La Generalitat Valenciana urge a cambiar el modelo de financiación: «Sánchez nos lleva a la asfixia»

La consejera de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, ha exigido este miércoles al Gobierno de España la actualización inmediata y urgente de las entregas a cuenta del sistema de financiación de 2025, sin la cual la Generalitat recibe alrededor de 200 millones de euros menos cada mes respecto a los recursos que el Ministerio de Hacienda le comunicó que dispondría este año, que ascienden a 13.883 millones en total. «Sin los 3.000 millones del FLA extraordinario y con 200 millones menos cada mes por las entregas a cuenta, (Pedro) Sánchez nos lleva a la asfixia financiera», ha asegurado.

Merino ha denunciado que, en lo que va de año, son ya 500 millones los que la Generalitat ha dejado de ingresar «por la incapacidad del Gobierno central para presentar y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 y la inacción de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para actualizar por decreto las entregas a cuenta del sistema de financiación», ya que actualmente el Gobierno está pagando a las comunidades autónomas las cantidades prorrogadas de 2023.

«Espero que no suceda lo mismo que el año pasado, cuando la ministra Montero llevó a las autonomías al límite de su capacidad financiera al no aprobar hasta julio el Real Decreto Ley de actualización de las entregas a cuenta, incluso cuando ya había renunciado a presentar un proyecto de presupuestos para 2024», ha manifestado la consejera de Hacienda.

«Al no transferir a las comunidades autónomas la financiación anunciada y comprometida para 2025, el Gobierno nos lleva a una situación próxima al colapso, ya que en el caso de la Comunitat Valenciana hay que sumar su negativa a financiar mediante el FLA extraordinario el exceso de déficit del pasado ejercicio, de alrededor de 3.000 millones. Y todo esto en el año de la reconstrucción, para la que este año hemos anticipado ya 500 millones de recursos propios», ha relatado Merino.

«No sé en qué mundo vive un Gobierno central que incumple su obligación constitucional de presentar un proyecto de presupuestos y tiene la desfachatez de poner como excusa que no quiere hacer perder el tiempo al Parlamento porque no tiene los apoyos garantizados para aprobarlos», ha asegurado Merino, quien ha reclamado al Gobierno «que no convierta a los valencianos en rehenes de su propia debilidad parlamentaria».

«Las urgencias de los valencianos no pueden depender del resultado de las negociaciones en cuartos oscuros ni de los chantajes de los nacionalistas al Gobierno», ha asegurado la consejera, que ha recordado que, al no haberse aprobado los PGE de 2025 en tiempo y forma, cada día que pase sin que se apruebe un Real Decreto Ley para la actualización de esas entregas a lo previsto para este año, las autonomías percibirán las entregas a cuenta de 2023.

«Ahora que todo apunta a que el Gobierno de España vuelve a incumplir su obligación de presentar los PGE, cada día que pase sin actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación a lo que el propio Gobierno nos comunicó a las CC. AA. en julio para 2025 estará poniendo en peligro el pago puntual de los servicios básicos fundamentales», ha denunciado Merino.

Los proveedores, perjudicados

«A quien perjudica la asfixia financiera a la que nos somete el Gobierno es a los cientos de proveedores que pueden sufrir las tensiones de tesorería que ocasiona esta situación, o a los miles de valencianos a los que deja sin los recursos para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales», ha lamentado Merino.

Ante esta situación, la consejera ha explicado que la Generalitat se ha anticipado a posibles problemas en los pagos y ha solicitado al Institut Valencià de Finances (IVF) una transferencia temporal para atender puntualmente el abono de los servicios públicos fundamentales este mes.

«Frente a un Gobierno cercenado por las exigencias de sus socios, el Consell ha sido capaz de presentar un proyecto de presupuestos y de maniobrar a tiempo para seguir atendiendo los pagos de los servicios fundamentales de la forma adecuada» a pesar de la situación «extremadamente delicada» de la tesorería provocada por los pagos pendientes del Gobierno de España.