El testigo Miguel Ángel Rodríguez dirá «la verdad» mientras el PSOE enfanga y trata de equipararle con García Ortiz

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, declara este miércoles como testigo en el Tribunal Supremo, en el marco de la causa que investiga al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Una testifical que desde el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE están tratando de engrandecer lo suficiente para tratar de tapar que, por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado está bajo investigación judicial por revelación de secretos.

Los intentos de que Miguel Ángel Rodríguez, mero testigo en la causa, sea visto como «el malo» de la película por, supuestamente, difundir una información sesgada -tildada constantemente de «bulo» por parte del Gobierno- frente a un García Ortiz que sólo trató de «desmontar ese bulo» y que prevaleciera «la verdad», son una constante por parte del Ejecutivo. De hecho, este martes, cuando quedaban menos de 24 horas para la declaración de Rodríguez, el PSOE le denunciaba por revelación de secretos. Precisamente, el mismo delito que se le imputa al fiscal general del Estado.

En el caso de Rodríguez, el «secreto» revelado, según la denuncia de los socialistas, habría sido la identidad de dos periodistas de El País que merodeaban por la casa de la presidenta autonómica poco después de conocerse la situación fiscal de su pareja.

Una denuncia que no deja de ser un burdo intento de equiparar la situación de Rodríguez a la de García Ortiz, como si algo pudiera asemejarse a que un fiscal general del Estado –la máxima autoridad pública encargada de impulsar la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley– revele públicamente datos personales de un contribuyente. Por mucho que eso se hiciera para combatir un presunto bulo.

Lo clarificaba muy bien el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, este martes: «Para combatir un bulo, si es que se acepta eso, no hay que cometer un delito. Se podría haber desmentido sin violar el secreto profesional ni cometer un delito».

«Que nadie trate de equipararles, porque uno está imputado y el otro es un testigo que va a contestar a preguntas para esclarecer los hechos», apostillaba el alcalde. Unas preguntas a las que, según el portavoz de Isabel Díaz Ayuso, Rodríguez responderá con «nada más que la verdad».

Así lo aseguraba la víspera a la testifical el también consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martin, que cree que la declaración de Rodríguez pone de manifiesto «la utilización de todos y cada uno de los medios del Estado para tratar de acorralar y arrinconar a un rival político».

«El jefe de gabinete dirá la verdad y actuará, como no puede ser de otra manera, con todo el rigor», subrayó, algo que confirmó el propio testigo al poco de conocer su citación: «Lo que me pregunte el juez, responderé», esgrimió, después de asegurar encontrarse «tranquilo» ante su citación.

Una declaración que, cabe recordar, el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, solicitó a petición del propio García Ortiz y la jefa de la Fiscalía provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, quienes, en sendos escritos de la Abogacía del Estado, aseguraron que que «existen indicios de que Miguel Ángel Rodríguez accedió cuando menos a una parte del contenido de aquellos correos» que se empezaron a conocer la noche del 13 de marzo y acabó detallando la Fiscalía en una nota de prensa difundida al día siguiente.

Sin embargo, aun dando por bueno ese extremo, no es lo mismo que un particular, en este caso Alberto González Amador a través de Miguel Ángel Rodríguez, decida distribuir parte o todo de su situación fiscal o de sus datos personales, algo que entra dentro de la legalidad y de la libertad individual, a que lo haga la Fiscalía para tratar de «ganar el relato».