Ayuso recurre ante el Tribunal Constitucional el reparto de menas de Sánchez

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto que modifica los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) en la Ley de Extranjería. Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz el Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, después de que hace días la propia presidenta autonómica avanzara que llevaría ese pacto de Pedro Sánchez con Junts para el reparto de estos niños «a los tribunales y a la Unión Europea».

Según los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, ese Real Decreto «vulnera preceptos constitucionales e invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas», razón por la que han decidido presentar un recurso ante el Alto Tribunal.

Díaz Ayuso ha dado cuenta en sus redes sociales de la presentación de ese recurso, donde ha resumido los argumentos que esgrime su Gobierno para recurrir esa modificación de la Ley de Extranjería, que son que «invade competencias exclusivas autonómicas, así como la autonomía financiera de Madrid». También denuncia que esa modificación debería ir por Ley Orgánica y no por Real Decreto y subraya que «vulnera derechos fundamentales del menor, multiplica los problemas de la inmigración ilegal, vulnera los principios de lealtad administrativa negociándolo con partidos económicos y, además, falta memoria económica».

«Nuestro Gobierno cumple la ley, por eso ya atendemos a miles de menores. Pero no vamos a cooperar con el caos migratorio del Gobierno», ha apostillado.

Informe de la Abogacía de Madrid

Unos argumentos que emanan del informe elaborado por la Abogacía de Madrid, en el que se basa el recurso, tal y como ha señalado la Comunidad de Madrid a través de una nota. «Ese Real Decreto ley infringe varios preceptos de la Carta Magna de 1978 y es inconstitucional al invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional, ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores», sostiene la Abogacía madrileña.

«Además, considera que se vulneran sus derechos fundamentales, desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia. Paralelamente, el texto validado por el Gobierno central es contrario al principio de solidaridad y lealtad entre Administraciones. La aplicación de los criterios de reparto carece de justificación y se han realizado sin contar con las comunidades autónomas. Vulnera también el principio constitucional de autonomía financiera de las regiones, ya que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados», añade.

El recurso de la Comunidad de Madrid ante el TC también señala «la inadecuada utilización de la figura del Real Decreto ley, ya que esta reforma legislativa se tendría que llevar a cabo mediante Ley Orgánica al afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 81.1 y 86.1 de la Constitución Española)». Además, exige «la extraordinaria y urgente necesidad de tomar medidas, a pesar de que el mismo RDL reconoce que el problema existe desde al menos ocho años».