Gemelos, 28, a la derecha, las torres gemelas de Benidorm bajo amenaza de derribo
Los dos rascacielos de lujo de Benidorm que casi nadie quiere derribar
Una distancia de entre cuatro y cinco metros convierten en ilegales las dos torres de Gemelos, 28, en la ciudad alicantina
El Ayuntamiento y los vecinos de oponen a una sentencia que el Gobierno regional también se resiste a aplicar
El Ayuntamiento de Benidorm acaba de presentar una alegación ante la sala Contencioso Administrativo del TSJ al proyecto de derribo de las torres Gemelos, 28 de la playa de Levante de Benidorm, que está previsto licite la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, que dirige Rebeca Torró, tras recibirse el informe técnico-jurídico sobre la situación de los edificios realizada por el Gobierno del Botànic.
El informe advierte sobre el «impacto ambiental» y le pide al órgano judicial competente que se pronuncie asegurando que «la demolición puede afectar gravemente al litoral, por la inevitable caída de cascotes, con posible contaminación de las aguas por el polvo y otras sustancias».
Los vecinos, tanto los que compraron de buena fe y habitaron sus viviendas en 2010, como los que viven en el edificio de atrás, privados de «las vistas» que revalorizan sus viviendas, por un edificio con sentencia firme de demolición, mantienen el contencioso vivo.
Víctor Soriano i Piqueras es el abogado que representa a la mayoría de los vecinos de Gemelos, 28, las dos torres de 21 pisos y 168 viviendas de lujo, más 153 plazas de garaje, origen de la controversia. El Debate ha hablado con él acerca de esta nueva maniobra del Ayuntamiento de Benidorm para forzar la no ejecución de una sentencia que, por otra parte, nadie parece querer ejecutar en firme.
100 millones para echar abajo las torres
«Lo que los propietarios venimos planteando es la inejecución de las sentencia; es decir, que se declare, por parte del Tribunal, que la sentencia, por razones materiales, no es ejecutable. Sabemos que la sentencia es firme ordenando el derribo, y contra eso no podemos hacer nada; lo cierto es que, en la práctica, el derribo no es viable, primero porque cuesta 100 millones de euros, aproximadamente, segundo porque se tardarían años en hacerlo y, tercero, y sobre todo, porque se generarían, según dice el informe del Ayuntamiento de Benidorm, daños al medio ambiente irreparables», señala el letrado.
Cuestionado por los vecinos del bloque que se sitúa a su espalda, a los que tapan «las vistas», y que en estos momentos son los que mantienen la llama encendida de un proceso judicial tan largo, Soriano i Piqueras apunta a que «los propietarios que se han visto afectados por este proceso judicial tienen derecho a ser indemnizados si se declara que la sentencia no puede ser ejecutada».
«Y nosotros –zanja–, mis clientes, los propietarios, están a favor de ello, a cambio de que no se ejecute la sentencia de derribo. Una previsión prevista en la jurisdicción contencioso-administrativa. No tendría ningún sentido derribar un edificio, con un coste para las arcas públicas de aproximadamente 100 millones de euros, cuando acto seguido, ese edificio se va a poder reconstruir, solo cuatro o cinco metros más hacía atrás, y con todavía más plantas de las que ya tiene».
Su primera licencia, en 1988
Recordemos que las torres Gemelos 28, situadas en Punta Llisera, con vistas al skyline de la playa de Levante, a pocos metros del Parque Natural de Serra Gelada obtuvieron su primera licencia municipal, por parte del propietario, en 1988, dos meses antes de que entrara el vigor la Ley de Costas –un hecho que podría ser sospechoso, pero que la Agencia Antifraude no investigó–. En 2005 consiguieron el permiso para construirlas, por parte de la Consejería de Obras Públicas. Hasta 2009, el Ministerio de Medio Ambiente intentó frenar la construcción, hasta desistir.
Solo los vecinos del bloque de edificios situado detrás de las torres, persistirían en la vía judicial. En 2010 se entregaban las viviendas, siendo la mayoría de ellas habitadas por ciudadanos de nacionalidad rusa. Por aquel entonces, los vecinos de ambos complejos residenciales intentaron llegar a un acuerdo, a través de la Corte de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Valencia.
Sin embargo, un fallo del Supremo sentenciaba a las torres: la Generalitat es culpable. Tiene que pasar por caja y son 100 millones de euros, como bien ha recordado el letrado Víctor Soriano. A dividir entre derribo e indemnizaciones. Lo que pagaron por la vivienda más un 20 %.
La historia sigue, en 2015 el Gobierno del Botànic, capitaneado por Ximo Puig, llegó a destinar una partida bianual para la redacción del proyecto de demolición, 200.000 euros que, ocho años después siguen sin concretarse.
