El expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el pasado 20 de febrero, en Madrid
La Justicia constata que Ximo Puig favoreció a Prensa Ibérica en el reparto de publicidad pero no ve delito
La jueza ha determinado que hubo irregularidades y en la ejecución económica se comprobó que los descuentos ofertados no se aplicaron como se prometió, pero aún así «no hay pruebas suficientes» para considerarlo infracción
El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha archivado la investigación sobre la publicidad institucional que la Generalitat Valenciana otorgó a diversos medios de comunicación entre 2016 y 2019, periodo en el que Ximo Puig lideraba el Consell. Las pesquisas, iniciadas hace un año por la Fiscalía tras una denuncia de la Agencia Antifraude, no ha encontrado pruebas suficientes para considerar los hechos como delito, aunque sí queda patente que el Gobierno formado por el PSPV y Compromís benefició al grupo Prensa Ibérica.
La causa comenzó en julio de 2023, con el foco puesto en los acuerdos de promoción del Gobierno valenciano. Estos contratos, denominados de publicidad institucional, incluían inserciones, anuncios y otras acciones de divulgación desde la Administración. La Fiscalía acusaba a varios funcionarios y empresas de cuatro delitos: falsedad en documento mercantil y estafa agravada, prevaricación administrativa, malversación y fraude a la administración.
La denuncia se basaba en dos tipos de irregularidades: las cometidas durante la licitación de los contratos y las llevadas a cabo por las empresas adjudicatarias en su ejecución y justificación económica. Entre las empresas investigadas figuraban Mediterránea de Medios y Maxus, intermediarias que ofrecían elevados descuentos para ganar los contratos, descuentos que la Fiscalía consideró irreales y perjudiciales para la Administración.
La jueza encargada del caso concluye que, aunque se han detectado irregularidades, estas no son constitutivas de delito, según informa Valencia Plaza. Las irregularidades en la licitación carecen de relevancia penal y deben ser corregidas administrativamente por la Generalitat Valenciana. En cuanto a la ejecución y justificación económica, se ha comprobado que los descuentos ofertados no fueron tales y que las empresas adjudicatarias obtuvieron descuentos muy inferiores de sus proveedores.
Específicamente, la jueza señala que «las cantidades facturadas a la Administración eran superiores a las que debían ser si se hubieran aplicado los descuentos ofrecidos». Sin embargo, afirma que «esto no constituye malversación, ya que el dinero destinado a publicidad se utilizó según lo presupuestado y no se desvió para otros fines». Tampoco encuentra pruebas de fraude ni estafa.
En relación con la polémica entrevista de Ximo Puig en The Guardian, financiada por la Generalitat por 43.000 euros y realizada por The Report Company, la jueza no ve indicios de infracción penal. La entrevista, que generó controversia por considerarse el pago de autobombo con dinero público, ha sido uno de los puntos destacados en la investigación.
Favorecimiento a Prensa Ibérica
La investigación también revela un reparto desigual de la publicidad entre los distintos medios, favoreciendo económicamente a Prensa Ibérica. De un total de 288.298 euros en facturas analizadas, Prensa Ibérica facturó 114.394 euros (39,68 %), muy por encima de otros grupos. En una campaña de enero de 2018, el diario Levante-EMV facturó 14.755 euros, comparado con los 5.268 euros de Las Provincias y los 1.000 euros de Valencia Plaza y Alicante Plaza.
Prensa Ibérica es un grupo de comunicación con una amplia presencia regional y local en medios en su mayoría afines a los postulados de la izquierda; entre otros Levante-EMV (Valencia), La Nueva España (Asturias), Diario de Mallorca (Baleares), La Opinión de Málaga (Málaga), La Opinión de Murcia (Murcia), Faro de Vigo (Vigo), El Periódico de Catalunya (Cataluña), Información (Alicante), La Provincia (Las Palmas) y El Día (Tenerife). Además, cuenta con revistas y suplementos como Revista Plaza y Mujer Hoy.
Contexto político
El fallo judicial se produce en un contexto de crecientes amenazas desde el PSOE a los medios que consideran críticos. En Valencia, el PSPV-PSOE ha emprendido una campaña contra la prensa «no afín», acusando al Ayuntamiento de financiar «pseudomedios» para difundir «bulos».
Borja Sanjuán, portavoz socialista en el Consistorio y otros dirigentes del PSPV, como Sandra Gómez y José Muñoz, han criticado abiertamente a medios que consideran hostiles, acusándolos de «difundir información falsa y perjudicar el debate público». Esta campaña se alinea con la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien también ha descalificado a la prensa crítica tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por corrupción y tráfico de influencias.
El archivo de la causa por parte del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia cierra una investigación que, aunque no ha encontrado pruebas suficientes para considerar los hechos como delitos, ha revelado irregularidades en la gestión de la publicidad institucional. La decisión destaca el favorecimiento económico a Prensa Ibérica, pero señala que las irregularidades administrativas deberán ser corregidas internamente por la Generalitat Valenciana. El fallo judicial se enmarca en un clima de confrontación política y mediática, con el PSOE en Valencia intensificando su presión contra los medios escépticos y tras el anuncio del presidente del Gobierno Pedro Sánchez de una ley de «regeneración democrática» que pretende ser una verdadera Ley Mordaza contra la prensa que desde Moncloa consideran «hostil».
