Guerra abierta entre hosteleros y el alcalde socialista de Guardamar por la normativa que limita sus terrazas

Setenta hosteleros y comerciantes de Guardamar del Segura, en Alicante, han firmado un escrito registrado en el Ayuntamiento para expresar su rechazo a la nueva normativa sobre ocupación de la vía pública, que les obliga a retirar tarimas y cerramientos de sus terrazas. La medida ha generado un conflicto entre el sector y el Gobierno municipal liderado por el socialista José Luis Sáez.

Los hosteleros han constituido una plataforma de afectados por el reglamento, desde donde exigen que se deje de «poner trabas» al sector. «Solo queremos trabajar en paz y seguir ofreciendo un servicio de calidad a los habitantes del pueblo y a los miles de turistas que nos visitan cada año y disfrutan de nuestras maravillosas, cómodas y, hasta el momento, seguras terrazas», afirman.

El comité de acción de esta plataforma ha anunciado diversas iniciativas bajo el lema «Sí a las terrazas dignas y seguras», que incluyen la creación de una mesa de diálogo con el Consistorio, la vía judicial administrativa, acciones reivindicativas con movilización social, la instalación de mesas informativas para la ciudadanía y la celebración de manifestaciones.

«Personas 'non gratas'»

Con el respaldo del Partido Popular en la oposición, los profesionales proponen declarar «personas non gratas» al equipo de gobierno municipal respecto a su presencia en los locales afectados. Aunque no han especificado qué procedimiento emplearán para lograrlo, insisten en la necesidad de «una revisión inmediata del nuevo reglamento» para adaptarlo a las necesidades reales del sector y mejorar la competitividad de los negocios.

La ordenanza en cuestión establece que «se autorizará la ocupación de la vía pública con mesas y sillas, sombrillas y toldos, quedando excluidas las estructuras fijas ancladas al suelo y las tarimas». Además, determina «la obligatoriedad de la retirada de todo el mobiliario (incluyendo maceteros, césped artificial, pies de sombrillas, paravientos, separaciones y cualquier mobiliario existente) al terminar la actividad diaria».

Los hosteleros consideran que esta normativa representa un problema logístico importante, ya que retirar y montar el mobiliario a diario ocasionaría molestias a los vecinos y dificultades para los trabajadores. Además, cuestionan la viabilidad de mantener despejadas las zonas de terrazas si, al abrir sus locales, encuentran coches aparcados en los espacios por los que pagan tasas municipales.

El Ayuntamiento defiende la regulación

Desde el Ejecutivo municipal, su alcalde asegura que no se trata de una eliminación de terrazas, sino de regular su uso. «No hay necesidad efectiva de explotar la vía pública fuera del horario de servicio», manifiesta. Asegura que los responsables de los locales han tenido un plazo de dos años para adaptarse a la normativa y defiende la medida como una forma de garantizar la seguridad y la movilidad en el municipio.

Sin embargo, la oposición y los afectados no están de acuerdo. Desde el PP de Guardamar, su presidenta y concejal, Marisol Gallud, declara en un vídeo en redes sociales que «esta ordenanza no tiene ningún sentido». También pide al alcalde «que deje de poner trabas a los hosteleros» y le recuerdan que son estos empresarios locales quienes crean empleo en el municipio.

Además, un informe de la Policía Local indica que no se puede garantizar la retirada de todos los vehículos para que los hosteleros puedan montar las terrazas en su horario de apertura, lo que suma otro obstáculo a la aplicación de la normativa.

Exigencia de suspensión de la ordenanza

La plataforma de afectados también denuncia que el Ayuntamiento «falta a la verdad» al afirmar que los hosteleros no han intentado negociar en estos dos años. «Hemos presentado escritos de alegaciones en tiempo y forma, y nunca obtuvimos respuesta», aseguran.

La «Plataforma Afectados Terrazas Guardamar» ha publicado en su página de Facebook un mensaje en el que desmiente las afirmaciones del regidor sobre reuniones con el sector. «El mero hecho de mantener una reunión con nosotros, que ha sido forzada por esta plataforma, no demuestra su voluntad de acercar posturas en absoluto», denuncian. Según la publicación, el alcalde y los concejales José María Hernández Campillo y Gisela Teva Quirant «han hecho oídos sordos» a sus peticiones, que incluyen la suspensión de la norma hasta lograr acuerdos y la garantía de que ningún comercio será sancionado hasta entonces.

«Queremos dejar de manifiesto que se nos dejó con la palabra en la boca y solos en la mesa de reunión, más que acercar posturas, lo que ha hecho es alejarlas», lamentan. Como respuesta, anuncian «el inicio de todas las acciones legales y populares» para defender sus intereses y hacen un llamamiento a la ciudadanía para que los apoye y difunda su mensaje. En este sentido, los hosteleros afectados han comenzado una recogida de firmas en bares, restaurantes y comercios de la localidad.

El conflicto entre hosteleros y el Ayuntamiento de Guardamar del Segura continúa escalando, con un sector decidido a defender su derecho a operar sin unas restricciones que consideran abusivas. Mientras el Gobierno municipal mantiene su postura, la oposición y los afectados siguen sumando apoyos en una lucha que promete alargarse en el tiempo.