El oscuro pasado de este edificio en la Puerta del Sol: las torturas y asesinatos bajo la DGS republicana

Recientemente, se ha abierto un debate acerca de la «resignificación» del palacio de la Puerta del Sol (Real Casa de Correos), actualmente sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hay que recordar que se edificó en el siglo XVIII para los servicios de correos y que desde finales del siglo XIX fue sede de la Dirección General de Seguridad (DGS). El Ministerio de la Gobernación, del que dependía este organismo, estuvo también ubicado en el mismo lugar hasta 1939. Por lo tanto, este edificio fue casi durante un siglo, y con distintos regímenes, sede de las autoridades policiales españolas.

Es indudable que, durante el franquismo, en las dependencias de las DGS, se realizaron interrogatorios que incluían torturas y palizas. Varias personas perdieron la vida como consecuencia de estas o por suicidio, de los que hay varios casos documentados en la posguerra. Ya en democracia, murieron en los interrogatorios de la DGS dos presuntos terroristas, el etarra Joseba Arregui (1981) y el miembro de los GRAPO Juan España (1980). En cualquier caso, durante la dictadura no le correspondía a la DGS juzgar y ejecutar las sentencias por causas relacionadas con la guerra civil y terrorismo, sino que era una labor encomendada al Ejército, que fue el responsable de las aproximadamente tres mil ejecuciones de la posguerra en Madrid.

Torturas y ejecuciones durante la Guerra Civil

Pero la DGS tiene otra historia previa, muy dura, relacionada con las torturas y las ejecuciones durante la Guerra Civil. En julio de 1936, nada más iniciada la contienda, la Secretaría Técnica de la DGS puso a disposición de las checas ya existentes (más de 226 en Madrid) la información disponible sobre políticos y simpatizantes de derechas para facilitar su persecución. Según documentación judicial perteneciente a la Causa General, esta Secretaría de la DGS creó su propio grupo represivo situado en sus instalaciones (Alcalá 82, en Madrid), llamado «brigada del amanecer», constando en el Archivo Histórico Nacional multitud de torturas y asesinatos de personas sin juicio alguno, exclusivamente por su filiación política, sus creencias religiosas o su actividad profesional (empresarios, propietarios, jueces, militares, etc.).

Conforme a la documentación existente en la Causa General, Manuel Muñoz, director general de seguridad, creó al inicio de la guerra un grupo directamente bajo su mando para realizar registros, inspecciones y actuaciones represivas que él personalmente considerase. Este grupo fue denominado «los linces de la República», del que también constan numerosas crueldades y asesinatos, incluyendo familias completas sin excluir a niñas.

A mediados de septiembre de 1936, este grupo salió de la DGS instalándose en el Palacio Real. El propio director general pudo facilitar varias sacas de presos hacia Aravaca en octubre de 1936, con más un centenar de asesinados, según la documentación expuesta en la Causa General.

También, al inicio de la guerra, se creó en la DGS un Comité de Personal que depuró a los policías «desafectos» y otorgó a un gran número de chequistas credenciales provisionales de policía, «formalizando» y facilitando la actividad de gran parte de las checas de Madrid.

La actividad más sangrienta, procedente de la DGS, fue la desarrollada por el Comité Provincial de Investigación Provincial (CPIP), órgano dependiente directamente de las DGS y creado por su director al inicio de la guerra. El 4 de agosto de 1936, el CPIP se instaló en el edificio del Círculo de Bellas Artes con plenas facultades para detener, interrogar, juzgar sin posibilidad de apelación y ejecutar.

Los «tribunales» los formaban partidarios del Frente Popular, siendo apoyados por unas brigadillas que se encargaban de la gestión y ejecución de los presos. El director general de seguridad recibía a diario a miembros de la CPIP quienes le entregaban parte de las joyas y objetos de valor requisados a sus víctimas. La checa de la CPIP se instaló en los sótanos del Círculo de Bellas Artes (calle Alcalá 42) donde se mantuvo tres semanas, hasta que por falta de espacio se trasladó la sede a la calle Fomento 9, también muy cercana a la Puerta del Sol. Esta «checa de Fomento» del CPIP, también muy sangrienta, solía trasladar sus cadáveres al área de Aravaca y a la Casa de Campo, hasta que la llegada de las tropas sublevadas a esa zona se lo impidió.

Hay algunas publicaciones y autores que han insistido en que en la checa de Bellas Artes no se realizaron torturas ni asesinatos, sin embargo, los documentos y los testimonios confirman estos hechos. En el mes de agosto de 1936, Bellas Artes tenía fama de que el que entraba no lograba salir. José María Carretero, periodista, escritor y uno de los organizadores de la «quinta columna» (La revolución de los patibularios, 1940) cuenta como en los sótanos de esta checa de la DGS había ejecuciones diariamente, dejándose los muertos amontonados en la piscina para llevárselos de madrugada en camiones de basura municipal a las fosas comunes de los cementerios.

En la documentación del Gabinete Telegráfico del presidente de la República (en el Archivo General Militar) se encuentran repetidos telegramas enviados por el ministro del PNV, Manuel de Irujo, reclamando información por distintos sucesos sangrientos, entre ellos cita: «han sido vistos hacia Aravaca camiones de basura de Madrid conduciendo cadáveres desnudos». Entre los testimonios destaca el de la familia Conthe (matrimonio y dos hijas) que pasaron una noche en una de las celdas de Bellas Artes, logrando ser liberados por las influencias de un amigo.

Contaron como todos los miembros de su celda fueron matados aquella noche. Tras su liberación, Julián Conthe volvió a ser detenido y asesinado el 4 de octubre de 1936. En la Causa General se recogen denuncias de bastante más de un millar de asesinados por la CPIP (checas de Bellas Artes y Fomento).

El subdirector general de seguridad, Carlos de Juan Rodríguez, también dispuso de su propia checa, en la calle Marqués de Cubas, 19, reconocida por la crueldad con que trataba a los presos antes de su ejecución.

A primeros de noviembre de 1936, al trasladarse el Gobierno a Valencia, estos organismos de la DGS se disolvieron o pasaron a ser controlados por el nuevo consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, Santiago Carrillo. Se puede discutir sobre la responsabilidad de Carrillo relativa a los miles de muertos que hubo en Madrid posteriormente al seis de noviembre de 1936 (Paracuellos, Torrejón, etc.), pero no de la represión entre julio y octubre de 1936, aún bajo jurisdicción directa del Gobierno.

Se ha escrito repetidas veces que la represión de los primeros meses en Madrid respondió a un impulso popular que no pudo ser controlado por el Gobierno de la República. Sin embargo, el ministro de la Gobernación (el socialista Ángel Galarza) y el director de la DGS, instalados en la Puerta del Sol, tenían el control directo del conjunto de checas y brigadillas, antes citado, que se manejaron con extrema crueldad. La DGS también aportó información y formalizó como «policías» a miembros del resto de checas de Madrid. Rafael Casas de la Vega, uno de los investigadores que ha navegado en los expedientes judiciales de la Causa General, considera que antes de que Carrillo tomara posesión como consejero, a primeros de noviembre de 1936, ya había, al menos, siete u ocho mil asesinados en Madrid.

Como siempre, la historia tiene muchas caras y enfoques que obligan a reflexionar antes de tomar determinadas decisiones de carácter político, más aún, cuando estas se realizan ochenta años después y alejadas del contexto histórico. El justo reconocimiento a las víctimas de las «dos Españas», debería hacerse siempre desde el conocimiento integral de la historia, alejadamente del revanchismo y desde el ánimo de perdón y concordia que permitió y facilitó la Transición.