El Supremo frente a la amnistía

En la obra «Cómo mueren las democracias» Steven Levitsky y Daniel Ziblatt advierten de que, en nuestros días, la democracia ya no muere necesariamente por un acto violento o dramático, esto es, con un golpe militar o una revolución, sino con lamento prolongado; el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales como son el Poder Judicial, la prensa y la erosión global de las normas políticas tradicionales.

Esto es lo que está sucediendo en España desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Un proceso continuo de liquidación del orden constitucional, de destrucción de la alternativa política, y de erosión global de las normas políticas tradicionales.

Todo empieza con el asalto a todas y cada una de las instituciones por el Gobierno, colocando afines al frente. Así, la Fiscalía General del Estado, el CIS, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, Correos o la Radio Televisión Española (RTVE), entre otras. Ello se aderezó con la concesión de los indultos a los independentistas y con la reforma del Código Penal ad hoc para los delincuentes independentistas, derogando el delito de sedición y rebajando la malversación. Y ahora, con la cacería legislativa, política y mediática que el propio Sánchez ha emprendido contra el Poder Judicial y los medios de comunicación disidentes, a los que denomina «maquina del fango» y, por otro, con la aprobación de la Ley de Amnistía como guinda de destrucción democrática y constitucional, norma que rompe el pacto constitucional que los españoles nos dimos en 1978 y que erosiona las normas más básicas del Estado de derecho moderno.

La Ley de Amnistía, en primer lugar, es una ley profundamente corrupta. No es exagerado decir que constituye el mayor acto de corrupción política de la historia reciente de nuestra democracia, pues supone el borrado de delitos entre políticos para tratar de perpetuarse en el poder.

Es segundo lugar, se trata de una ley indigna e inmoral. En términos políticos y sociales la amnistía es la rendición del Estado y de los españoles ante quienes les atacaron, y la deslegitimación de todas las actuaciones que se llevaron a cabo para frenar el intento sedicioso, desde la actuación del Senado que aplicó el artículo 155 de la Constitución con el voto favorable del PSOE, al impecable discurso y decisivo discurso del Rey Felipe VI en defensa del orden constitucional, a la actuación impecable de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Poder Judicial.

Y, en tercer lugar, la amnistía rompe con todos los principios y valores constitucionales del Estado de derecho, desde la separación de poderes, a la seguridad jurídica, al principio de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos o al principio de igualdad, valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, como ha sentenciado el Supremo: «El legislador española ha estimado necesario abrir un paréntesis a cien años de jurisprudencia y hacerlo para unos hechos y unos protagonistas muy concretos. Un paréntesis que volverá a cerrarse para todos los demás ciudadanos que han sido condenados por un delito de la misma naturaleza».

Las medidas de gracia, el indulto y la amnistía, son una excepción a los principios esenciales y reglas de un Estado de derecho, que solo proceden cuando son autorizados expresamente por la Constitución. Y en nuestro Estado social y democrático, el derecho de gracia ha quedado reducido a la concesión de indultos particulares (perdón de la pena), excluyéndose los indultos de carácter generales y la amnistía (desaparición retroactiva del delito), conforme establece el artículo 62 de nuestra Carta Magna, y como claramente se desprende de las actas del debate constituyente.

La amnistía es el derecho de gracia más amplio que se puede otorgar. Es una operación excepcional que trata es de corregir un «Derecho injusto» por vulnerar o ser contrario a los principios inspiradores de un nuevo orden social. Por ello, las amnistías solo tienen su sentido en los procesos de tránsito de una dictadura a una democracia, o en los pactos de paz y de concordia que pongan fin a las consecuencias de una guerra civil, condiciones ambas que concurrieron en las amnistías dictadas en España, cosa, que no ocurre en la actualidad.

En estos tiempos en los que se normaliza la criminalidad, se criminaliza la normalidad y se tergiversa la Historia de España es bueno recordar en palabras del Rey lo que ocurrió en 2017: «Determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía (…) Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana (…) Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común».

Esto es exactamente lo que ocurrió. Y esto es exactamente sobre lo que el presidente ha decidido legislar para negar que existió. No hay mayor infamia, mayor traición y mayor fraude a España, al Rey, a los españoles, a los catalanes constitucionalistas, al Estado de Derecho, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al Poder Judicial, y a todos aquellos que cumplieron lealmente con la ley y actuaron de forma ejemplar para defender nuestra democracia y que, ahora, ven cómo Pedro Sánchez cambia votos por impunidad para quienes cometieron gravísimos delitos.

Ante estos hechos que golpean gravemente nuestra democracia debemos despertar. Defender el Estado de derecho no es una cuestión de izquierdas o de derechas, es defender las garantías de nuestros derechos fundamentales. Es defender nuestra libertad. En palabras del Rey Felipe VI: «Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades, sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad».

• Pedro Pineda Celis es graduado en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide