lingüísticos para que la lengua deje de estar «catalanizada». En el mismo sentido, Rovira aprobará que los alumnos en zonas castellanohablantes no estén obligados a estudiar en valenciano más allá de la propia materia y no otras.

Esta política de romper lazos con el anexionismo también se dará en la Consejería de Cultura. Su titular, el también vicepresidente primero, Vicente Barrera, gestionará su cartera apostando «por la cultura sin ideología política, en la que no se promocione nada que dificulte nuestra convivencia». Dicho con otras palabras, las partidas se han diseñado pensando en «la mayoría de los valencianos» y no están destinadas «a utilizar la cultura para adoctrinar o favorecer a los afines».

En opinión del dirigente, el actual es «el momento de impulsar la verdadera cultura valenciana», puntualizando que eso no significa «cambiar la cultura del pueblo valenciano», sino «no deformarla o moldearla con imposiciones» porque la cultura «es del pueblo y no de los políticos». Asimismo, y siguiendo la política de no conceder ni un euro público a asociaciones independentistas, Barrera afirma que ni su Consejería ni ninguna otra del Gabinete de la Generalitat va a «defender a ninguna entidad que busque dividirnos y vaya en contra de nuestro acuerdo estatuario».

En cuanto a sanidad, la tarea de Mazón también será ardua porque Puig y sus socios legaron un sistema colapsado, con eternas esperas en numerosos hospitales y centros de salud de las tres provincias y con aspectos cuando menos llamativos como que la mitad de las ambulancias SAMU circulasen sin un médico en su interior. Con un presupuesto de 8.504 millones de euros, el consejero de Sanidad, Marciano Gómez, se ha puesto el reto de que estas sean las primeras cuentas «del cambio sanitario» y para ello destinará «cada día» 23 millones de euros a «a fortalecer el sistema valenciano de salud, para garantizar un acceso equitativo de toda la población, así como orientar la calidad asistencial hacia la excelencia».

Atención Primaria y salud mental

«El eje prioritario de la estrategia política se va a centrar en las mejoras organizativas, tanto a nivel de gestión sanitaria como de gestión clínica, especialmente en Atención Primaria», indica Gómez en alusión a uno de los grandes problemas del sistema que dejó Puig y al que el nuevo Ejecutivo destinará 700 millones de euros en el ámbito asistencial y otros 1.000 para el personal de los centros sanitarios. El consejero también subraya que su departamento va a dotar con 20 millones de euros más los planes de salud mental, es decir, un 17 % más que en el último año del tripartito.

En cuanto a servicios sociales, la vicepresidenta segunda de la Generalitat y responsable del ramo, Susana Camarero, plantea un presupuesto orientado a «reducir las listas de espera por la desidia y las luchas internas» de la izquierda, a la par que «mantiene el gasto social e incrementa las partidas destinadas a las personas más vulnerables». De hecho, en los dos últimos meses su departamento ha tramitado 8.892 nuevos expedientes de personas en situación de dependencia, lo que ha permitido encadenar dos meses seguidos de bajada de la lista de espera. Se trataba de unos documentos que estaban propuestos desde el mes de junio, pero que no se habían podido ejecutar por la «falta de dotación presupuestaria del anterior Gobierno».

Otros de sus desafíos son la lucha contra la violencia sobre las mujeres, que contará con mayor dotación, así como hacer frente a la «situación heredada de los centros de menores», deseando que se conviertan en «lugares seguros donde vivir sin violencia, sin agresiones, pero también un lugar digno y un desarrollo de su vida que les permita tener el futuro que merecen». Cabe destacar que en uno de esos centros tuvieron lugar los abusos sexuales del marido de Mónica Oltra a una niña, por los que fue condenado a cinco años de cárcel y por cuyo supuesto encubrimiento la exdirigente de Compromís sigue investigada.