Las protestas se le acumulan a la alcaldesa de La Coruña: de la inseguridad al derribo de casas

La imagen de un grupo de personas que sale a la calle con sus pancartas para reclamar una solución a un problema se ha vuelto habitual en La Coruña desde que la socialista Inés Rey fuese nombrada alcaldesa en 2019. La última tuvo lugar el pasado miércoles 19 y tuvo como protagonistas a los vecinos del lugar Agra dos Mallos, que cortaron una de las avenidas de la ciudad para denunciar que un desarrollo urbanístico promovido por el Ayuntamiento les obligará a pagar elevadas cantidades para conservar sus actuales viviendas. Ha habido más en los últimos cinco años que han estado relacionadas con la inseguridad ciudadana y obras.

La protesta que adquirió más repercusión, incluso a nivel nacional, fue la ocurrida en el barrio de Monte Alto el pasado mes de febrero. Unas 200 personas se concentraron delante de un narcopiso en el marco de una protesta y cacerolada por el incremento de la delincuencia en la zona. Varias patrullas policiales del 091 y agentes antidisturbios tuvieron que desplazarse hasta el lugar e intervenir para evitar incidentes, ya que los residentes exigían el desalojo de los inquilinos, a los que acusaban de traficar con drogas. Finalmente, consiguieron su objetivo y el inmueble quedó vacío. En otra parte de la ciudad, en O Ventorrillo, se dio una situación similar poco después delante de un bajo, que al final acabó tapiado.

En 2021 se produjo una marcha que congregó a cientos de vecinos de Os Mallos para expresar su malestar ante lo que consideraban el «abandono» por parte de las autoridades ante el incremento de la inseguridad ciudadana. Se concentraron delante de un narcopiso. En el mismo barrio se registraron denuncias por la venta de estupefacientes en un bajo de un antiguo negocio que llevaba tiempo cerrado. Hace pocas semanas varios residentes organizaron una cacerolada contra la actividad de los propietarios de una vivienda, a los que acusan de traficar con drogas.

No solo ha habido quejas por la criminalidad, sino también manifestaciones contra una obra y un desarrollo urbanístico. En concreto, en el primer caso, los residentes de la zona conocida como Casas de Franco organizaron varias protestas contra una reurbanización de una calle promovida por el Ayuntamiento. Salieron a la calle durante cuatro meses para denunciar que la actuación generaría problemas de accesibilidad a las viviendas próximas y hasta que el Gobierno local se comprometió a modificar el proyecto no pararon. En el segundo caso, ocurrido recientemente, las personas salieron a la calle para denunciar que deben pagar cantidades elevadas para conservar sus viviendas del Agra dos Mallos ante el desarrollo de un polígono urbanístico. En sus pancartas se podían leer mensajes como «alcaldesa, nuestras casas no se tiran», «solución ya» o «alcaldesa, protege nuestro hogar».