Chantaje del Gobierno a los ayuntamientos: o ponen multas en las Zonas de Bajas Emisiones o adiós a las ayudas

Hace ya más de tres años que el Gobierno instaba a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a poner en marcha Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Se trata de espacios en los que se limita la circulación de vehículos en función de las emisiones de los coches, o lo que es lo mismo: en función de la etiqueta medioambiental que lucen en el parabrisas.

El Gobierno se ha escudado siempre en Bruselas, diciendo que se trataba de una imposición comunitaria a cambio del envío de fondos que irían a parar a las arcas municipales para infraestructuras o subvenciones al transporte.

No es cosa de Bruselas

Esto no es exactamente así, pues Bruselas no une estas transferencias de dinero a las ZBE, sino a la mejora de la calidad del aire de las ciudades, anunciando que en 2027 se hará la primera medición real de cómo ha evolucionado el aire en estos municipios. Se trata de un objetivo cuantitativo que no pasa por imposiciones como la puesta en marcha de estas limitaciones a la circulación.

Hablamos de 150 ciudades españolas obligadas a desplegar ZBE y por lo tanto de 150 normativas diferentes, un verdadero caos. Madrid y Barcelona, por ejemplo, han sido las más estrictas, limitando la circulación ya a millones de vehículos.

Millones de coches al desguace

En paralelo, otros ayuntamientos se han negado a ponerlas en funcionamiento o al menos lo han retrasado o han optado por otras alternativas, como llevar las ZBE a zonas de la ciudad poco frecuentadas por los conductores, todo ello en un intento por no molestar a los vecinos. Se trata sobre todo de ciudades en las que la calidad del aire no es un problema a día de hoy.

Otras urbes han buscado fórmulas mixtas, como desplegar las ZBE pero no multar por el momento a los conductores, a la espera de analizar cuál es la evolución real de la calidad del aire. En este caso es habitual que a los conductores que circulan con vehículos más contaminantes se les envíe una advertencia a casa.

El problema para el Gobierno es que la situación ha generado agravios comparativos con conductores de primera y de segunda, pues en función de la ciudad donde residan se ven obligados a tirar su coche o pueden seguir usándolo.

Gijón, abanderado anti ZBE

Con estos antecedentes Gijón denuncia a través de su concejal de movilidad, Pelayo Barcia, que el Gobierno ha aprobado este mismo mes de marzo una norma que liga determinadas subvenciones, como una que concede el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al transporte público de la ciudad, a que los ayuntamientos multen a los conductores de la ciudad en las ZBE.

En el caso de la ciudad asturiana la consecuencia, si se confirma la eliminación de esta ayuda al transporte, es que el precio del billete de autobús se va a disparar de los 38 céntimos actuales a los 75, pues si el ayuntamiento de Gijón no comienza a multar a los ciudadanos por circular por las Zonas de Bajas Emisiones de la ciudad el ministerio dejará de enviar 1,2 millones de euros en subvenciones.

Pelayo Barcia explica que parece haberle sentado muy mal al Gobierno de Pedro Sánchez que «Gijón, al igual que otros municipios donde gobierna la derecha, ha cumplido con Europa y ha ejecutado los fondos europeos sin implementar más prohibiciones, e incluso revirtiendo algunas…», una situación ante la que el concejal de Transportes confirma que «plantarán cara al chantaje que supone esta nueva medida del Gobierno».

Un problema que se agrava aún más porque una de las arterias más importantes de Gijón es de titularidad estatal y por la misma circulan a diario en torno a 1.000 vehículos pesados, por lo que «es incongruente multar a 40.000 vehículos de Gijón que no tienen etiqueta mientras 1.000 camiones sin ella atraviesan diariamente la ciudad camino del puerto».