Los millones y puestos de trabajo que Sánchez arrebatará a Madrid si vence el pulso a Ayuso

Los ataques del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Madrid no son una novedad. La región resiste ante las políticas de choque y derribo del Ejecutivo central, que se centra ahora en controlar el agua y la electricidad. Hace dos meses, Moncloa aprobó el nuevo Plan Hidrológico del Tajo que «cambia radicalmente las reglas y boicotea el sistema de abastecimiento de agua de Madrid, que es el mayor de España».

A este ataque se le ha sumado otro que afecta de pleno a la región, tanto en términos económicos como laborales. Sánchez ahora quiere dejar a la región sin electricidad, poniendo en riesgo «importantes proyectos industriales» al no dotarles de nuevas inversiones en el marco del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026.

Esto quiere decir que el Gobierno central rechaza incrementar el suministro eléctrico y pone con ello en peligro decenas de proyectos de desarrollo, además de una inversión de 16.000 millones de euros que se perderían. En caso de que se ejecute este plan, 18.000 puestos de trabajo desaparecerían.

El Ejecutivo central ha actualizado el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica y han propuesto modificaciones por un total de 276 millones. Madrid no prevé recibir nada, ya que solo se le ha concedido una nueva actuación sin coste adicional para ampliar la subestación de Algete.

Esto les sitúa como una de las pocas comunidades autónomas que no se va a beneficiar de las nuevas inversiones, a pesar de que las distribuidoras habían solicitado en torno a 80 actuaciones en la Comunidad que al ver que no tendrán energía se desinteresarán por Madrid.

Sequías por el control del agua

El Ejecutivo central diseñó a lo largo del 2022 un nuevo Plan Hidrológico del Tajo para controlar el agua de Madrid, una estrategia que, en caso de llevarse a cabo, perjudicaría a todos los habitantes de la región.

Uno de los aspectos críticos del Plan que genera preocupación en la Comunidad de Madrid, que representa el 83 % de la población en la Demarcación del Tajo, es la disposición que requiere una «autorización previa».

El Gobierno central quiere condicionar a una autorización previa la derivación del agua del río Alberche al embalse de Valmayor. Esto provocaría que el caudal ecológico corra peligro, y se provoquen sequías con costes millonarios para la región.

Además, el Plan Hidrográfico pone impedimentos a los trasvases necesarios para que llegue el agua a las casas de los madrileños e impide cumplir los requisitos de depuración, obstaculizando la planificación. Esto no afectaría a los puestos de trabajo, si no a la vida de los madrileños en caso de no tener agua a diario.

Según la normativa, esta autorización debe solicitarse con un mes de antelación y la Confederación Hidrográfica tiene un plazo máximo de 15 días para otorgarla, especialmente en el contexto de los trasvases. Hay que destacar que se podría denegar la solicitud y en este escenario Madrid se quedaría sin el agua necesaria.