En mi casa mando yo
leva razón el expresidente extremeño Rodríguez Ibarra al aseverar que cometimos el error de reconocer el cupo vasco, por unos teóricos derechos históricos que nunca pueden sobreponerse a los derechos ciudadanos de una nación, y que no podemos repetir dicho error concediendo a Cataluña el mismo privilegio en detrimento del interés general de los españoles.
La hipoteca que las minorías de esas dos regiones privilegiadas imponen a la gran mayoría son tan ruines que solo la debilidad de unos y el afán de poder de otros han permitido que hoy estemos subvencionando el déficit de 4.000 millones de euros provocado por las pensiones vascas, mientras resulta ridícula la cifra que el País Vasco paga por los servicios prestados por el Estado en aquella comunidad, aprovechando siempre la dependencia del gobierno de turno de unos pocos votos que se subastan a un alto precio.
Del mismo modo, asistimos perplejos a las concesiones de Sánchez al gobierno catalán, a cambio de unos votos que le permitan seguir viajando en el Falcon. Cataluña debe hoy al resto de comunidades, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, un total de 74.328 millones de euros, cantidad que reducirá graciosamente el sanchismo quitando 15.000 millones en detrimento de las arcas públicas. Por si fuera poco, Sánchez, con nuestro dinero, se ha comprometido a conceder a Cataluña un cupo mediante el concierto económico suscrito para poder investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
La dignidad nacional exige poner pie en pared y acabar con este escarnio vergonzoso. Porque estamos, en efecto, ante una burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar, tal como la Real Academia define al escarnio. Al parecer no basta con conceder privilegios a los pródigos; es que encima estos pretenden darnos lecciones, tal como acaba de hacer Illa, poniéndonos deberes fiscales como si fuéramos sus siervos.
El millar de asesores que le pagamos a Sánchez han lanzado el eslogan con el que pretenden seducir a los incautos con el tema del cupo catalán. No es admisible, dicen, pedir más dinero mientras se bajan los impuestos, muletilla que Illa ha repetido en la llamada fiesta de la rosa que los socialistas catalanes celebran anualmente. Y ha dicho claramente lo que oblicuamente dice el pacto firmado con ERC: que serán solidarios si las otras comunidades no bajan los impuestos. O sea, que no solo se benefician sino que, además, quieren ponerle deberes al resto de españoles.
Tres cuestiones deben quedar claras. La primera, que todos los ciudadanos españoles, vivan donde vivan, deben tener las mismas prestaciones en educación, sanidad y servicios sociales, a cuyo fin debe aprobarse por todas las comunidades un sistema financiero que lo haga posible. La segunda, que determinada la cuantía a percibir, cada comunidad administra la misma según su propio criterio y su basamento ideológico. Y la tercera, que las consecuencias de la gestión propia es responsabilidad exclusiva de quienes la han protagonizado.
La parábola del hijo pródigo es suficientemente clara sobre los distintos criterios conque se administran los bienes: todos los hijos reciben los mismos medios y mientras unos prosperan y ahorran otros lo dilapidan y se arruinan. Tome nota el señor Illa y toda la tropa de fieles que repiten el mantra de que es contradictorio pedir una financiación justa al tiempo que se rebajan los impuestos. El ejemplo más claro es cómo la comunidad de Madrid ha desbancado del liderazgo económico a Cataluña gracias a una constante bajada de impuestos que ha liberado dinero para la inversión y el gasto generador de riqueza. Mientras Cataluña tiene más impuestos propios que ninguna otra autonomía, un total de 15, Madrid no tiene ninguno, sus ciudadanos viven más desahogadamente y la recaudación fiscal sube por la vía de la inversión productiva y los impuestos indirectos que gravan un mayor gasto de sus ciudadanos.
Andalucía y otras comunidades gestionadas por el PP han seguido los criterios de Madrid y siguen políticas de reducción de impuestos, con el resultado constatado en nuestra tierra de incrementarse la recaudación, devolver la confianza a una ciudadanía asediada otrora por una presión fiscal asfixiante y atraer inversores generadores de riqueza y progreso. Ha habido otras políticas de fuerte presión impositiva que ya sabemos a donde nos llevaron, pero cuyo basamento ideológico es legítimo: el socialismo quiere gasto improductivo e intervención creciente de la economía. Allá cada cual con sus legítimas pretensiones. Pero lo que ni los andaluces ni ninguna otra comunidad española va a aceptar es que, para ser tratados en igualdad de condiciones, los que han gozado siempre de la parte ancha del embudo nos pongan condiciones. Como dijo el clásico, en mi casa mando yo.
