Junio de 1936: cuando el gobierno frentepopulista adelantó la jubilación de los jueces españoles

Desde tiempos de la II República han existido dos PSOEs, en muchas cosas iguales, pero en otras muy diferentes. Uno, español a su manera (Besteiro, Largo Caballero –sí Largo Caballero– Wenceslao Carrillo, padre de Santiago...). Otro ambicioso, amoral, oportunista, dispuesto a todo, incluso a la traición por seguir en el poder (Negrín, Indalecio Prieto...).

Los primeros querían una España proletaria y roja, pero en la que quizás pudiesen pervivir las esencias de lo español. Los segundos se caracterizaban por su total falta de compromiso con todo y con todos. Estaban dispuestos a –como de hecho hicieron– entregar la República y España a sus, antes, enemigos irreconciliables, los comunistas y a sus amos soviéticos.

En la actualidad empieza a existir un cierto y peligroso paralelismo entre la España del 36, la de los primeros meses del Frente Popular, y la España actual del presidente Sánchez. El PSOE está dividido igual que durante la Guerra Civil Española, entre los que, sin renunciar a sus creencias socialistas, quieren una España unida frente a los dispuestos a vender su alma al diablo por un segundo más de poder, aunque sin gloria.

El nacimiento irregular del nuevo régimen

La llegada del Frente Popular al poder en 1936 fue fruto de un pucherazo electoral hoy sobradamente demostrado (ver 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular de Álvarez Tardio y Roberto Villa). Nada más hacerse con el poder, desde la presidencia de la República (depusieron a Alcalá Zamora de la presidencia para poner a Azaña) y del Gobierno, desencadenaron un proceso revolucionario cuyo objetivo era crear una nueva sociedad y una nueva España a la medida de las ensoñaciones e intereses de una coalición heterogénea de partidos que se habían agrupado para formar el Frente Popular y a cuya cabeza estaba el PSOE liderado en un primer momento por Largo Caballero: Izquierda Republicana, Unión Republicana, Ezquerra Republicana de Cataluña, PCE, PSOE... a los que se unirían al comienzo de la guerra el ultraderechista PNV y los anarquistas de la CNT.

La II República había nacido con la excusa de traer la libertad, el parlamentarismo y devolver el respeto por las leyes a España. La monarquía era a los ojos de muchos españoles un sistema político que, para los republicanos, y para muchos españoles, se había podrido durante los años finales del reinado de Alfonso XIII.

Pero tras el nacimiento irregular del nuevo régimen y tras los dos años de gobierno, limpiamente democrático y republicano del centro derecha (el mal llamado Bienio Negro), los partidos de centro izquierda e izquierda revolucionaria, agrupados bajo la coalición del Frente Popular, se hicieron con el poder amañando las elecciones, como puso de manifiesto el primer presidente de la II República Niceto Alcalá Zamora.

A partir de marzo de 1936 el Frente Popular comenzó la revolución desde arriba. El 1 de junio de 1936 la prensa española traía en sus páginas una noticia que parece sacada de la actualidad. Los periódicos informaban del anuncio, a golpe de decreto ley, del adelanto de la jubilación de los jueces de los 70 a los 65 años, lo que supondría apartar de los tribunales, entre otros, a 18 jueces del Tribunal Supremo.

Contra los jueces

Estos magistrados y jueces habían nacido en el último tercio del S. XIX, durante la Restauración. Habían sacado su plaza de juez en los años del cambio de siglo del XIX al XX, en plena crisis del 98. Eran, en su inmensa mayoría, hijos de las clases medias, lo que hacía pensar a los gobernantes del Frente Popular que era jueces reaccionarios, sectarios y contrarios a los nuevos tiempos que el PSOE y sus aliados frentepopulistas querían imponer en España.

El 1 de junio de 1936 el gobierno de Casares Quiroga adelantó la edad de jubilación de los jueces. Se quitó «de encima» a los jueces de mayor categoría y experiencia, los más apegados al amor y al respeto por la ley, abriendo las puertas a nuevos jueces complacientes con el nuevo régimen que pronto, muchos de ellos, terminaron por ser sustituidos por los llamados tribunales populares y la proliferación de checas por toda la España frentepopulista.

Esta medida era un paso para acabar con la división de poderes, parte esencial de los sistemas parlamentarios de las naciones europeas del periodo de entreguerras. Estas prejubilaciones de los jueces eran una de las primeras medidas blandas, de apariencia legal, pues llegaba por medio de la Gaceta de Madrid (el BOE de aquellos tiempos), a la que luego se sumaría el uso de la fuerza para así cambiar la estructura social, económica y política de España.

Se abría la puerta a una concepción totalitaria de la justicia y con ella del Estado. Se comenzaba la aniquilación de una de las pocas instituciones que se resistía con la ley en la mano a los objetivos espurios del Frente Popular, la judicatura, ya que la mayoría de los magistrados y jueces entendía que el juego democrático, la oposición pacífica no solo era legal, sino también necesaria.

Empezaba una rápida deriva que no solo iba a llevar a la Guerra Civil en menos de dos meses, también iba a producir una fractura en el PSOE y en la izquierda que se iba a zanjar con el golpe de coronel Casado en marzo de 1939, un golpe dentro de la Zona Roja encabezado por el socialista Besteiro y a cuyo mando militar iba a estar el coronel Casado. Golpe que apoyarían los anarquistas liderados por Cipriano Mera. Esta actuación supondría la redición de lo que quedaba del Ejército Popular de la República a las tropas nacionales lideradas por Franco y la huida de Negrín, Indalecio Prieto, Dolores Ibarruri «La Pasionaria», Carrillo... fuera de España, el final de tres años de interminable guerra.