Begoña Gómez y el arte de la semántica judicial

Queridos lectores, bienvenidos a otro capítulo de la tragicomedia política en España. Hoy vamos a desentrañar el gran misterio detrás de los términos «investigada» e «imputada», protagonizado por Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. Spoiler: a efectos prácticos, estos términos son lo mismo. Pero no se lo digan a los medios afines al gobierno, que parecen estar encantados de jugar a la semántica.

Desde 2015, la Ley de Enjuiciamiento Criminal decidió que «imputado» sonaba demasiado duro, en un cambio que claramente parece un oportunismo político descarado. Así que, en un giro digno de un guionista de Hollywood, cambiaron el término a «investigado». ¿La razón? Suavizar la imagen de aquellos bajo sospecha, especialmente si están en el ojo público. Imputado, investigado... Es como llamar a una granizada «ducha de perlas». Suena bonito, pero sigue mojando. Marketing electoral para una clase política que vive en los juzgados.

No nos engañemos: ser investigado es lo mismo que ser imputado. Ambos significan que la persona está bajo sospecha de haber cometido un delito y está siendo objeto de una investigación judicial. No importa cuántas veces cambien el nombre, sigue siendo el mismo cuento. Ya sea por una vía u otra, la denuncia contra esta señora tiene la credibilidad suficiente como para que se investigue de manera rigurosa.

Ahora, pongámonos al día con el escándalo. El magistrado Juan Carlos Peinado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias para investigar a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta investigación se originó a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias, que acusa a Gómez de usar su influencia para beneficiar a ciertos amigos empresarios con contratos públicos. Aunque los indicios presentados en la denuncia requieren una comprobación exhaustiva, son lo suficientemente serios como para justificar la apertura de la investigación.

La prensa amiga del gobierno ha suavizado la situación, insistiendo en que Gómez no está formalmente imputada. Claro, porque «investigada» suena mejor, casi como si estuviera colaborando en una investigación para el bien común. No caigamos en esa trampa. Ser investigado significa que el juez ha visto suficiente humo como para buscar el fuego.

Mientras los medios pro-gubernamentales juegan con las palabras, el juez Peinado ha citado a varios testigos y ha solicitado pruebas clave como cualquier juez instructor debe hacer. La Fiscalía, por su parte, parece estar actuando como un escudero leal a sus superiores, tratando de archivar el caso a cada paso (recordemos que, a diferencia de la judicatura, la fiscalía es un cuerpo jerarquizado). La insistencia del fiscal ha sido tan peculiar que hasta el juez ha pedido un informe sobre sus frecuentes visitas al juzgado.

Además, es relevante mencionar cómo Pedro Sánchez estaba al tanto de la situación legal de su esposa antes de anunciar los cinco días de reflexión. Este conocimiento previo añade una capa de complejidad a la narrativa y sugiere una clara intención de manejar la crisis de manera calculada, engañando una vez más a la ciudadanía.

La manipulación mediática adicta al régimen no se detiene aquí. Al insistir en que Gómez no está «formalmente imputada», estos medios intentan restarle importancia a la gravedad del asunto. Pero que no nos engañen: la gravedad de las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias no se diluye con un simple cambio de palabras. La justicia está investigando, y la ciudadanía tiene derecho a saber la verdad sin filtros ni manipulaciones. No olvidemos que la gravedad de estas conductas radica en que se desarrollan en el entorno inmediato de la presidencia del gobierno de un estado de derecho.

En este juego de palabras y estrategias de relaciones públicas, la transparencia y la claridad son esenciales. La diferencia entre «investigada» e «imputada» es puramente semántica. Ambos términos indican que una persona está bajo sospecha razonable y sujeta a un proceso judicial para determinar su culpabilidad o inocencia. Los ciudadanos merecen la verdad sin filtros ni manipulaciones, y la justicia debe seguir su curso de manera imparcial y transparente, para lo cual es esencial que el Ministerio Fiscal, anteriormente conocido como «Promotor de la Justicia», realice su misión de investigación con plenitud y objetividad sin injerencias externas.

Así que la próxima vez que vean un titular diciendo que Begoña Gómez está siendo «investigada» y no «imputada», recuerden que es simplemente un juego de palabras. Al final del día, la situación sigue siendo grave, y el sistema judicial está trabajando para descubrir la verdad. Un eufemismo no cambia la realidad. Y en esta tragicomedia política, todos merecemos conocer el verdadero guion.