Francis Puig, hermano de Ximo Puig
El Gobierno de Mazón sopesa personarse en la causa contra el hermano de Ximo Puig por la trama de subvenciones
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juezel procesamiento de Francis Puig y de Juan Enrique Adell Bovell por los delitos de estafa y falsedad documental
El Gobierno de Carlos Mazón estudiará personarse en la causa abierta por las presuntas irregularidades en las ayudas al valenciano por parte de empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig.
Fuentes conocedoras han confirmado a Europa Press que, una vez que se reciba toda la documentación del juzgado, se estudiará la posible personación en la causa.
Esta misma semana se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia el procesamiento de Francis Puig y también de Juan Enrique Adell Bovell por la presunta comisión de los delitos de falsedad documental y estafa en la obtención de subvenciones para empresas de comunicación.
En un escrito el Ministerio Público precisa que las cantidades obtenidas de los gobiernos valenciano y catalán por una de las empresas –Mas Mut Producción SL– asciende a 110.691,97 euros durante el período de 2015-2018. Por este posible perjuicio económico, se realiza el ofrecimiento de acciones a la Abogacía de la Generalitat Valenciana y a los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña.
Fomento del valenciano
La causa –en la que se investiga a Francis Puig y a Juan Enrique Adell Bover– se centra en las ayudas concedidas por ambas instituciones autonómicas a las empresas Comunicacions dels Ports SA, Mas Mut Producción SL y Canal Maestrat.
En el caso de la Generalitat valenciana, las ayudas iban dirigidas a la protección y difusión del valenciano, mientras que en el de la Generalitat Cataluña el objeto era otorgar subvenciones estructurales para la prestación de servicios en legua catalana o aranesa.
Por su parte, Comunicacions dels Ports SA –empresa administrada por Puig– ha defendido «la legalidad de sus actuaciones» y ha subrayado que las alegaciones «aclaran sobradamente las dudas sobre la tramitación de las ayudas al valenciano».
