Madrid critica al Gobierno central por pedir impugnar convenio de funcionarios: «Si no quiere ayudar, que no estorbe»

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha criticado al Gobierno de España por haber solicitado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que actúen contra el nuevo convenio para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración regional.

«Estamos en un permanente boicot y no hay un solo día en el que el Ejecutivo central no actúe en contra de la capital de España, de la región que es la locomotora económica, cultural y deportivo», ha lanzado este sábado ante los medios de comunicación tras asistir a la San Silvestre Vallecana Mini.

Según explican fuentes del Ministerio de Trabajo, el artículo 10 y la disposición adicional décima de este convenio «abren la puerta» a que en caso de que se convoquen huelgas, concentraciones o manifestaciones por parte de sindicatos firmantes, la administración pueda acordar la «suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos» del personal a su servicio.

Además, expresa en las cartas remitidas este viernes a ambas instituciones que una cláusula de esta naturaleza «castiga el ejercicio de derechos fundamentales» como los de reunión, manifestación o libertad de expresión, constituye un «atentado evidente» a los derechos fundamentales.

Para Sanz, es «sorprendente» que el Gobierno de España «se dedique a actuar contra su locomotora económica y contra su capital» y ha señalado que «esta situación no ocurre en ningún otro sitio del mundo». Por ello, ha pedido que «ya que no ayudan, que por lo menos no estorben».

«Les pedimos que no perjudiquen porque además en este caso el perjuicio no es solo al Ejecutivo autonómico, sino a todos los trabajadores con los que se ha pactado y acordado ese convenio. Si no quiere ayudar a Madrid, por lo menos que no estorbe», ha zanjado.

La firma de este convenio tuvo lugar hace dos semanas en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, donde estuvieron presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y representantes de los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y CSIT-Unión Profesional.

40.000 trabajadores públicos

Ayuso defendió entonces que el acuerdo «iba a asegurar la mejora de las condiciones laborales de sus funcionarios y de los servicios públicos». Además, explicó que el Gobierno regional invertirá 60 millones de euros en los próximos cuatro años (hasta el 31 de diciembre de 2028) para mejorar las condiciones retributivas, la formación y la carrera profesional de más de 40.000 empleados públicos.

Ante la petición de Díaz, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha remarcado que la ministra «quiere boicotear un convenio firmado por unanimidad con todos los sindicatos que tienen representatividad». Asimismo, ha señalado que «el acuerdo cumple con todos los trámites legales previstos para el mismo».

«Quiere perjudicar a más de 40.000 trabajadores públicos que van a mejorar sus condiciones y que pueden llegar a incrementar su sueldo hasta un 50 %. Lo que denuncia es un acuerdo entre dos partes: Administración y Organizaciones Sindicales. ¿Quién es la ministra para tutelar la acción de los sindicatos que han firmado?», lanzó.

La semana pasada, CC.OO. Madrid pidió retirar dos artículos del nuevo convenio para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración regional que «podrían conculcar derechos fundamentales y laborales básicos».

Desde el sindicato aseguraron que una vez conocieron el contenido de esos dos artículos y la disposición adicional, se hizo «gestiones encaminadas a que se eliminaran los mismos del texto» e instaron a que «se paralizara o se aplazara la firma de dicho convenio hasta que fuera ratificado por las estructuras correspondientes del sindicato».