Madrid pondrá a disposición de toda la ciudadanía las actas de las residencias durante el covid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, va a poner a disposición de los ciudadanos que lo soliciten todas las actas de las policías locales que actuaron durante la pandemia en el marco del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM), que incluye la de las residencias de mayores que han suscitado polémica en la Asamblea de Madrid.

Según han señalado a este periódico fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, los ciudadanos que hayan pedido por el Portal de Transparencia estas actas podrán tener acceso a ellas in situ en la sede de Interior con cita previa, especificando cuál es la residencia de la que quieren conocer las actas.

Además, los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, han hecho llegar una carta a todos los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid –Partido Popular, Más Madrid, PSOE y Vox– informando de que las actas «están y siempre han estado a disposición de los diputados de la cámara, en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112».

«De hecho, la exdiputada del grupo socialista, Purificación Causapié, solicitó dicha revisión y pudo analizar todas las actas en dicha sede, el pasado 6 de noviembre de 2020», recuerda la misiva que explica que «la razón de la negativa a la entrega física de dichas actas no es otra que la salvaguarda de los datos personales que en ellas se detallan, así como el elevado volumen de documentación que conllevaría la elaboración de las mismas».

El Gobierno autonómico responde así a las críticas vertidas por la izquierda en los últimos días, acusándole de ocultación de esta documentación. En este sentido, Más Madrid publicaba este lunes 198 actas de inspecciones de la Policía Municipal en residencia de mayores durante la pandemia por una «obligación moral».

Desde el Ejecutivo madrileño recuerdan que «la actuación de la policía municipal en la supervisión de las residencias formaba parte del operativo denominado Plan de Choque, que se puso en marcha el 26 de marzo de 2020, dentro del Plan de Protección Civil de la Comunidad de Madrid». Es decir, subrayan, «las actas levantadas son consecuencia de una petición expresa de la Comunidad de Madrid».

El objeto de dichas inspecciones, según explican los dos consejeros en las cartas a los portavoces parlamentarios, «era el de comprobar el estado de las residencias (más de 800 instalaciones) y, especialmente, de las personas mayores y/o con discapacidad, que requerían un seguimiento casi permanente de la evolución de la afección del virus».

«El contenido de dichas actas policiales era abordado en una reunión de coordinación que se celebraba cada tarde en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid112 para que los responsables operativos del equipo multidisciplinar del Plan, formado por los mandos de UME, Bomberos Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, SUMMA112, SAMUR, Médicos sin Fronteras, Policía Municipal y equipo directivo de ASEM112, establecieran las prioridades de actuación para las horas siguientes (traslados hospitalarios con la supervisión de los geriatras de referencia, entrega de EPIS, desinfección, sectorización, retirada de cadáveres, etc.)», ahonda la carta.

Así, el Gobierno autonómico defiende, frente a las críticas de sus adversarios políticos, que «en una coyuntura en la que el sistema sanitario y funerario se encontraba seriamente comprometido, la Comunidad de Madrid puso en marcha un plan de actuación de protección civil sin precedentes ni equivalentes en toda España».

Y todo, agrega la misiva, «pese a que la legislación nacional en materia de protección civil establece –como así hicimos saber por escrito al Delegado del Gobierno el mismo día 14 de marzo– que la declaración del Estado de Alarma supone, de facto, la elevación a nivel 3 o interés nacional de todos los planes territoriales, y obliga a la Administración del Estado a dirigir, tomar decisiones y aprovisionar de personal y recursos». Este mando, sentencia, «no fue ejercido ni por el Delegado del Gobierno ni por el Ministerio del Interior, quedando sólo el apoyo del Ministerio de Defensa que, ciertamente, fue de gran ayuda».