Campaña de vigilancia de uso de gasóleo bonificado
Empresarios alicantinos se enfrentan a multas de hasta 150.000 € por el uso fraudulento de gasóleo agrícola
La Guardia Civil ha llevado a cabo una campaña para detectar estas estafas en más de 190 vehículos, de los cuales 23 han resultado infractores
La Guardia Civil ha llevado a cabo más de 190 inspecciones para detectar el uso indebido de gasóleo tipo B, descubriendo su utilización por parte de 23 empresas que operaban en las comarcas alicantinas de la Marina Alta y la Marina Baja. Las muestras intervenidas, junto con las actas administrativas, han sido remitidas a la Oficina Gestora de Aduanas e Impuestos Especiales, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Las sanciones por los fraudes detectados podrían alcanzar un total de 150.000 euros.
La investigación dio comienzo a principios de mayo de este año, cuando la Patrulla de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Calpe inició una serie de dispositivos preventivos para el control y detección del uso indebido de gasóleo tipo B (gasóleo agrícola).
Las inspecciones se realizan mediante la extracción de gasóleo de los depósitos, donde inicialmente se comprueba a simple vista la coloración del combustible. Una vez detectada cualquier irregularidad, se extraen las muestras para su análisis, las cuales se depositan en envases precintados y marcados, y se envían, junto con el acta de denuncia, a la Oficina Gestora de Aduanas e Impuestos Especiales, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Los investigadores inspeccionaron más de 190 vehículos en diversas zonas de la Marina Alta y la Marina Baja, identificando finalmente un total de 23 personas jurídicas infractoras, correspondientes a distintas empresas con sede en las provincias de Alicante, Albacete, Valencia y Murcia.
Las sanciones por el uso de este tipo de combustible, que no está sujeto al Impuesto Especial de Hidrocarburos, se consideran una infracción tributaria grave según la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales. Estas sanciones varían en función de las características técnicas del vehículo utilizado, pudiendo llegar hasta los 12.000 euros por infractor. En este caso, el total de las sanciones acumuladas por los infractores podría alcanzar los 150.000 euros.
