¿Por qué la denuncia del PSOE contra Miguel Ángel Rodríguez no tendría recorrido?

El pasado martes, el PSOE anunciaba una denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de revelación de secretos por haber revelado la identidad de dos periodistas de El País que merodeaban por casa de la dirigente popular tras conocerse la situación fiscal de su pareja, Alberto González Amador.

Una denuncia de la que todavía no ha tenido constancia el propio Rodríguez, tal y como él mismo ha reconocido, pero que, a priori, ha calificado como una «idiotez». «Es ridículo que yo pregunte a un policía cómo se llaman dos periodistas que no solo conozco, es que están firmando todos los días en el periódico con su nombre, con lo cual, ¿dónde está la revelación de secretos?, ¿que leo el periódico El País? Pues vaya secreto», afirmaba este miércoles tras declarar como testigo en el Tribunal Supremo en el marco de la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por, a su vez, supuesta revelación de secretos del novio de Ayuso.

Pero, más allá de la opinión del jefe de Gabinete de Ayuso sobre una denuncia que considera «ridícula» y una «idiotez», según los expertos tiene entre escaso y nulo recorrido.

Esto se debe a que el delito que los socialistas atribuyen a Rodríguez es el de revelación de secretos, un delito que es semipúblico por lo que, en todo caso, lo tiene que denunciar el propio agraviado.

Es decir, deberían ser los dos periodistas de El País los que denunciaran a Miguel Ángel Rodríguez por esa presunta revelación de secretos, tal y como establece el artículo 201 del Código Penal: «Para proceder por los delitos previstos en este Capítulo será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal». Y, en este caso, no parece que el Partido Socialista sea el representante legal de los trabajadores del periódico de Prisa.

La única salvedad, recogida en el siguiente epígrafe de ese mismo artículo del Código Penal, sería cuando «la comisión del delito afecte a los intereses generales, a una pluralidad de personas o si la víctima es una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección». Extremos que, de nuevo, no encajan en estos hechos.

Es por ello, que muchas voces autorizadas apuntan a que la denuncia se archivará por este motivo aunque, a buen seguro, habrá quien aproveche para atacar a los jueces con el titular de que se archiva la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez en el caso del novio de la presidenta madrileña.

Sea como fuere, lo que está claro es que los socialistas están tratando de todas las maneras posibles de enfangar con Rodríguez y equipararle al fiscal general del Estado. El argumentario del PSOE es que fue el jefe de Gabinete de Ayuso quien propagó «un bulo» sobre la causa fiscal de González Amador y lo único que hizo el fiscal general fue «desmontarlo».

Un extremo que hace aguas por todos lados, puesto que un fiscal general del Estado no puede difundir datos personales de un español bajo ninguna circunstancia, ni siquiera la de desmontar un supuesto «bulo» que, además, no fue tal a tenor de las explicaciones ofrecidas este miércoles por Rodríguez.

Y es que, en el momento en el que Rodríguez difundió el email en el que el fiscal de la Sección de Delitos Económicos de Madrid, Julián Salto, ofrecía a la defensa de González Amador un pacto, desconocía que hubiera una comunicación anterior en el que era la defensa quien lo ofrecía en primer lugar.